ALICANTE. Los condicionantes financieros, las exigencias de compliance, el impacto financiero y el de la gobernanza son los 4 grandes efectos que ha detectado el informe “Impacto e implicaciones de la normativa europea de sostenibilidad en el tejido empresarial valenciano” fruto del cambio que el impulso de la sostenibilidad producirá en los mercados y afectará a las empresas de la provincia de alicante.
Así se recoge en este estudio pionero que prepara al tejido empresarial valenciano para el importante paquete normativo que, en materia de sostenibilidad, le va a afectar en los próximos años y que, impulsado por la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha sido elaborado por la empresa valenciana especializada en digitalización y sostenibilidad corporativa, Ângela Impact Economy (ÂIE).
En el caso de la economía alicantina -fuertemente atomizada en torno a sectores como el juguete, calzado o turismo- está totalmente impactadas por cuestiones como la gestión del plástico, derivado del impuesto a este material muy utilizado por la industria juguetera, la necesidad de transicionar hacia un turismo sostenible y la adaptación de la producción a economía circular en el sector del calzado.
“Todos tenemos claro que las empresas están afrontando un proceso de adaptación de sus modelos de negocio a este nuevo paradigma. Los criterios ESG han pasado a ser elementos centrales de las estrategias corporativas. Pero es importante ver esta situación, más allá del reto, como una oportunidad única para mejorar nuestro modelo productivo y energético”, ha destacado la presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Amelia Navarro, al inicio de la presentación en la sede de la institución.
“Es una oportunidad para mejorar los modelos de gestión de las empresas, logrando un desarrollo sostenible que haga a las empresas más competitivas. Las políticas de sostenibilidad pueden y deben aportar valor a la empresa, y servir para hacerla más atractiva. En este escenario, combinar el efecto tractor de las grandes empresas con la capacidad de llegar a las pymes es un objetivo prioritario. Para ello, necesitamos el apoyo de las Administraciones Públicas; han de ser un agente impulsor, definiendo requisitos legales realistas, con plazos asumibles y que no supongan cargas burocráticas”, ha añadido.
Begoña Pastor, la coordinadora del estudio y responsable de marco regulatorio y acciones estratégicas de ÂIE, ha destacado que el impacto financiero “se traducirá en un corto y medio plazo en las posibilidades de la empresa de acceder de la financiación en función de su sostenibilidad”. Así, las empresas más sostenibles, o que presenten un plan de transición más robusto, tendrán más posibilidades de acceder a la financiación y con mejores condiciones. A largo plazo, la integración de la sostenibilidad de una empresa podrá condicionar su rentabilidad, ayudándole a proteger su cuota de mercado y reducir los costes relacionados con estos riesgos identificando un riesgo probable y desarrollando estrategias para minimizar las consecuencias en términos de sostenibilidad.
En el área de compliance, la normativa que regula la sostenibilidad corporativa a nivel europeo acaba de modificarse para darle un gran impulso. En los próximos años las empresas verán aumentadas significativamente sus exigencias de información, dos de las principales novedades son, la estandarización de la información, que permitirá comparar el desempeño de la sostenibilidad entre empresas, y la ampliación de la información a toda la cadena de valor y la cadena de suministro. En el caso de las pymes la exigencia no será directa por la normativa de información no financiera, como en el caso de las grandes empresas, pero les será exigida indirectamente en su relación con otras empresas en su papel de proveedoras.
Además, las empresas tendrán impactos operativos vinculados a la transformación y transición de los modelos productivos empresariales hacia su sostenibilidad. En este caso el foco estará principalmente en los siguientes aspectos: reducción de emisiones, eficiencia energética, circularidad de sus productos y gestión de recursos.
También se verán sometidas a un aumento del nivel de exigencia en los sistemas de gobernanza empresarial en lo que respecta a las competencias ESG del liderazgo, la sostenibilidad de la cadena de valor y la capacidad de gestión de datos vinculados con la sostenibilidad.
Mantener la competitividad, captar financiación, mantener la transparencia, afianzar la gobernanza de la sostenibilidad y promover una transición justa están ya encima de la mesa de las grandes compañías y la pyme valenciana.
El punto de partida de toda la estrategia pasa por que la empresa debe mantener la competitividad transformando sus modelos productivos, y es que el reto consiste en identificar la sostenibilidad como factor de competitividad, al tiempo que se diseña una hoja de ruta de transformación, impulsan la transición energética y captan nueva financiación verde. Los beneficios son indudables en materia de reducción de dependencia en materia energética y de costes, entre otros.
Para financiar la transición, las empresas deberán eleva su nivel de transparencia, para ello extender la práctica de elaboración de informes de sostenibilidad corporativos y el análisis de riesgos ESG alineados con las exigencias regulatorias supone una importante oportunidad que no pueden desaprovechar. Un mayor nivel de transparencia vendrá asimismo de la mano de la adaptación de los sistemas de información internos de las empresas a los nuevos requerimientos de información que les serán solicitados en el ámbito de sostenibilidad y su vinculación con la información financiera.
Adoptar un enfoque Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) para cumplir con las nuevas exigencias que la sostenibilidad está imponiendo a nivel corporativo evitando los riesgos vinculados a la misma y maximizando sus oportunidades es también otro de los grandes retos a abordar en el medio plazo, ello permitirá reducir los riesgos financieros, legales y reputacionales de la empresa y, por tanto, fortalecerla.
Por último, las empresas deberán conocer con antelación los cambios del mercado producidos por las nuevas exigencias de desarrollo sostenible planificando medidas que palíen sus consecuencias adversas sobre el empleo.
Todos estos retos afectan en un plazo de tiempo corto, medio y largo en función no sólo del tamaño de la empresa, sino también del sector. Por eso este informe se convierte en una excelente herramienta para detectar, prevenir y actuar para todo el tejido empresarial valenciano, lo que contribuirá notablemente al impulso de su competitividad.
El estudio ha contado con la participación de Alpesa, Aquaservice, Balearia, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank, Consum Cooperativa, Eurogroup España, Fermax, Ferro Corporation, GD Energy Services (GDES), Global Fruit Group (Fernández), Grupo Erum, Importaco, Jeanologia, Metalesa, Mercadona, Norauto, Pavasal, Porcelanosa Grupo Ribera, Sprinter y Vicky Foods. Además de instituciones y asociaciones como la Asociación Valenciana de Empresarios Textiles de la C.V (ATEVAL), Asociación Española de Fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos (ASCER), Ayuntamiento de Alzira, Cátedra Empresa y Humanismo, Confederación Empresarial Comunitat Valenciana (CEV), Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S), Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
