Las comunidades autónomas de régimen común precisan al menos 16.674 millones adicionales a los que ofrece el actual sistema de financiación para atender los servicios públicos fundamentales
VALENCIA. Las comunidades autónomas reciben con el actual sistema de financiación 16.674 millones de euros menos de lo que gastan anualmente en servicios públicos esenciales. Esta es la conlusión fundamental del estudio Suficiencia financiera de las CCAA y Estado del bienestar, un informe que analiza las causas de los desequilibrios financieros existentes en las comunidades de régimen común durante los años de vigencia del actual sistema de financiación autonómica aprobado en 2009.
El documento pone de manifiesto la existencia de un problema de insuficiencia de recursos de las comunidades de régimen común entre 2009 y 2015, en especial para la prestación de servicios públicos como la educación, la sanidad y la protección social.
Según los datos liquidados de 2014 (últimos disponibles con todo detalle) los recursos ofrecidos por el sistema a las comunidades para financiar los servicios públicos fundamentales ascendieron a 82.296 millones de euros, incluyendo las aportaciones de los fondos del modelo y las transferencias de carácter finalista que realiza el Estado a las comunidades para esos servicios. Si se compara ese presupuesto con la cifra de gasto efectiva de las comunidades en esos servicios existiría una insuficiencia de 16.674 millones de euros.
El estudio señala que las insuficiencias serían todavía mayores si se tomase como referencia el gasto en sanidad, educación y protección social de los países de la eurozona, en cuyo caso el presupuesto habría de incrementarse en casi 40.000 millones de euros. Mientras, para igualar al gasto por unidad de necesidad de las autonomías de régimen foral, se necesitarían 48.962 millones de euros más.
El estudio, presentado esta tarde en una jornada organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), ha sido elaborado por Francisco Pérez, catedrático de la UV, director de Investigación del Ivie y representante de la Generalitat en la comisión técnica que ha de analizar el cambio del sistema de financiación, en colaboración con Silvia Mollá y Juan Pérez, también del Ivie, y José A. Pérez, de la Universidad Politécnica de Valencia.
La jornada ha contado con la participación del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), José Luis Escrivá, de expertos provenientes de distintos gobiernos autonómicos (Galicia, Castilla y León y Andalucía) y de distintas universidades que han expuesto sus puntos de vista sobre la cuestión. La sesión, en la que se han puesto sobre la mesa algunos de los temas fundamentales que han de abordarse en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, ha sido inaugurada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Por su parte, el presidente de la AiRef ha destacado que el origen de le reforma de la financiación debería ser la objetivación de los gastos que se deben financiar el sistema y ha analizado el uso que las diferentes Comunidades Autónomas han realizado de su capacidad normativa para mejorar sus ingresos el pasado año. En este punto, tras constatar que existen diferencias de hasta tres puntos de PIB en el uso de esa capacidad normativa, Escrivá ha opinado que las regiones sí disponen de margen normativo suficiente para ejercer su corresponsabilidad fiscal.
Además, el presidente de la AiRef ha considerado que debería formar parte de la próxima reforma del sistema de financiación autonómica el establecimiento de mecanismos para alcanzar niveles de deuda "alcanzables y sostenibles".
El estudio refleja que el efecto acumulado de las insuficiencias del sistema de financiación de 2009 ha tenido un "enorme impacto" sobre el endeudamiento. Entre 2009 y 2014, las insuficiencias estimadas alcanzaron los 133.248 millones de euros, prácticamente el mismo volumen en el que se incrementó en su conjunto la deuda de las comunidades de régimen común: 136.401 millones.
Si el sistema de financiación hubiera garantizado una financiación suficiente para cubrir el gasto en servicios públicos esenciales, la deuda de las comunidades de régimen común a finales de 2014 se habría situado en 68.671 millones frente a los 225.088 millones que se alcanzaron.
El informe analiza las causas de la inestabilidad financiera de las comunidades de régimen común, desde cuatro hipótesis: la falta de prudencia de las comunidades en la asunción de compromisos sostenibles de gasto; la sorpresa que supusieron las caídas de los ingresos derivadas de la crisis; el efecto de un diseño deficiente del sistema de financiación de 2009; y las características de las políticas de ajuste aplicadas, concretamente el ritmo de reducción del déficit y el reparto de los esfuerzos de consolidación entre las distintas administraciones públicas.
Las conclusiones limitan la influencia de las dos primera y, en cambio, confirman la hipótesis del diseño deficiente del sistema de financiación de las comunidades, "ya que prometía mejorar los recursos para el Estado de bienestar y ha proporcionado, en realidad, una reducción de los mismos".
El gasto en servicios públicos fundamentales por unidad de necesidad de las comunidades de régimen común ha retrocedido al nivel que alcanzó en 2007, encontrándose más alejado que antes de llegar la crisis del nivel de las comunidades forales y de la zona euro. El gasto real en salud por unidad de necesidad era en 2014 un 2% menor que el de 2007 y el gasto en educación y en protección social un 7,5% menor.
A ello se añade que el modelo de financiación "ha generado una irregularidad en los ingresos de las comunidades indeseable para financiar gastos que, por su naturaleza, deberían ser estables”.
También se confirma la hipótesis de que las políticas de ajuste han sido relevantes, pues se han aplicado más intensamente sobre los gastos de las comunidades autónomas, de modo que los gastos en sanidad, educación o dependencia han sido afectados por los ajustes.
A partir del análisis, el informe lanza unas premisas que deberían tenerse presentes al diseñar el nuevo modelo de financiación de las comunidades, como la relación entre el sistema de financiación y los objetivos en materia de bienestar o la adecuada combinación de suficiencia de recursos, previsión financiera y reglas de gasto que respondan a las prioridades de esos servicios y sean viables a medio plazo.
Además, subraya que los niveles actuales de gasto en servicios públicos fundamentales de las comunidades de régimen común "no pueden ser considerados excesivos" porque es sustancialmente menor que el de las comunidades forales. Por ello, la causa de los déficits que padecen estas comunidades son unos "ingresos insuficientes".
Aunque en los últimosaños se ha optado sobre todo por los ajustes de gasto, los autores del estudio señalan que existe un "margen amplio" de mejora de los ingresos "a través de una reforma fiscal en profundidad".
