El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas cuando compareció en Les Corts en 2017. Foto: EFE/Manuel BruqueVALÈNCIA. El Tribunal Supremo tomará una decisión a partir del 4 de abril que podría dar un vuelco a todo el caso Gürtel. Ese día valorará, por primera vez desde que estallara el caso a manos de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón, la validez de las grabaciones que dieron lugar a la denuncia que desencadenó uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España, lo que supondrá un antes y un después en el devenir de los juicios pendientes.
El Alto Tribunal ha citado a las partes que han recurrido la sentencia condenatoria de la pieza de Fitur a una vista pública para estudiar los recursos presentados por los 11 condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Entre ellos están la exconsellera de Turisme y expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez y los líderes de la trama Gürtel, por amañar los contratos relacionados con el montaje del expositor institucional de la Comunitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.
El magistrado ponente, Andrés Martínez Arrieta, solicita en la citación "un mayor esclarecimiento" de cinco puntos contenidos en los escritos presentados. Entre esos punto hay uno que destaca por encima del resto, pues una gran parte de la investigación de la causa depende directamente de él. Se trata de la posible "vulneración del derecho a la intimidad por las grabaciones realizadas por el señor Peñas".
José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid), está considerado como el denunciante del caso Gürtel. Las grabaciones que realizó a los cabecillas de la trama corrupta son uno de los pilares fundamentales que utilizó la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional para tirar del hilo que ha terminado no solo con Milagrosa Martínez condenada, sino con el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa asumiendo que el PP de Francisco Camps se financió ilegalmente.
De hecho, las grabaciones son un tema recurrente en cada una de las piezas que se juzga de Gürtel. Las defensas dicen que son ilegales, y las acusaciones, que son legales. En su día se trataron de eliminar en la causa de los trajes, en la que fueron juzgados y absueltos el expresidente Camps y Ricardo Costa, pero la sala de Lo Penal del TSJCV las validó. Una vez hubo sentencia, el Supremo no se pronunció sobre ellas puesto que las defensas no recurrieron la absolución, como es lógico. La otra pieza juzgada de Gürtel, la conocida como primera etapa, está a la espera de sentencia de la Audiencia Nacional. Es, por tanto, la decisión del Supremo sobre las grabaciones en la pieza de Fitur la que marcará el futuro no solo de esa pieza, sino posiblemente de todas las demás.
Hasta tal punto son conflictivas dichas grabaciones, que en la sesión de juicio por presunta financiación ilegal del PPCV celebrada este jueves en la Audiencia Nacional volvieron a centrar los interrogatorios de los abogados. Cinco policías nacionales que elaboraron dictámenes periciales declararon que no observaron indicios de alteración en las grabaciones realizadas por el exconcejal del PP de Majadahonda. "No se observaron indicios de alteración posterior", recalcó uno de ellos en la sesión de este jueves.
El magistrado de la sala del Tribunal Supremo que debe resolver los recursos también ha explicado a las defensas que "a la vista de la causa y teniendo el cuenta la extensión de los recursos, procede a limitar la intervención de la vista a aquellos aspectos que los recurrentes consideran de deban ser destacados. A tal efecto se procede a señalar un término máximo de 12 minutos por cada letrado". Por ello, les recomienda ponerse de acuerdo con otros "para repartirse el contenido de las impugnaciones".
El resto de puntos que el magistrado quiere destacar son: la decisión de la causa; la infracción de Ley en los delitos de tráfico de influencias; participación en la prevaricación y, en su caso, el régimen de concurso; la valoración de la prueba documental, y el delito de falsedad documental.
Por esta condena se encuentran en prisión el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa; el considerado número dos, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. El TSJ valenciano impuso a los líderes de la Gürtel entre 12 y 13 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. A la exconsellera Milagrosa Martínez se le fijaron nueve años de cárcel.
También fueron penados con seis años de prisión la exadministradora del Grupo Correa Isabel Jordán -pendiente también de la sentencia de la Audiencia Nacional-; con cuatro años y cuatro meses el exgerente de Orange Market Cándido Herrero, y con tres la exempleada Mónica Magariños.
En la parte de la Generalitat, además de Martínez, fueron condenados su exjefe de gabinete Rafael Betoret, con seis años de cárcel; el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Isaac Vidal (siete años); el exresponsable del servicio de Promoción de la Agencia de Turismo Jorge Guarro (cuatro años), y la excoordinadora de ferias de la AVT Ana Grau (tres años de prisión). El TSJCV absolvió a la exconsellera de Turisme Angélica Such y al exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria Juan Bover.
Esta sentencia fue la primera condena de los líderes de la trama Gürtel, que se encuentran pendientes de conocer la resolución de la Audiencia Nacional en el juicio de los primeros años de actividad de la red encabezada por Correa (1999-2005), cuya vista oral concluyó en noviembre de 2017. Además, ahora mismo están siendo juzgados por otra pieza de la rama valenciana relativa a la presunta financiación ilegal del PPCV.
