Benidorm sacará a concurso por 4,3 millones la gestión de la depuradora tras la sentencia del TSJ

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm sacará a concurso la gestión de la depuradora de la localidad por 4,3 millones de euros para un periodo de cuatro años, prorrogables por otros dos más. Lo hará tras acatar la sentencia de 2014 dictada por el TSJ, por la cual, se anuló la prórroga de 14 años aprobaba en el pleno de Benidorm en 2010, bajo el mandato del socialista Agustín Navarro. Según explicó el concejal de Aguas, José Ramón González de Zárate, todo este tiempo de demora ha hecho que se pueda amortizar los 2,5 millones de euros que se tendrían que haber devuelto a la empresa, Aqualogy.

Ya en marzo la junta de portavoces aprobó la liquidación del contrato, y no ha sido hasta ahora cuando ha concluido la redacción de los nuevos pliegos, que se informarán este viernes en la junta de portavoces convocada para tal efecto, una vez que también tiene el visto bueno de Generalitat. En ella además se abordará las nuevas líneas maestras para acudir por segunda vez a la convocatoria de la subvención para los proyectos EDUSI.

El susto de la millonaria contrata que se anuló, finalmente se quedó en eso, en un susto. Según explicó el edil de Aguas, la liquidación del contrato ha sido favorable para el Ayuntamiento, ya que según el informe elaborado por los técnicos municipales, la empresa devuelve a las arcas municipales 6.164,24 euros. 

El contrato actual es histórico: data de 1984. En 2010 consiguió una prórroga que en teoría tendría que haber durado hasta 2024, y por la que el ayuntamiento percibió 2 millones de euros y el compromiso de 1,5 millones en inversiones. De éstas, el consistorio ejecutó obras por valor de cerca de 700.000 euros. Mientras que de los otros dos millones, 900.000 euros fueron a saldar la deuda con Iberdrola por la luz de las instalaciones y obtener liquidez para pagar a proveedores. Un destino de los fondos que criticó el edil Gonzáles de Zárate. 

Fuentes socialistas recordaron que se hizo así porque los populares "incrementaron la deuda con Iberdrola ya que no pagaron desde el ayuntamiento" parte de la luz que le correspondía desde 2007. 

En lugar de liquidar el contrato en cuanto salió la sentencia, el ayuntamiento ha demorado este paso hasta tener amortizada toda esta deuda millonaria. Esto ocurrió en enero, y es ahora cuando saldrá a licitación.

Cabe señalar que el TSJ anuló la prórroga después de que Aguas de Valencia recurriera el acuerdo de la prórroga. En 2012 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante avaló la ampliación del contrato y dio la razón al Ayuntamiento. Dos años después, València falló que era contraria a Derecho.