La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, el alcalde, Luis Barcala, y la edil de Hacienda, Lidia López, al presentar el presupuesto de 2020.ALICANTE. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) afrontan las últimas horas de negociación interna tras el pulso entablado la semana pasada con el propósito de cerrar la confección de su propuesta de presupuesto para 2021 este próximo viernes. O, como muy tarde, si las conversaciones se siguen desarrollando como se comenzaron a encauzar el pasado viernes, la próxima semana. En principio, los últimos puntos que continúan siendo objeto de debate son el alcance de las medidas con las que se pretende incentivar la recuperación tras el impacto de la crisis sanitaria -sobre todo, por lo que respecta a la cuantía de las bonificaciones, rebajas impositivas y ayudas directas-, además de la determinación de un orden de prioridades para las inversiones.
Eso sí, hasta ahora, no se atisba que en esas negociaciones vaya a producirse un conato de ruptura, ni la posibilidad de que Cs presente una propuesta de presupuesto alternativo, como sí ha sucedido en el caso de Orihuela, otro de los municipios de la provincia en los que las dos formaciones comparten responsabilidades de gobierno. De no existir acuerdo en las conversaciones que se desarrollen en las próximas jornadas, como mucho, se podría producir una demora en el momento en el que el presupuesto pueda elevarse a debate en pleno. Es decir, justo lo que sucedió en la tramitación de las cuentas de este año, cuando la propuesta de planificación contable conjunta no se presentó hasta el mes de marzo. Todo, aun a riesgo de que se produzca un retraso que acorte los plazos de ejecución, como ya ha sucedido este ejercicio (las cuentas se aprobaron definitivamente en mayo) y como también han advertido los grupos políticos de la oposición.
¿Cuáles son las propuestas concretas que están sobre la mesa? En principio, PP y Cs están de acuerdo en la necesidad de aplicar bonificaciones y en generar nuevas líneas de ayudas directas a los sectores más perjudicados por la pandemia, como el comercio o la hostelería. También se prevé instaurar microcréditos sin intereses para respaldar su reactivación y sigue en estudio la creación del bono-cheque reivindicado por el sector comercial para estimular las compras. Además, se plantea rebajas fiscales, como la propuesta por la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, durante el debate sobre el estado de la ciudad, en relación al IBI. Para que su aplicación fuese posible, debería acordarse antes del fin de año, por lo que también ya se contemplan posibles alternativas.
Los dos partidos están emplazados para fijar un orden de prioridades en los proyectos a incluir en el presupuesto y los que se desarrollarían a través de modificaciones de crédito o mediante el uso de los remanentes
En todo caso, el capítulo en el que podrían existir mayores diferencias sería en el de las inversiones. A priori, se habría convenido la necesidad de fijar un orden prioritario, de modo que, en primer término, se contemple consignación para proyectos cofinanciados por otras administraciones para no perder las cantidades subvencionadas. Se trataría, por ejemplo de los proyectos vinculados a la Edusi de Las Cigarreras, o a actuaciones que cuenten con Fondos Feder, por ejemplo. Según fuentes consultadas, todo parece indicar que no habrá excesivo margen para incluir otros proyectos como inversiones ordinarias. De ahí que también se contemple una clasificación de las actuaciones que puedan llevarse a cabo como inversiones financieramente sostenibles o mediante sucesivas modificaciones de crédito. Entre esas propuestas, hasta el momento se ha dado a conocer propuestas como la ampliación del vivero de empresas Príncipe Felipe, fondos para el desarrollo de un centro de congresos, la rehabilitación del antiguo parque de bomberos de la calle Italia para la instalación de empresas vinculadas a la estrategia Alicante Futura o la ejecución de un pabellón cubierto con zona polideportiva anexa, por ejemplo.
A todo ello, además, se debe añadir la previsión de fondos para asumir la renovación de dos de las grandes contratas municipales que suponen mayor coste económico para el ayuntamiento: el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos y el servicio de transporte público en autobús. Ambas vencen en septiembre y julio de 2021.
Por lo pronto, el alcalde, el popular Luis Barcala, insistió este lunes -tras participar en el acto de dedicatoria de una calle al empresario Joaquín Arias, fundador del grupo Vectalia-, en que las claves de la propuesta de planificación económica para el próximo ejercicio están recogidas en el dictamen de conclusiones acordado en la comisión e la recuperación, el pasado julio. Así, insistió en que el presupuesto tratará de dar respuesta a tres ejes centrales: el eje social, con el refuerzo de las medidas de apoyo a los colectivos en situación de dificultad; el eje de la prevención sanitaria, con la adquisición de material de protección; y el eje económico, con la puesta en marcha de medidas de ayuda a los sectores afectados por la crisis y de estímulo a la reactivación del tejido productivo local.
El primer edil rechazó referirse a las diferencias de criterio entre los dos socios de gobierno, o en las disputas que pueda existir respecto a las propuestas formuladas por los grupos de la oposición, y se limitó a sostener que la mayoría de las aportaciones formuladas por los grupos políticos con representación municipal coinciden en esos objetivos pactados en la comisión de la recuperación. Así, incidió en que, en su opinión, no sería esperable que se produjesen diferencias insalvables como para impedir que el presupuesto quedase aprobado. En esta línea, el bipartito volvió a citar este martes a los grupos de la oposición para mantener un nuevo encuentro sobre la confección de las cuentas para avanzar en su tramitación.
