El edil de Hacienda y Deportes, Toni Gallego, junto a la edil de Infraestructuras, Cristina García, y el alcalde, Luis Barcala, en una visita al Pitiu Rochel tras su remodelación.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante engrosa su hucha a cierre del ejercicio económico de 2023, aunque por ahora seguirá sin poder destinar esos ahorros a otro fin que no sea la reducción de deuda tras la reactivación de la denominada regla del gasto por parte del Gobierno central en cumplimiento de los requisitos de estabilidad acordados por la Unión Europea (UE). En concreto, el informe de liquidación del presupuesto del año precedente, del que se dará cuenta en el pleno ordinario de abril, este jueves, arroja un remanente de tesorería de más de 133 millones, once más respecto al balance deparado a cierre de 2022.
Por lo pronto, se prevé que esa suma continúe inmovilizada, todavía sin uso definido, toda vez que el ayuntamiento dispone de un bajo nivel de endeudamiento, después de que, en 2019, se optase por cancelar todos los préstamos bancarios que se mantenían hasta la fecha y se apostase por cancelar el plan de ajuste al que se tuvo que recurrir en 2012 por indicación del Ministerio de Hacienda. Desde entonces, solo se han concertado otros dos créditos por 19,8 y 9,7 millones con el objetivo de poder financiar el desarrollo de obras municipales sin quedar sujetos al cumplimiento de plazos anuales, como sucede con las consignaciones económicas contempladas en el capítulo de inversiones reales del presupuesto ordinario.
En principio, según fuentes municipales consultadas, no habría intención de cancelar esos préstamos, toda vez que el equipo de gobierno considera que, en ese caso, perdería el único instrumento de financiación adicional del que dispone para poder ejecutar obras que requieran de plazos prolongados para su materialización. Es más, se prevé formalizar la contratación de un nuevo préstamo por un importe todavía mayor, de 48 millones, para poder financiar el plan plurianual de inversiones contemplado en el presupuesto de 2024.
Los ahorros municipales crecen, además, a pesar de que también aumenta el nivel de ejecución presupuestaria general. En concreto, el informe de liquidación presupuestaria refleja que el ayuntamiento gastó en 2023 más de 326,75 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 72,12%. El dato mejora el alcanzado en los dos años previos y, según fuentes consultadas, podría acercarse al mejor balance de la serie histórica. En concreto, en 2022 el gasto se elevó hasta los 273,33 millones, mientras que en 2021 fue de 260,91.
Y también crece el gasto en cuanto al volumen global de inversiones municipales ejecutadas hasta elevarse a los 42,7 millones, lo que supone un porcentaje próximo al 43,2% respecto a los 98,7 millones consignados para ese fin. No obstante, ese índice es inferior en términos porcentuales (que no en cuantía) al registrado en 2022, cuando -según el informe de liquidación de ese ejercicio, dado a conocer el pasado mes de julio- se ejecutó el 67,5% de las inversiones presupuestadas: 25 millones sobre un total de 37. Eso sí, ese balance también queda condicionado por la coincidencia de dos factores clave: el retraso en la entrada en vigor de las cuentas de 2022 (que no se validaron hasta abril de ese año) y la concurrencia de elecciones municipales de mayo, lo que restringiría el plazo real de gestión para dar cumplimiento a la planificación económica prevista.
Por lo demás, el informe evacuado por el departamento de Intervención respecto a la liquidación del presupuesto no añade apreciaciones significativas más allá de la enumeración de las ocasiones en las que el equipo de gobierno habría dispuesto el gasto de partidas por un importe global de más de 2,2 millones a pesar de los informes de reparo apuntados al respecto. Se trata, en concreto, de gastos como la primera consignación de 205.000 euros para la implantación del sistema de mejora retributiva de la carrera profesional; otros 1,9 millones derivados de la prestación del servicio de mantenimiento de tráfico una vez cumplida la vigencia de su contrato; de otros 161.000 euros acordados por la revisión de precios de ese servicio; y de distintos pagos derivados de la prestación de servicio de defensa jurídica en los juzgados, sobre los que Intervención apreció la concurrencia de un supuesto fraccionamiento de contratos, en los que finalmente fueron los propios órganos judiciales (el TSJ o el TS) quienes acabaron autorizando el gasto frente al informe de reparo de Intervención.
En todo caso, el primer análisis elaborado por los grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición recogería apreciaciones distintas. En concreto, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, cargó contra la gestión del equipo de gobierno tras poner el foco en las inversiones no ejecutadas. En esta línea, recriminó que el PP solo hubiese sido capaz de ejecutar 4 de cada 10 euros en inversiones previstas en el presupuesto de 2023.
"El alcalde tenía 98,7 millones de euros para inversiones en la ciudad y, sin embargo, dejó sin ejecutar 56 millones de euros el pasado año. Esa falta de gestión es inaceptable en una ciudad que arrastra numerosas carencias y donde los barrios permanecen abandonados", recalcó. En esta línea, insistió en que ejecutar "tan solo el 43% de las obras previstas" supone "un bajo nivel de inversión que perjudica a las alicantinas y alicantinos".
Además, consideró que el importe total en inversiones ejecutadas habría descendido "con respecto al año anterior en más de cinco millones de euros, al pasar de 48 millones de euros en 2022 a los 42,7 millones de euros de 2023" tras aludir a la actualización de ese balance definitivo, dado a conocer a finales de 2023. A juicio de Barceló, "esta situación se traduce en que Barcala no es capaz de satisfacer las necesidades básicas ni corregir desigualdades entre barrios, que vienen reclamando desde hace años inversiones para la mejora de los servicios públicos".
Y en parecidos términos se pronunció el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, quien cargó contra la acumulación de remanentes, hasta situarse en los 133 millones, sin que, a su juicio, se esté dando cobertura a las necesidades de los ciudadanos y sin que se esté atendiendo al desarrollo de las infraestructuras pendientes en los barrios. "Este equipo de gobierno no ejecuta nada", apuntó, tras insistir en que "no se ha construido ni un centro social a pesar de las demandas que vienen planteando los vecinos desde hace años", apostilló.
