La desalación, defendida por el sector y cuestionada por el ecologismo

MADRID (EP). España cuenta con 765 plantas desaladoras con producciones superiores a 100 metros cúbicos al día (m3/día), según datos de Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), que producen alrededor de 5 millones m3/día de agua desalada para abastecimiento, riesgo y uso industrial, un volumen equivalente al consumo de agua de unos 34 millones de personas.

El 51% de esta cantidad (2.542 millones m3/día), corresponde a la capacidad instalada de las plantas desaladoras de agua de mar mayores de 10.000 m3/día que hay instaladas a lo largo de todo el arco mediterráneo español, y en las Islas Canarias.

La función de estas instalaciones suele cobrar interés cada vez que la sequía amenaza con dejar en mínimos los embalses españoles. Este año, aunque finalmente, las reservas de agua parecen haberse recuperado con las últimas lluvias, se ha vuelto a hablar de la desalación, en especial para paliar situaciones de emergencia en Cataluña y Andalucía.

Pero su actividad no es defendida por todos. Las asociaciones ecologistas defienden que la desalación puede usarse "de manera puntual" pero no convertirse "en otra fuente más de agua", mientras que las empresas del sector consideran que debe ser tratada como un "recurso adicional" y rechazan que tenga un coste importante o provoque un impacto "relevante" para el medio ambiente.

En esta línea, también se muestran los regantes, que lo consideran "una buena solución" para atender los abastecimientos y los usos turísticos de población cercanos a la costa que no tengan alternativa, aunque piden estudiar cada caso para ver cuál es la solución "más sostenible".

Ecologistas: aumenta el consumo

"No puedes meter dentro del abastecimiento habitual de una ciudad la planta desaladora, porque si no lo único que estás haciendo es liberar más recursos para otros fines, o sea, aumentar el consumo", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas.

Además, ha añadido que para gestionar la sequía bien hay que hacerlo en el periodo en el que no hay ese déficit, una tesis similar a la de que "los incendios se apagan en invierno". En este sentido, ha indicado que la "clave" en España es reducir la superficie de regadío.

Por su parte, Mario Giménez, delegado de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana, subraya que la Directiva Marco del Agua "es muy clara" en cuanto a los costes y ha especificado que "sí que tiene sentido" que las administraciones los asuman si se utiliza para el abastecimiento humano, pero no en el caso de la agricultura. También insta a recuperar el agua en el uso ambiental, a la que ha calificado como "garantía".

"Si tenemos agua en nuestros humedales, en nuestros ríos, el agua que necesitan para hacer ecosistemas funcionales es un agua que tenemos como ahorro", ha indicado.

Sobre los costes ambientales, el responsable de Campañas de Agua de Greenpeace, Julio Barea, ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, que hay que tener en cuenta por un lado el coste energético de desalar agua y las consiguientes emisiones de CO² ya que el sistema energético español "no es 100% renovable", y por otro lado, el coste medioambiental, con los vertidos por salmuera.

Empresas: paradigma y recurso adicional 

Por el contrario, Silvia Gallego, consejera de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), ha apuntado en declaraciones a Europa Press que el uso de la desalación "va a depender de cada zona geográfica". De esta manera, ha señalado el "paradigma" de Canarias, donde la desalación es "el aporte" que tiene el archipiélago.

En comparación, Gallego opina que el agua desalada en el arco mediterráneo es "un recurso adicional" que debe utilizarse junto a otras medidas, como el uso eficiente del agua, la subsanación de los problemas en las redes de distribución, la potenciación de la reutilización y el mantenimiento de los caudales ecológicos. En general, ha explicado que la desalación "es una garantía de recurso".

Asimismo, Gallego ha incidido en el "bajo" coste de producir agua desalada. Así, ha detallado que las plantas gastan "tres kilovatios por hora (kW/h) por cada mil litros de agua desalada". "El consumo de energía que es necesario para producir el agua que consumiría una familia de cuatro miembros durante un año si procediera exclusivamente desalación de agua de mar, equivale al consumo del refrigerador de esa familia", ha puntualizado.

Por otra parte, Belén Gutiérrez, también consejera de la organización, ha apuntado que "la tecnología resuelve perfectamente" los vertidos de salmuera al mar y cada planta estudia "pormenorizadamente antes incluso de la construcción" cómo realizarlos para obtener las mejores soluciones "desde el punto de vista técnico y medioambiental".

Además, ha añadido que después de la construcción de la planta hay "una vigilancia constante" de estas devoluciones al mar para ver que no haya ningún tipo de impacto sobre el medio. Así, ha subrayado que "no se está devolviendo nada al mar que no haya estado en él".

Por otro lado, Gutiérrez ha especificado que una planta grande de desalación, que permita desalar más de 50.000 m3/día, tarda "un mínimo de unos cinco años" en construirse contando tanto el periodo para reunir los permisos, para hacer estudios y el de la propia construcción de la instalación.

Por ello, se ha remitido a la petición de AEDyR al Gobierno para reducir y agilizar los plazos en las tramitaciones administrativas en cuanto a la contratación de nuevos proyectos, entre otros. Además, la asociación reclama el desarrollo de un marco normativo "robusto" para "brindar seguridad" a las empresas involucradas en proyectos de desalación.

Regantes: solución si no hay más alternativa

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero De Palma, considera la desalación como "una buena solución" para atender los abastecimientos y los usos turísticos de población cercanos a la costa que no tengan alternativa.

En este sentido, añade que sería una solución para Canarias y Baleares, en zonas extremadamente áridas o en Barcelona, que depende de la red básica de abastecimiento Ter-Llobregat y donde el trasvase desde el Ebro "se descartó por razones políticas, no por razones técnicas".

Aún así, opina que hay que "estudiar cada caso en cada sitio" para ver cuál es la solución "más sostenible desde el punto de vista ambiental, económico o social". También ha insistido en que la principal política del agua es ahorrar y hacer un uso eficiente del agua y ha asegurado que los regantes españoles "son un ejemplo en Europa y en el mundo entero".