TORREVIEJA. El PSPV-PSOE de Torrevieja ha acusado este jueves al ayuntamiento de conferir a la mercantil Acciona, concesionaria del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, de un posible trato de favor por rebajarle una sanción impuesta y permitir que la empresa use coches que serían propiedad del consistorio y que además no reúnen los requisitos mínimos de seguridad.
Según el PSOE, el alcalde anunció en el pleno de fiscalización solicitado por los propios socialistas en 2023 que Acciona iba a ser sancionada con 319.000 euros por sus incumplimientos de contrato durante el mes de julio y que se iba a minorar la factura solo de dicho mes en 580.000 euros, y de ahí en adelante lo que correspondiese. Sin embargo, según los socialistas, "los técnicos del ayuntamiento han confirmado a la portavoz del Partido Socialista que las sanciones se reducen a 135.000 euros y que la minoración de las facturas del año 2023 completo se situará entre los 200.000 y los 300.000 euros".
Además, la empresa estaría haciendo un uso privativo de vehículos que pasaron a ser de titularidad municipal al acabar el anterior contrato sin que exista, según los técnicos, documentación que formalice en régimen de qué se dispone de dichos elementos, algunos de los cuáles figuran dados de baja por Decreto de 2020, ha detallado la portavoz socialista Bárbara Soler.
El decreto, firmado por la entonces concejal del área, Gómez Candel, contempla la necesidad de dar de baja una serie de vehículos y maquinaria al final de su vida útil, no siendo ya válidos para prestar el servicio. En el mismo documento se acuerda el alquiler de otros vehículos y máquinas para sustituir los anteriores que supusieron un coste para las arcas municipales de unos 100.000 euros mensuales. Pero según los socialistas, una vez que Acciona resulta adjudicataria del servicio a mitad de 2022 venía obligada a prestar el servicio con una maquinaria y unos vehículos de características muy específicas. No obstante, la empresa comunicó ya en el primer mes de contrato que no podría cumplir por no encontrar en el mercado los elementos necesarios para comprar o alquilar. Así, el Ayuntamiento de Torrevieja autorizó a Acciona a usar elementos diferentes en tanto en cuanto no pudieran acceder a los estipulados. Sin embargo, según el PSOE, Acciona no solo ha venido usando vehículos distintos de los que se contemplan en el contrato sino que, además, ha usado y sigue usando varios vehículos de titularidad municipal sin que ello haya supuesto una minoración en sus facturas y sin que exista documentación que dé cobertura a este uso, según han contestado los propios técnicos a Bárbara Soler. Además, la concejal ha asegurado que dispone de fotografías y vídeos que corroboran que hay vehículos de titularidad municipal prestando el servicio pero que no es un hecho controvertido, pues así se reconoce en diversos informes y Decretos, en los que figuran incluso los listados, “aunque no completos, hay otros vehículos que podemos ver en nuestras calles trabajando, que pertenecen al Ayuntamiento y que no figuran en las listas que se encuentran en los informes”.
Más grave es la circunstancia de que alguno de esos vehículos que a día de hoy sigue prestando servicio debería haber sido dado de baja en 2020 según el Decreto mostrado por Bárbara Soler. Se trata de vehículos con 20 años y más de un millón y medio de kilómetros, el doble de los kilómetros que figuraban en los informes cuando se acordó el final de su vida útil en 2020. A modo de ejemplo, los vehículos recolectores n.º 2245 con matrícula 4770DCK y n.º 2279 con matrícula 4885-DDS, según ha expuesto la regidora socialista.
Soler ha acabado pidiendo al PP que se asuman responsabilidades políticas y se dé explicaciones acerca del uso de vehículos municipales con fines privativos incluso fuera del municipio “por parte de una empresa que sigue incumpliendo el contrato de forma grave, siendo la única perjudicada la ciudad de Torrevieja”. Asimismo, ha exigido que se retiren de la circulación los vehículos que debían haber sido dados de baja hacer cuatro años y que “ni son aptos para prestar el servicio ni son seguros para los trabajadores que se ven obligados a usarlos”.
