requisitos para prorrogar la cesión de uso del solar municipal

Alicante emplaza al Servef a plantear un proyecto de uso sobre el centro de oficios de Coepa

2/08/2018 - 

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el Partido Popular (PP), está dispuesto a escuchar cualquier petición que pueda trasladarle el Servef para dar continuidad al centro de oficios de la extinta Coepa. Eso incluye la posibilidad de conceder una prórroga sobre la ocupación del solar en el que se asienta, o acordar la firma de un nuevo acuerdo de cesión de dicha parcela, de propiedad municipal. No obstante, para ello, se debe tramitar una solicitud oficial en la que se deje constancia del uso que se pretende dar al inmueble construido sobre la finca municipal  -hasta ahora cedida con la condición de que se dedique a impartir formación- y que se concrete qué recursos se pretende destinar a ese fin.

Fuentes del equipo de Gobierno consultadas por Alicante Plaza precisaron que la Concejalía de Patrimonio sólo podría autorizar una ampliación de plazo de cesión de ese suelo bajo esas condiciones, ya que, de lo contrario, se estaría propiciando una utilización indebida de los activos de titularidad municipal, cuando no una renuncia o desaprovechamiento de los recursos propios. Las mismas fuentes precisaron que, en cualquier caso, el acuerdo de cesión sigue en vigor (aunque lo cierto es que el convenio se está incumpliendo desde 2012, el año en el que se dejó de facilitar formación) y que tendrá al menos tres años de continuidad, ya que no vence hasta el año 2021. 


Por lo pronto, tampoco se prevé que el Ayuntamiento vaya a solicitar ahora la reversión de esa cesión para recuperar el pleno uso del solar, ya que eso conllevaría tener que asumir el pago de la hipoteca que pesa sobre la construcción del edificio construido por Coepa. Como viene contando este diario, precisamente, el inmueble fue adjudicado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en el convenio de acreedores que permitió a la ahora desaparecida patronal superar el concurso en una primera fase, en diciembre de 2016. 

El banco del Consell era acreedor privilegiado de la patronal, y la garantía hipotecaria que pesaba sobre el inmueble lo convertía en su propietario, bien mediante una dación en pago que nunca se concretó (el convenio proponía inicialmente buscar un comprador, una idea muy difícil de llevar a la práctica, debido a la concesión municipal que limitaba su uso a la formación), bien mediante la ejecución de dicha garantía. 

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