Llegada del agua del Júcar-Vinalopó de 2022 al embalse del Rollo en Aspe. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El trasvase Júcar-Vinalopó, revindicado por los regantes alicantinos desde hace cuatro siglos (y, si nos quedamos en la época actual, al menos desde principios del XXI), se convierte al fin en realidad. No solo en forma de infraestructura, que esta existe formalmente terminada (postrasvases al margen) desde 2008, sino en forma de documento legal que lo regule. En ausencia de éste, los últimos quince años el Júcar-Vinalopó no ha sido un trasvase, sino una tubería. Ahora, por fin, lo será con todas las letras. Al menos, los próximos diez años.
El Consejo de Ministros aprobó este lunes, tal como había adelantado Alicante Plaza, el convenio que regulará hasta 2033 los caudales, precios y coindiciones del trasvase. Un convenio que parte del consenso (nada sencillo de lograr y muy trabajado) entre la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí, que agrupa a los regantes y ayuntamientos beneficiarios de la transferencia; la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que regula el uso del agua en la cuenca; y la sociedad estatal Acuamed, que se encargó de ejecutar la transferencia.
Con el visto bueno técnico y económico de todos los departamentos del Estado implicados en un acuerdo de estas características (desde Patrimonio a Intervención), el pleno del Ejecutivo le ha dado luz verde definitiva esta semana, tras pasar por sus manos en dos ocasiones anteriores, y ya solo resta reunir a las tres partes para que estampen su firma en el ansiado documento. Algo que el presidente de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina, calcula que se producirá tras la semana del puente de octubre, dentro de quince días. A partir de ese momento, la llegada de agua de la desembocadura del Júcar al interior de Alicante estará regulada durante la próxima década, eliminando la incertidumbre del campo.
En este sentido, como ha venido informando este periódico, el convenio conempla en líneas generales una cantidad mínima para Alicante de 278 hectómetros cúbicos durante la próxima década a un precio original de 0,24 euros por metro cúbico. Es decir, que al final de estos diez años de uso, los regantes beneficiarios del trasvase habrán abonado un total de 66,8 millones de euros por el agua. En todo caso, como se ha publicado, la tarifa podrá revisarse anualmente en función de lo cerca que se encuentre el trasvase del equilibrio financiero (lo que dependerá también en buena medida de cuánta agua se trasvase). Y queda por incorporar el uso de energía solar a los bombeos.
Es menos agua (iban a ser 80 Hectómetros anuales) y más cara (no en vano, han pasado casi dos décadas) que la que planteaba el trasvase original en 2005, cuando la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cambió el trazado pactado por el anterior Ejecutivo y la Generalitat. En cualquier caso, las circunstancias son otras y la actuación beneficiará a unos 22.000 agricultores repartidos en 16 comunidades de regantes, con un total de 20.000 hectáreas distribuidas en los términos municipales de Villena, Salinas, Monóvar, La Romana, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y Elche.
El acuerdo llega justo a tiempo, pues los acuíferos del Alto Vinalopó cuyo uso viene a sustituir fueron declarados sobreexplotados hace dos veranos y el agua disponible se va a reducir un 90% en los próximos cuatro años. El Júcar-Vinalopó es una infraestructura declarada de interés general, con una longitud aproximada de 95 km. Incluye 2 túneles, 4 estaciones de bombeo con un total de 45 MW de potencia instalada y 3 balsas intermedias de regulación, con un volumen total de 300.000 m3, entre otras. El presupuesto total superó los 335 millones de euros, de los que la Comisión Europea ha financiado 120 millones de euros.
