Devesa&Calvo llevará la defensa del Ayuntamiento de Santa Pola en el caso de la Policía Local

SANTA POLA. La equipo de gobierno de Santa Pola, integrado por concejales de PSPV, Compromís, Sí Se Puede, Esquerra y dos concejales no adscritos (ex de Ciudadanos) ha acordado este jueves contratar los servicios jurídicos del despacho Devesa&Calvo y Asociados la defensa municipal del consistorio en la personal del caso de los uniformes y las horas extra del jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza, y los otros tres agentes detenidos la semana pasada. El letrado Sebastián Crespo Baeza será el encargado de defender al consistorio santapolero en este caso.

Como había anunciado la alcaldesa, Yolanda Seva, la intención del consistorio era personarse como perjudicado en la operación policial desplegada por los agentes de la Udef contra la cúpula de la Policía Local y otros cuatro empresarios, que fueron detenidos la semana pasada por supuestas anomalías en la adjudicación de los uniformes de la Policía Local a la empresa Almacenes Riera SL. Y para ello, el consistorio convocó un concurso express para ver qué despacho de abogados asumía la representación municipal en el caso.

Además de las supuestas irregularidades de los uniformes, que fueron paralizadas en dos ocasiones, los agentes detenidos, además de Zaragoza, Roque Alemañ y Pascual Linares, ambos dos miembros de la directiva del Club Atletismo de Santa Pola, está acusados de hinchar el cargo de las horas extraordinarias al ayuntamiento; es decir, pasaban al cobro una número de determinados de horas sin haber fichado ni justificado esa horas con detalle.

Todos los agentes, el ex concejal de Seguridad en la etapa del PP, Antonio Pérez Huertas, y los empresarios están acusados de supuesta prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude. 

Además de este caso, el consistorio también quiere personarse en caso del derrumbe del colegio de la Hispanidad, que provocó la detención de la ex concejala de Urbanismo, Lola Gadea, y dos técnicas municipales, y en el caso de la Clínica de Gran Alacant, pues la empresa no paga el canon al que se comprometió con la concesión de las instalaciones públicas.