Estado actual de la plaza de La Rosaleda. Foto: COPEALICANTE. El ayuntamiento de Alcoy ha aprobado la licitación para la redacción y dirección facultativa de la reforma de la plaza de La Constitución, más conocida como La Rosaleda. Este proyecto servirá para cumplir con la sentencia que condenó al Ayuntamiento por la obra de la Rosaleda que fue realizada por el anterior gobierno del Partido Popular. El precio base de licitación es de 202.737,92 euros.
El plazo para la redacción y presentación previa del proyecto preliminar es de dos meses. Una vez los técnicos municipales emitan el informe de conformidad, tendrán dos meses más para presentar el proyecto definitivo. El anuncio de licitación y el pliego ya está publicado en el perfil del contratante. Una vez el Gobierno tenga el documento definitivo que de solución a este emblemático lugar, podrá licitar la obra conforme al proyecto.
Recordamos que se licita esta redacción de proyecto sobre un anteproyecto aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sala tercera de lo Contencioso-Administrativo. En el mismo documento, el tribunal desautoriza la alegación de la UTE, formada por Enrique Ortiz y Autobuses Playa San Juan, porque según los jueces «trata de dilatar torticeramente la ejecución del fallo judicial (...) pretendiendo prolongar la actual situación de hecho» y también considera que la UTE no está legitimada para cuestionar el proyecto de ejecución.
El documento que supuso el visto y bueno de los tribunales, estuvo consensuado entre el gobierno y la Carrasca. Se trata de un anteproyecto del arquitecto Ciro Vidal que restaurará la zona verde, se ajusta a la rasante y no pierde ninguna plaza de aparcamiento. La valoración del mismo se sitúa alrededor del millón y medio de euros.
Para la valoración de los criterios técnicos se ha conformado un grupo de expertos con un arquitecto nombrado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y técnicos municipales de diferentes áreas del ayuntamiento, como Medio Ambiente, Obras y Servicios, entre otras. Áreas que se verán implicadas tanto en el desarrollo de la obra como en el mantenimiento posterior.
“Esperamos que finalmente el proyecto que salga de esta licitación resuelva los problemas de ilegalidad que padece la plaza de la Constitución desde que el PP decidiese desgraciadamente saltarse la disciplina urbanística y ejecutar una zona verde ilegal”, ha afirmado la concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano.
Este proyecto permitirá restituir la zona verde de la Rosaleda, y cumplir la sentencia que consideraba ilegal el proyecto de esta plaza. Recordamos que la propuesta de adjudicación de la obra fue firmada por Rafa Miró, el actual presidente local, hasta hace poco portavoz en el ayuntamiento del Partido Popular, y entonces concejal de obras y contratación.
Recordamos que durante el verano de 2001 el ayuntamiento de Alcoy inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Constitución, licitando la obra y lo adjudicó a la unión temporal de empresas Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, con un proyecto que no respetaba la zona verde. La Carrasca-Ecologistas en Acción y un grupo de vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras, pero el Tribunal la denegó porqué el Ayuntamiento alegó que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria, puesto que el concesionario tenía que reponerla exactamente en la misma situación en que se encontraba antes de las obras, algo que resultó incierto. Por este motivo presentaron un recurso contencioso administrativo que fue aprobado en una sentencia del TSJ emitida en octubre de 2005, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Constitucional.
