Asaja-Alicante durante las protestas en Madrid por el recorte al trasvase.ALICANTE. Asaja-Alicante ha mostrado su "tajante disconformidad" ante la decisión del Consejo de Estado en la que, por unanimidad, se ha dado el visto bueno al Plan Hidrológico del Tajo que consuma el recorte del trasvase Tajo-Segura. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que, además, ha lamentado que no se haya contemplado la disposición que abría la puerta a negociar a la baja en 2026 la cantidad de agua del caudal ecológico del río, que será de 8,65 m³/ segundo, recortándose así el agua del trasvase en más de 100 hm³ al año.
"Lamentamos que un órgano que está concebido para dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución, la del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública y de los Servicios Públicos, como expresión de los derechos de la ciudadanía, avale una decisión que va totalmente en contra del interés general de este país y sus ciudadanos, como es el reparto equitativo del agua entre comunidades, y apoye un decreto cuyo coste va a ser el recorte en las transferencias del Tajo al Segura en 105 hectómetros cúbicos anuales; la pérdida de 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia; de 27.000 hectáreas de regadío; y un coste económico que alcanzará los 5.692 millones de euros", ha denunciado el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu.
"Nos hemos manifestado en la calle, hemos protestado en Alicante, Murcia, Almería y Madrid, hemos pedido la dimisión de la ministra Teresa Ribera, hemos informado a la sociedad sobre el alcance de este recorte y las graves consecuencias socioeconómicas que conllevará. Ahora, a las puertas de unas elecciones, consideramos que el ciudadano, la sociedad en general y los sectores productivos cuentan con toda la información para manifestar su repulsa ante una ministra que ha apostado por la unilateralidad y la mentira", ha añadido. Asimismo, ASAJA Alicante ha informado de que acudirá al acto de protesta convocado por los regantes el próximo martes, 24 de enero, frente al Palacio de Moncloa, para seguir defendiendo la continuidad del trasvase.
Por su parte, presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha unido a esta crítica y ha afirmado que "el Gobierno de España, del PSOE, ha condenado a Alicante a secarse tras consumar sus planes de dejar sin agua a la provincia con el mayor hachazo de la historia al Tajo-Segura". Así, Mazón ha criticado el dictamen unánime sobre los planes de la cuenca y el recorte del trasvase del Tajo-Segura. "Estamos avanzando ante un daño irreparable a la provincia de Alicante que va a afectar a la huerta de Europa, a la sostenibilidad, a la agricultura, a la economía de las miles de familias que viven del trasvase y a los precios de consumo", ha señalado en un comunicado.
"La muerte anunciada del trasvase se consuma con los planes del PSOE. Estamos viendo que un Gobierno se carga una infraestructura solidaria ante el silencio cómplice de Ximo Puig, que no ha hecho nada por impedirlo. Es un presidente que se abstiene y sus hechos le delatan. A Puig ya no se lo cree nadie. Ya no vale disimular", ha añadido. "Ya van 22 recortes injustificados y ante este, que es el mayor de todos, vemos claro que la acción del PSOE ha dado el mayor hachazo al trasvase. Vamos a intentar alegar para reparar este camino dañino, que esperamos, no sea irreversible", afirma.
"¿Nos quiere defender un presidente que no estuvo con los regantes en la protesta de Madrid, que no está con los regantes dando gritos de auxilio a su lado, que se calla ante sus jefes?", se preguntaba el presidente de la Diputación de Alicante. "Necesitamos un cambio ya y defender los intereses de esta tierra", ha remarcado Mazón. El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero. Este dictamen recorta el trasvase Tajo-Segura, recuerda Mazón, “sin criterios técnicos, por lo que nos recortan derechos hídricos sin justificación”.
