Foto: Rafa MolinaALICANTE. Una oferta rechazada hace una semana y que no quisieron hacer hace un mes. Así podría resumirse el último capítulo de la novela de terror que coprotagonizan el Hércules y la Agencia Tributaria.
El pasado martes, un día después de que adelantásemos que la tramitación del expediente de deuda del club blanquiazul se llevaba a cabo en la Dirección Regional de la Agencia Tributaria en València y que a lo anterior respondía el optimismo de Juan Carlos Ramírez en su primera comparecencia como presidente, Alicante Plaza contaba también en exclusiva cómo el empresario había acudido a una reunión a las dependencias de dicha Delegación Especial.
Pese a que lo había hecho acompañado por Carlos Parodi, el empresario vasco negó a preguntas de este medio que la reunión respondiera al problema del Hércules con el fisco, si bien ahora ofrece una versión bien distinta (una postura comprensible, de acuerdo con sus intereses). Es en dicha reunión en la que le traslada una propuesta de plan de pagos que el propio alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, pedía este miércoles que sea aceptado por la Agencia Tributaria. Pero la realidad es que la oferta fue rechazada también la semana pasada por el fisco (solo 24 horas después de formularla), porque la Agencia Tributaria exige que las garantías que se aportan se puedan hacer líquidas de manera inmediata y no es el caso.
Lo anterior lleva, además, a recordar cómo hace mes y medio tanto el empresario vasco como Enrique Ortiz pudieron formular una oferta en la misma línea, que no con el mismo objeto, como garantía y no aceptaron. Hacienda, en este caso su Delegación de Grandes Contribuyentes, ya le advirtió al club de las características que habían de reunir esas garantías, distintas al aval bancario, que finalmente es lo único que quedó plasmado en la lista de exigencias como alternativa al pago inmediato en el escrito que el fisco le devolvió al club, cuando le notificó la cancelación del convenio del 2013 y el embargo por 4,3 millones de euros de sus bienes y derechos.
La situación hoy es la misma que entonces, con la salvedad del pago posterior de 560.000 euros que ha permitido rebajar muy poca deuda por culpa de los intereses y recargos: de poco más de 4,4 hemos pasado a 4,3 millones de deuda. Bueno, no estamos en el mismo punto, porque ahora son solo diez los días que le restan al club para poder plantear en el juzgado un incidente concursal que le permita después llevar a cabo la modificación del convenio de acreedores, con permiso de estos últimos.
Al juez no solo hay que presentarle un plan de pagos creíble (algo imposible hoy, al no haber a su vez un calendario de pago fraccionado al fisco y sí un embargo de 4,3 millones de euros), también acreditarle que se ha incumplido el convenio que se pretende modificar o que se va a incumplir inmediatamente, aunque esto último, dada la situación con Hacienda, es mucho más fácil de conseguir que un plan de viabilidad consistente.
