BENIDORM. Ciudadanos ha recurrido al amparo del Sindic de Greuges para denunciar "la falta de transparencia del gobierno local de Benidorm y la inacción municipal en determinados expedientes", según afirmaron en un comunicado. El portavoz del grupo municipal, Rafa Gasent, junto al concejal Juan Balastegui, y el diputado de Cs en Les Corts, Toni Woodward, se han reunido con José Cholbi, defensor del pueblo y varios asesores jurídicos de esta institución.
Así, expuso en el encuentro varios temas en los que considera que "se están vulnerando sus derechos y los de los ciudadanos" tal y como informaron. Un asunto que vuelve a dar un tirón de orejas al Ayuntamiento gobernado por el PP y CBM, después de que el Consell de Transparencia pidiera una sanción para el funcionario pertinente después de que se le dificultara el acceso a información a un vecino de Benidorm, vinculado a Podemos.
En este caso, la primera queja expuesta por Cs se fundamenta en la vulneración del derecho de los concejales a poder contar con la información que precisan para el desempeño de su trabajo. El portavoz de Cs, Rafa Gasent, ha explicado que “el Sindic nos ha confirmado que a partir de un mes sin recibir información reclamada por registro, ellos pueden tramitar la queja y requerir al Ayuntamiento para facilitar la documentación solicitada”.
Gasent indicó que “el incumplimiento de la Ley de Transparencia se ha producido, entre otros asuntos, al reclamar hasta en dos ocasiones por Registro de Entrada datos sobre la deuda que arrastran los hoteleros con el Ayuntamiento de Benidorm por el denominado Premio Hotelero, y que hasta la fecha siguen sin facilitarnos”.
Igualmente, pusieron en conocimiento del Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana la "no resolución de expedientes que están grabando a la Administración local", informaron. Para ello, Gasent aseguró que “tal y como nos han confirmado, el Síndic también puede actuar cuando se superan con creces plazos de resolución de expedientes por considerarse actuaciones irregulares”, ha indicado Gasent. En este sentido, ha puesto sobre la mesa “el caso del expediente del mercadillo Pueblo, en donde el Ayuntamiento lleva más de 30 años cortando una calle dos días a la semana para el lucro de un particular sin obligarle a abonar la tasa por ocupación de vía pública”.
Gasent ha recordado que fue en noviembre de 2016 cuando Ciudadanos denunció este asunto, dando como resultado una orden municipal para que el empresario pagara cerca de 36.000 euros al año por ocupar la calle. "Una cantidad que jamás ha llegado a abonar", según expresa el comunicado.
El grupo municipal dice que por este motivo, en el último pleno dice Cs que tuvo que llevar una moción para que se aclaren las condiciones en las que está trabajando este “mercadillo” privado en cuestiones que atañen a la seguridad de los usuarios, ocupación de vía pública y vigilancia privada de ésta. En la moción se exigía un informe del área económica sobre los motivos por los que no se ha repercutido el coste de la ocupación de vía pública, el coste de los efectivos policiales que implica esta acción, e informe jurídico sobre si puede estar produciéndose un delito de malversación de caudales.
