Javier Plaza, Vicente Pascual y Luis Higuera, durante la primera mesa de la jornada en el ICAEELCHE. "El pacto para reformar la Constitución como consecuencia de la crisis en Cataluña abre una ventana de oportunidad para que la Comunitat Valenciana recupere las competencias legislativas en materia de derecho civil". Así lo entiende el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE), Vicente Pascual, quien este lunes presidió en la sede de la institución una jornada sobre la reintegración del derecho civil valenciano que reunió a juristas, abogados y periodistas.
Pascual consideró que "estamos en un momento importante de la historia: a Navarra en el 73 le tocó el Gordo (en alusión al Fuero Nuevo navarro aprobado con Franco aún vivo) y los valencianos lo perdimos todo hace 300 años y no hemos podido recuperar nada", lamentó. "Las competencias de una comunidad autónoma no deberían basarse en si apoyamos a los Austrias o a los Borbones en el siglo XVIII". Algo que, a su juicio, es lo que hace el Constitucional al denegar a la Generalitat la capacidad legislativa en materia civil porque cuando entró en vigor la Constitución los fueros no estaban compilados (al ser derogados por Felipe V y nunca recuperados antes del 78).
El decano de los abogados de Elche señaló que injusticias como la que se ha cometido en este caso están en la raíz de conflictos como el catalán. "Su última reivindicación antes de la independencia fue conseguir el pacto fiscal vasco, y al negárselo, se tiraron al monte", recordó. "La organización territorial del Estado siempre ha sido el punto débil de la Constitución, y ahora ha hecho crisis, pero eso abre una ventana de oportunidad para la Comunitat", argumentó Pascual. Por eso consideró que "los valencianos tenemos que estar unidos".
Antes que Pascual tomó la palabra el abogado valenciano Luis Higuera, que fue miembro de la Comisión de Codificación Civil Valenciana y ponente en el caso de la Ley de Régimen Económico Matrimonial (la primera de las tres anuladas por el Constitucional). El experto resaltó que la Generalitat no comenzó a legislar en materia civil solo porque otras comunidades también lo habían hecho (Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Baleares), sino "para tener un mejor derecho". Así, "entroncando, o no, con el derecho foral, se solucionaban cuestiones que no están contempladas en el Código Civil; por ejemplo, hay una voluntad manifiesta del Estado de no legislar en materia de uniones de hecho, y la Generalitat lo hizo".
Higuera criticó también que el régimen de gananciales que ha vuelto a ser la norma al anularse la Ley de Régimen Matrimonial (que establecía como preferente el de separación de bienes) es "poco operativo cuando llega el conflicto, en un momento en el que más de la mitad de los matrimonios que se forman acaban disolviéndose". Por este motivo consideró que, tal como hacía la norma valenciana anulada por el Constitucional, "hay que separar las ideas de matrimonio y patrimonio; lo que se formaliza es una relación personal, no un negocio". En este sentido, recordó también que la germania permitía algo que el Código Civil no: "establecer el régimen de un bien concreto en el momento de la adquisición".
Al igual que el decano de Elche, el abogado valenciano también lamentó que el Constitucional se base en una cuestión histórica (la derrota del bando austracista y las represalias posteriores de Felipe V) para denegar la capacidad legislativa. "Es frustrante que el Constitucional se base en la foralidad, es absurdo que se use la historia como elemento que determina la capacidad legislativa de una autonomía". Al igual que el resto de participantes en la jornada, Higuera abogó por una reforma legislativa que establezca un marco civil de mínimos igual para todas las comunidades, y que permita a cada una desarrollar o complementar ese articulado.
Por su parte, el catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València (UV) Javier Plaza apostó por profundizar en el desarrollo de competencias propias recogidas en el Estatuto de Autonomía que no están anuladas y "hemos ido dejando", como los contratos agrarios (una de las pocas materias que la sentencia del Constitucional no veta expresamente, al estar vigente un cierto derecho consuetudinario en el campo cuando entró en vigor la Constitución). "La norma vigente no se está cumpliendo, porque establece que si el contrato es verbal el pago debe ser al contado, y solo puede aplazarse con un contrato escrito, pero la realidad es que sigue pasando que no se firma el contrato y se paga en aplazado".
También abordó la posibilidad de legislar en materia de consumo, aunque en este caso el campo está muy acotado por la legislación europea, y señaló que "es mejor un derecho moderno que uno propio, si se consigue reintegrar tiene que ser con competencias igualitarias para todas las autonomías, de forma que podamos dotarnos de un derecho moderno". A su juicio, el derecho civil otorgaría a la Generalitat más libertad para regular determinadas materias, aunque también recordó que otras leyes sobre las que sí tiene competencias no anuladas por el Constitucional han sido igualmente recurridas por el Gobierno central, como la Ley de Función Social de la Vivienda. En este sentido, apostó "más que por un derecho civil propio, por una reforma de la legislación estatal que de verdad sea una ley de segunda oportunidad".
En la segunda mesa de la jornada, los periodistas José Morgan, secretario de Comunicación de la Associació de Juristes Valencians (AJV), que abandera la reivindicación para recuperar el derecho civil valenciano, y el redactor jefe de Alicante Plaza, David Martínez, debatieron sobre cómo introducir el debate del derecho civil en la agenda mediática nacional, en un contexto monopolizado por la crisis catalana.
