VALENCIA. La bronca entre el Consell y los tribunales, lejos de tabicarse, va a más. Si a principios de semana la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, criticaba que el "TSJCV se haya convertido en una segunda cámara de reorientar y reinterpretar decretos" -en alusión a la paralización de los planes de plurilingüismo y la concesión cautelar del concierto de Bachillerato a dos centros-, este jueves la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo solicitaba a la Conselleria de Educación dos cosas: que detalle qué medidas está tomando para cumplir "la suspensión acordada" y que determine a quién van a tener que ir a buscar en caso de que "se apreciara desobediencia". Es decir, si el Consell pasa de la decisión del tribunal.
Según fuentes del departamento de Vicent Marzà, la Abogacía de la Generalitat está preparando un informe que no solo explica, sino "prueba", las medidas que se han tomado para cumplir con la suspensión del TSJCV. Nunca hubo alternativa al proyecto estrella del conseller y sigue sin contemplarse un plan B... a pesar de la presión creciente.
De este informe, además, saldrá el nombre que el tribunal ha pedido que se le dé antes de cinco días para requerirlo y exigirle responsabilidades en caso de incumplimiento. En principio, el responsable de aplicar las políticas de Marzà es Marzà. O alguien de su máxima confianza. Pero en conselleria apelan a la prudencia y no dejan entrever quién apechugará. "El nombre lo determinará el informe que presentaremos y que ahora está en proceso de preparación", aclaran.
Desde Educación muestran absoluta seguridad en que "todas las actuaciones de la Generalitat" están cumpliendo con los tribunales. Aunque el decreto no se pueda desarrollar normativamente, se atienen a las matizaciones a la norma que incluía la carta de colaboración del ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, remitida al Ejecutivo valenciano. Con eso, salvan el trámite. Si el Gobierno no ha recurrido, simplemente ha sugerido cambios, no será tan malo, argumentan.
Analizadas las medidas al detalle, en la Conselleria de Campanar consideran que el "decreto de Currículum de Primaria no contempla referencias al Decreto de Plurilingüismo", que "la distribución del profesorado destinado al PALMO (Plan de Actuación de Mejora) no tiene entre los requisitos el nivel de plurilingüismo del centro" y que en las instrucciones de Infantil y Primaria que se publican en el DOGV "no hay ninguna referencia al Decreto de Plurilingüismo".
