Los ediles del grupo municipal de Cs en Alicante.ALICANTE. PSOE, Guanyar y Compromís encuentran un aliado inesperado para acometer su primer ajuste en el presupuesto del Ayuntamiento de Alicante: una modificación de crédito de 1,5 millones. El grupo municipal de Ciudadanos (Cs), que rechazó esa propuesta de planificación económica tanto en marzo (aprobación inicial) como en mayo (aprobación definitiva), concedió este lunes en comisión de Hacienda un voto de confianza a la propuesta del tripartito para redistribuir fondos a dos partidas concretas. Se trata de la mejora de la financiación para la entrega de ayudas de emergencia comprometidas a la Concejalía de Acción Social y el reparto de la suma asignada inicialmente a la Concejalía de Coordinación de Proyectos para el impulso de plan de reurbanización de Las Cigarreras (cofinanciado por la UE como estrategia DUSI) para que pase a depender de cada una de las áreas implicadas en el desarrollo de sus proyectos.
Cs se convirtió, así, en el único grupo de la oposición en respaldar explícitamente el planteamiento del tripartito, ya que tanto el PP como el edil no adscrito (exconcejal de Cs), Fernando Sepulcre, se decantaron por la abstención (la segunda edil no adscrita, Nerea Belmonte, se ausentó de la comisión). Con la teórica reproducción de esas posiciones políticas en el pleno de este jueves, el equipo de Gobierno (con sólo 14 concejales en una corporación de 25) podría contar con una holgada mayoría y, por tanto, tendría el camino libre para aplicar esos cambios sin necesidad de depender de los votos de los no adscritos. Es decir, justo lo que sucedió en el pleno de aprobación de las cuentas.
Las fuentes municipales consultadas precisaron que el respaldo de Cs y la abstención del PP podría explicarse en el carácter puramente técnico del cambio propuesto. Al fin y al cabo, según las mismas fuentes, se trataba de mover fondos de una partida a otra sin que ese movimiento vaya a procurar estridencias. Sólo hubo un punto que pudo generar cierta sorpresa entre los grupos de la oposición: que el refuerzo de fondos para Acción Social (475.000 euros) proceda de la asignación que el tripartito había comprometido para ejecutar el proyecto de parque-plaza frente al Palacio de Justicia de Benalúa. La explicación que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), ofreció para justificar ese movimiento, fue que esa obra pasará a financiarse finalmente como inversión sostenible, con el remanente de crédito del presupuesto de 2016.
La propia portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, explicó que el respaldo de su grupo a la propuesta del tripartito era cuestión de lógica: primero, se trataba de no bloquear el desarrollo de la DUSI "que consideramos esencial para la ciudad"; y segundo, "que nosotros mismos pedimos en nuestras alegaciones que se ampliasen los fondos para Acción social, así que no podíamos votar en contra por coherencia", señaló.
El respaldo de Cs a esa propuesta augura un pleno relativamente apacible para el equipo de Gobierno, al menos por lo que respecta a sus propuestas de acuerdo. De hecho, este lunes también se avaló en comisión de Urbanismo el desarrollo del segundo sector de Playa de San Juan, tras la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que mantenía bloqueada su plena vigencia. Ese acuerdo prosperó por unanimidad.
No obstante, la propuesta que podría encontrar mayores dificultades para salir adelante es la registrada de nuevo por el grupo municipal de Guanyar para recuperar el control sobre la reforma del reglamento de participación ciudadana. La agrupación electoral liderada por EU ya presentó esa propuesta sin éxito en el pleno de mayo: ningún grupo de la oposición votó a favor de disolver la comisión específica creada para reelaborar esa norma, a instancias del PP.
Entre las iniciativas de la oposición, dos de las que podrían generar mayor controversia tienen la firma de Cs. La primera era una declaración institucional con la que se planteaba una instrucción para que haya criterios homogéneos en los distintos órganos de contratación en cuanto a la tramitación de los procedimientos. En esa misma propuesta se planteaba que en todos los contratos menores, a partir de 3.000 euros, se contrasten al menos tres ofertas para favorecer la concurrencia delas empresas en igualdad de condiciones, con el propósito de evitar nuevos episodios como el que ha dado lugar al llamado caso comercio y sus 25 encargos directos por un importe de 189.000 euros. En la junta de portavoces, los representantes del tripartito y el secretario municipal coincidieron en que esa iniciativa debía presentarse técnicamente como ruego, lo que generó la crítica de Cs.
La segunda propuesta era una moción en la que se plantea una reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para que se cree una comisión de vigilancia en la contratación. Los representantes del tripartito mostraron su disconformidad respecto a su redacción y solicitaron cambios, pero la moción quedó registrada en sus términos. Cs consideró que el equipo de Gobierno no tenía interés en que se fiscalizase sus decisiones y esgrimió que no podían excusarse en argumentos técnicos cuando se trata de propuestas registradas en otros ayuntamientos. En concreto, como desveló Cs, en el de Gijón. Curiosamente, a instancias del PSOE.
