Archivos en la Ciudad de la Justicia tras el incendio. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. En 2008, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el Plan para la Modernización de la Justicia. Conseguir el objetivo del 'Papel 0', de hacer desaparecer archivadores amontonados en las mesas y estanterías de los juzgados, era una prioridad después de las numerosas demandas de abogados y procuradores. La falta de interoperabilidad entre tribunales, entre otras cuestiones, era un síntoma de que la Justicia estaba anclada en el pasado.
Más de nueve años después, las imágenes que dejó el incendio en la Ciudad de la Justicia hace unas semanas son una muestra de que el papel sigue campando a sus anchas en las sedes judiciales. La fiscal Susana Gisbert es tajante: "En Valencia no podemos hablar de 'papel 0' en absoluto, no hay más que ver el trasiego de carros llenos de expedientes por los pasillos. Pero tampoco el proceso actual lo permite". De hecho, tal y como apunta la decana del Colegio de Procuradores de la Comunitat, Laura Oliver, la autonomía fue la última en incorporarse a la presentación telemática porque no existía capacidad técnica.
Aunque en 2001 los juzgados de toda España comenzaron a implantar el conocido como Cicerone, los fallos que ocasionó en los juzgados valencianos provocó que en la Comunitat se pisara el freno con él. Que el Cicerone deba ser instalado de manera individual en cada ordenador, y no pueda ser compartido vía red con una única instalación también es un handicap que juega en su contra, ya que esto provoca que no se puedan consultar escritos desde cualquier ordenador de la misma sede judicial a no ser que previamente se haya remitido particularmente. Es decir, no hay red compartida.
"En Cicerone solo podemos visualizar, conocer el estado de los procedimientos, pero no introducir nuestros informes en él", añade Gisbert. Con la intención de mejorar e impulsar la digitalización de la justicia, el ministro del ramo, Rafael Catalá, introdujo el sistema LexNet. Pero su implantación ha estado rodeada de polémica.
Tanto fiscales como letrados se quejan de él. Gisbert señala que los fiscales carecen de acceso a LexNet, mientras Miguel Ferrer, del despacho Ferrer y Asociados, eleva el tono: "El acceso es extremadamente complicado. Para consultar los mensajes simplemente se tarda entre seis y siete minutos. Posteriormente debes aceptar de manera individual todos ellos, teniendo que invertir al menos tres o cuatro minutos en cada uno. Al final si tienes una media de 20 notificaciones diarias, tardas más de una hora solo abriendo y cerrándolas". "Si tu sistema operativo es Apple el acceso es doblemente complejo y lento", añade Patricia Cogollos, también de Ferrer y Asociados.
"El Ministerio Fiscal sigue notificando con el papel físico, con cuños, sellos y membretes", critica Gisbert. "El programa de Fiscalía General del Estado, Fortuny, resulta muy poco ágil y operativo. Aunque su propósito era comunicarse directamente con los juzgados, nunca se ha podido hacer porque no hay vías de acceso entre este programa y el que usan los juzgados en Valencia, el Cicerone", sentencia.
Los sucesivos cambios de normativas, tampoco han ayudado a que este último sistema se mejore y asiente, ya que con cada cambio se ha debido ir modificando este programa informático específico para los juzgados. No es de extrañar que con este escenario, se hayan llegado a implementar cerca de 20 versiones distintas del mismo programa desde que comenzó a instalarse en las sedes judiciales.
Mientras en otras comunidades autónomas hay tribunales que ya operan en digital, la Comunitat se encuentra muy atrasada en esta tarea. Conscientes de estas deficiencias y dispuestos a ponerle solución, el pasado 6 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un concurso para desarrollar el Servicio de Soporte a la Transferencia Tecnológica sobre la Infraestructura del Entorno de la Administración de la Justicia. Una licitación por un importe de 2,4 millones de euros y que supone la antesala para realizar el cambio de gestión tecnológica.
Ahora bien, aunque ésta sea la base para tener un sistema completamente informatizado, no es suficiente. El Plan de Modernización de la Justicia aprobado hace nueve años contempla dos aspectos clave: la existencia de una Oficina Judicial, regulada mediante la ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina. Y, en segundo lugar, que los expedientes judiciales sean electrónicos (e-Justicia), regulados por la ley 18/2011. Esta regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de la Justicia.
Pese a que el CGPJ aprobó el plan de modernización en 2008, la Comunitat lleva un retraso de nueve años para emprenderla. De acuerdo a estas dos normativas que no hacen más que exponer lo complicado de tener un sistema de gestión procesal tecnológico, al Ejecutivo valenciano no le queda otra que ponerse manos a la obra. El camino es lento y engorroso. De hecho, y atendiendo a los pasos dados por otras comunidades autónomas, se puede comprobar que esta tarea puede llegar incluso a ralentizarse más de dos legislaturas.
Para muestra, la senda que tomó la Generalitat de Cataluña, que desarrolló su propio sistema de gestión. El Departament de Justícia lleva trabajando ya ocho años en su desarrollo e implantación y, de momento, los juzgados catalanes ya pueden recibir demandas por internet. De esta manera, reciben las notificaciones de los juzgados a través de la plataforma LexNet -utilizada por el Estado-, pero los procuradores presentan los escritos a través del sistema operativo desplegado por el Departament de Justícia E-Justícia.cat. Ahora bien, al recibir los escritos, estos se convierten al sistema operativo catalán, de manera que permite la interoperabilidad entre los juzgados de dicha autonomía.
Como Cataluña, hay otras comunidades autónomas que también tienen su propio gestor: País Vasco, Navarra y Canarias. Al tener cada uno de ellos un sistema adaptado a las necesidades de su comunidad autónoma -número de juzgados, normativas, etc-, para poder trabajar e intercambiar escritos, el director general de Modernización de l'Administració de Justícia, Xavier Fabregat, pedía hace ya un año que se pusiera en marcha una web service para que el sistema catalán fuese compatible con los de comunidades autónomas que no usan LexNet.
De no optar por esta opción elegida por los vascos, navarros, canarios y catalanes, la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, podría adaptarse al sistema empleado por el Ministerio de Justicia. Que, por otra parte, evitaría a la administración trámites burocráticos como la elaboración de normativas autonómicas que tuvieran que readaptarse cada vez que el Estado realizara alguna modificación. Este sistema, además, como ya está en vigor, podría ahorrar años de trabajo al Consell, ya que en Cataluña, a pesar de los ocho años de desarrollo, todavía queda parte por implementar.
El juez de instrucción y portavoz en Valencia de la Asociación Francisco de Vitoria Miguel Ángel Casañ afirma que están a favor de la modernización, pero "siempre y cuando eso no suponga un trabajo extra para los compañeros". A su vez, Casañ reclama que se dé formación al personal judicial para que dispongan de todas las herramientas disponibles. "No puede ser que se pase a PDF un asunto de 3.000 folios y no haya un buscador", censura. Si la justicia tiene fama de lenta, su modernización se está produciendo a pasos de tortuga.
