Puig logra el respaldo de Castilla-La Mancha a su petición de una quita de la deuda

VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha logrado este sábado el primer apoyo claro a su intención de que se introduzca la quita de la deuda en el debate sobre la financiación autonómica. Una estrategia que ha convencido a su homólogo manchego Emiliano García-Page para acabar "con la insuficiencia financiera" del actual sistema, mustio desde hace ya cuatro años.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha mantenido contactos con otros presidentes autonómicos, como la balear Francina Armengol o la andaluza Susana Díaz, para acelerar el cierre del futuro modelo con la esperanza de que ocurra antes de que se aprueben los presupuestos del Estado. De momento, las opciones se divisan tan a lo lejos como la estabilidad política. Las largas a los vascos por las 37 transferencias comprometidas pendientes, la desconfianza de Ciudadanos al ver que el PP limpia con bayeta los efectos tsunami de la corrupción y la incertidumbre institucional de Cataluña no permiten al Gobierno de Mariano Rajoy hacer planes. 

En su encuentro en València, tanto Puig como García-Page han lamentado que el esfuerzo en la reducción de gasto público se haya repartido de forma desigual entre las diferentes Administraciones: las comunidades autónomas han soportado el 62,2%, las corporaciones locales, el 28,1%, y la Administración central, el 20,5% de los ajustes.

Por esta razón, los dos barones socialistas consideran que el problema debe ser "tratado y solucionado  como  un  problema  de  Estado". "Todas las Comunidades estamos infrafinanciadas, pero algunas más que otras", han argumentado. Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana son dos de las comunidades más tiesas. En el caso de la Comunitat, el castigo lo lleva arrastrando desde 2002 y cada año que sigue vigente el actual modelo asume entre 800 y 1.000 millones de euros de deuda. Al no poder pagar, pide prestado más dinero y este ciclo perverso se repite en bucle.

Así, los dos presidentes autonómicos han denunciado que el menor gasto por habitante a que los obliga esta situación no se debe a una mala gestión, al alegre despilfarro o a cualesquiera otras razones punibles, sino a "una clara e injusta insuficiencia de los ingresos proporcionados por el modelo. Por eso consideran "justa y necesaria una reestructuración y rebaja de la deuda" con la que no se resignan ambas comunidades.

Problema de Estado para Rajoy

El presidente Puig ya ha podido comprobar que hay palabras que se parecen mucho más al silencio. Tras un "intenso, largo y provechoso" despacho en La Moncloa, volvió con la voluntad de Mariano Rajoy de cambiar el modelo. Hasta hoy, nada.

García-Page, de primeras, se ha mostrado "escéptico" ante un Gobierno "agarrotado", con el que las comunidades se han comportado de forma leal en el conflicto de Cataluña pero que no pueden seguir "permanentemente a la espera" para abordar el problema. "Ni Cataluña puede ser la excusa para Rajoy en la solución del problema", ha agregado.

A pesar de la determinación y la contundencia de Puig y García-Page, ambos han resuelto que estos movimientos no pretenden "ir contra nadie, sino a favor del sistema autonómico y de los ciudadanos", y han criticado que el incumplimiento del Gobierno de cambiar el sistema en 2017 conlleva "un desgaste" en la confianza en las instituciones.