La edil no adscrita, Nerea Belmonte. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La concejal no adscrita, Nerea Belmonte (ex de Guanyar), alarga la agonía del tripartito de Alicante y continúa sin despejar cuál podría ser el sentido de su voto en el caso de que la Concejalía de Urbanismo volviese a llevar a pleno el llamado catálogo de protecciones: un documento que servirá de inspiración y punto de partida para redactar el nuevo Plan General Estructural.
Como la propia Belmonte le trasladó personalmente este miércoles al edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), poco o nada ha cambiado en su posición respecto a la expresada en el pleno de mayo. Los dos informes sobre las posibles consecuencias de la aprobación de ese catálogo, elaborados por los técnicos de Urbanismo y por la asesoría jurídica municipal, no habrían disipado todas sus dudas al respecto, por lo que la no adscrita todavía estaría esperando asesoramiento externo sobre la inexistencia de riesgos para el Ayuntamiento ante posibles reclamaciones patrimoniales de empresas y propietarios que pudiesen considerarse perjudicados por la catalogación de sus bienes.
El propio Pavón le reiteró, durante su encuentro (aplazado en dos ocasiones anteriores), que en realidad el Ayuntamiento sólo tenía que preocuparse de regular las compensaciones a los propietarios de inmuebles protegidos a los que no se permitiría acometer ampliaciones. Como publicó Alicante Plaza, para fijar esos derechos de edificabilidad, existe un plazo de tres años. Sin embargo, Belmonte insistió en que esperaría a conocer una última opinión jurídica para definirse, después de haber elevado ya una primera consulta al Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (Icali).
Eso sí, en el encuentro se planteó una segunda parte. La exconcejal de Vivienda (expulsada del equipo de Gobierno por haber concedido contratos menores de manera directa a afines) también le comunicó a Pavón que en ningún caso iba a apoyar un catálogo en el que se procurase protección a monumentos con referencias franquistas (el simbolismo que colectivos como la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica siguen atribuyendo a la Cruz de los Caídos de Calvo Sotelo y al Monumento a los Caídos de la Vega Baja de Aguamarga). Según la versión de Belmonte, Pavón le respondió que su intención era promover su descatalogación en respuesta a las peticiones que se habían registrado con ese objetivo. Sin embargo, según la no adscrita, no le pudo garantizar los monumentos pudiesen quedar fuera del catálogo, ya que posiblemente PSOE y Compromís podrían no verlo necesario.
La reunión se zanjó, así, sin que se pudiese dar por despejada la aprobación del catálogo. De hecho, en la Concejalía de Urbanismo ya se estaría meditando la renuncia a volver a debatirlo en pleno. Al menos, en la sesión ordinaria de este mes, el próximo jueves. Según las fuentes consultadas, no tendría sentido plantearlo por segunda vez si no se tiene la seguridad de que vaya a prosperar. De hecho, el punto no figura en el orden del día de la comisión de Urbanismo convocada para el próximo lunes, aunque llegado el caso, podría incluirse como asunto de urgencia en la comisión o en el pleno.
La posibilidad de la renuncia cobra enteros en la medida en que ya se contempla incluso que, salvo que la Dirección General de Patrimonio diga lo contrario, podrían tener que concederse las licencias que se soliciten sobre inmuebles catalogados. Eso sí, se cuenta con la baza de que no habrá un aluvión de peticiones: la mayoría de edificios se reparte entre varios propietarios y es difícil que puedan llegar a ponerse de acuerdo para plantear una propuesta constructiva. Además, se contaría con un plazo de tres meses (uno más de los que se había barajado hasta ahora, al tratarse de edificios en trámite de catalogación) antes de tener que conceder esos permisos, de modo que siempre se podría plantear el debate del catálogo en septiembre.
Los terrenos de la partida de Rabasa.No obstante, ni con esas se prevé un pleno apacible por lo que respecta a otra propuesta de contenido urbanístico: la modificación puntual del Plan General vigente que veta la instalación de nuevos macrocentros comerciales, como el que preveía la ATE de Alicante Avanza junto a la tienda de Ikea en Rabasa. PSOE, Guanyar y Compromís (que gobiernan en situación de minoría) necesitan el voto favorable de al menos un concejal de la oposición (mayoría absoluta). Hasta ahora, ni PP ni Ciudadanos se han decantado claramente a favor o en contra. Tampoco lo ha hecho el segundo edil no adscrito, Fernando Sepulcre. Pero Belmonte sí anticipó sus reticencias, este miércoles, al señalar que varios representantes vecinales de la Zona Norte le habían manifestado su preocupación porque esa modificación puntual lastraba la llegada de la inversión privada a sus barrios.
Pavón, por su parte, sostuvo que la responsabilidad de su concejalía y del equipo de Gobierno era gestionar y tramitar las propuestas necesarias para ello (entre ellas, la modificación puntual que regula las condiciones para el gran comercio, solicitada por el Consejo Local del sector) y que, después, cada partido y cada representante municipal es el que debe asumir su propio papel y las consecuencias de sus decisiones ante la ciudadanía.
El tercer gran acuerdo con vinculaciones urbanísticas que se pondrá en escena este jueves es el convenio sobre la cobertura del crédito suscrito por la sociedad Avant para financiar las obras del soterramiento del ferrocarril con motivo de la llegada del AVE. El consejo de administración de la sociedad ratificará ese acuerdo por el que el Ministerio de Fomento, a través de Adif, se compromete a asumir la suma pendiente (en torno a 60 millones) en concepto de pago por la infraestructura ejecutada a cambio de asumir la titularidad de los terrenos liberados de las vías. Ese acuerdo permitirá, además, desbloquear el desarrollo del futuro parque central, en dos fases.
La estación de Adif. Foto: RAFA MOLINA
