El tripartito perfila las cuentas de 2018 en plena bronca y sin puentes con la oposición 

ALICANTE. PSOE, Guanyar y Compromís se enfrentan al más difícil todavía para aprobar los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Alicante: los del ejercicio de 2018. Las tres formaciones perfilan ya su propuesta definitiva con la intención de poder debatirla en el pleno de noviembre para que no vuelvan a producirse nuevas demoras en su entrada en vigor (los dos presupuestos impulsados hasta ahora se aprobaron definitivamente en mayo). La pretensión es que los números de 2018 puedan estar en manos del Ministerio de Hacienda antes de fin de año para que el departamento de Cristóbal Montoro les dé su visto bueno y las cuentas puedan comenzar a aplicarse en el plazo oficial: con el arranque del nuevo año (el Ayuntamiento está intervenido desde 2012 por su elevado nivel de endeudamiento y debe someter su planificación económica al escrutinio del ministerio).

Sobre las cuentas en sí mismas, sigue sin haber demasiado margen precisamente por esa tutela del ministerio: las inversiones ordinarias siguen estando limitadas a un techo máximo de 10 millones. De nuevo, el plan de reurbanización de Las Cigarreras, cofinanciado como estrategia DUSI por la Unión Europea, copará gran parte del protagonismo en ese capítulo. Pero se da por hecho que esos dos condicionantes no van a ser ningún problema: se sigue reduciendo deuda a buen ritmo; se cuenta con los 22 millones en obras que se desbloquearon finalmente este mes (las llamadas inversiones sostenibles sufragadas con el remanente de 2016) y se confía en obtener otra suma sobrante similar para poder impulsar otras infraestructuras o necesidades urbanas cuando se cierre 2017. Sobre todo, porque además de que no se ha gastado todo lo presupuestado, también se han multiplicado los ingresos obtenidos por tres factores básicos: la reactivación de la actividad económica general, la de la concesión de licencias en particular y la mejora de la eficacia en la recaudación. 

Con ese escenario, en el tripartito se da por seguro que dinero para inversiones y mejoras urbanísticas no va a faltar. Tanto es así que ya se baraja descartar la firma de un nuevo préstamo para financiar proyectos con la que se pretendía obtener fondos sin tener que gastarlos necesariamente en un plazo concreto (como sí ocurre con las inversiones sostenibles). 

No obstante, todo parece indicar que el pretendido adelanto de plazos en la aprobación de las cuentas volverá a depender de dos concejales de voto incierto. De nuevo, la posición clave que decantará su aprobación o su rechazo será el de los ediles no adscritos Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos) y Nerea Belmonte (ex de Guanyar) al darse prácticamente por perdida cualquier posibilidad de negociar con los dos partidos de la oposición: Partido Popular (PP) o Ciudadanos (Cs). 

Fuentes del tripartito y de la oposición señalan que en estos momentos, los puentes están rotos. Máxime si se tiene en cuenta que las dos fuerzas opositoras han endurecido su labor de fiscalización en cuatro asuntos centrales que vienen utilizando como punta de lanza: el cambio del callejero, la limpieza viaria, la gestión de licencias junto a la planificación urbanística (incluida la negociación con Ikea) y, por último, el llamado Caso Comercio.

No hay distinciones ni se busca un hipotético blanco fácil: las cuatro áreas temáticas afectan indistintamente a los tres aliados en el equipo de Gobierno. Pero quizá la más polémica -la que tiene que ver con la supuesta fragmentación de contratos de Comercio- apunta en concreto y de forma directa al alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE). PP y Cs han decidido dirigir contra él sendas  denuncias ante el juzgado al considerarle (por acción o por omisión) responsable del troceo de los 25 contratos de la polémica. Así lo expusieron en sus conclusiones sobre la comisión de investigación constituida para esclarecer los hechos. 

La interposición de esas denuncias contra Echávarri es, sin duda, una circunstancia que complica todavía más un hipotético acercamiento, toda vez que -desde que el tripartito perdió la mayoría absoluta (con la expulsión de Nerea Belmonte, en marzo de 2016)- ha sido Echávarri quien ha pilotado los intentos de negociación para que las cuentas prosperasen. De hecho, fue él quien, en noviembre de 2016, abrió el diálogo con Cs (con más o menos voluntad, según quién lo valore) para que realizasen aportaciones a las cuentas, aunque después esas conversaciones naufragaron. Así que, de inicio, Cs podría estar tan descartado como el propio PP, sobre el que Echávarri ha apuntado de forma reiterada que no le inspira confianza.

La cuestión es que, ahora, la negociación es más compleja también desde la perspectiva interna. Es decir, en el propio equipo de Gobierno. Es cierto que PSOE, Guanyar y Compromís ya presentaron sus necesidades a finales de junio. También lo es que, en base a esas peticiones, el esqueleto de las cuentas está prácticamente cerrado. Pero los flecos del debate que todavía siguen abiertos se tendrán que dirimir en un momento en el que las relaciones entre los tres socios están especialmente enrarecidas. Desde mayo de 2015 ha habido fricciones y enfrentamientos de todo tipo. Muchos de ellos se han magnificado de forma intencionada (desde dentro y desde fuera). No obstante, la realidad es que en el presente, la convivencia entre las tres siglas está siendo más que compleja. 

Por un lado, PSOE y Compromís coexisten pese a dos encontronazos básicos: la concesión de la plaza de toros, que los nacionalistas se oponen a prorrogar sin más, y la regulación de los horarios comerciales (con derivada Volvo incluida), en el que se han reproducido los ecos del pulso entre Alcaldía y la Dirección General de Comercio. El portavoz de Compromís y del tripartito, Natxo Bellido, ha llegado a sostener en sus declaraciones sobre la cuestión que "alguien tendrá que explicar por qué no hace lo que debe", en referencia a la petición que el Consell requiere al Ayuntamiento para poder autorizar reglamentariamente que el gran comercio pueda abrir los festivos de la regata.

A esas dos cuestiones, se añade todavía una tercera: de nuevo el caso Comercio, en el que Compromís se reserva la bala de pedir responsabilidades políticas si el Consell Jurídic Consultiu (CJC) o un juzgado constata el fraccionamiento.

Guanyar también se guarda esa carta, como expone en sus conclusiones sobre la comisión de investigación sobre los contratos. Pero, además, mantiene otras líneas de enfrentamiento directo con el PSOE. Al margen de las ya conocidas sobre la ordenación de los veladores, la concesión de licencias o el cierre de establecimientos con supuestas infracciones (léase Marmarela, por ejemplo), la principal entre ellas es la gestión del contrato de la limpieza y recogida viaria y cuál es la fórmula idónea para mejorar la imagen de la ciudad. Como viene publicando este diario, los socialistas -con Echávarri posicionado al frente del asunto- apuestan por una solución que implicará una ampliación de costes del contrato: en resumen, pagar más a la UTE participada por FCC, Ferrovial y Cívica, de Enrique Ortiz. Guanyar, por el contrario, rechaza por completo esa posibilidad y, tras acordar la sustitución de Víctor Domínguez por Miguel Ángel Pavón como concejal competente sobre la materia, insiste en reforzar el control del servicio para que el contrato se cumpla. Al margen de las diferencias internas que ha generado ese cambio -en parte de Guanyar no sentó nada bien- la agrupación electoral que lidera EU tiene claro que no va a tolerar que se pague más a una empresa participada por el empresario supuestamente beneficiado en el diseño del urbanismo de la ciudad, según el sumario del caso Brugal.

Ese enfrentamiento genera un clima poco o nada propicio para negociar tanto los presupuestos como el resto de la acción de gobierno. Y en PSOE y Compromís ya lamentan la reciente marcha voluntaria de uno de los asesores de Pavón en la Concejalía de Urbanismo, Jaume Chicoy, al que los socios de Guanyar, según sostienen, recurrían frecuentemente como enlace o mensajero para tratar de llegar a puntos de encuentro (sobre todo en cuestiones relacionadas con el urbanismo), además de la interlocución lógica con su portavoz, Pavón, y con su portavoz adjunto, Domínguez.