Foto: GVAVALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, anunciaban este martes en la World Travel Market de Londres la aprobación el próximo viernes en el pleno del Consell del decreto ley que derogará la implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana. Una norma que matará el impuesto prácticamente antes de nacer dado que pese a que fue publicada en diciembre de 2022, no entraba en vigor hasta el mes de diciembre de 2023.
Tras cinco años de tiras y afloja entre los socios del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem aprobaron una ley que gravaba las pernoctaciones turísticas con la patronal en contra y los socialistas cediendo su voto a regañadientes. Un impuesto de carácter municipal y voluntario que oscilaría entre 0,5 y 2 euros por día en función de la categoría de cada alojamiento y estaría bonificado al 100%. Un planteamiento en el que cada ayuntamiento podría decidir si establecer un recargo y cobrar más.
La ley - que dejará de estar en vigor tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana- establece que la tasa se abonará en establecimientos hoteleros, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, campings, áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas, alojamientos rurales y albergues. También estaba prevista para embarcaciones de crucero cuando hagan escala en un puerto de la Comunitat, pero no cuando tengan salida o destino final, considerando al crucerista como sujeto contribuyente.
La iniciativa se puso por primera vez sobre la mesa en 2017, cuando el entonces síndic de Podem, Antonio Estañ, presentó una propuesta de resolución en su primer Debate de Política General para forzar a que sus socios del Consell se posicionaran a favor de implantar o no un impuesto de este tipo. En el texto, Podemos instaba al Gobierno valenciano a "impulsar un impuesto sobre la actividad turística" que contribuyera a "mejorar los servicios de los que disfrutan los municipios de la Comunitat Valenciana", "mejorar las infraestructuras y las dotaciones turísticas" de la autonomía y de los municipios, y también que sirviera para "fomentar y desarrollar el sector", de manera que con ello se pudieran mejorar las condiciones laborales de sus empleados.
La sorpresa para los morados fue que la iniciativa salió adelante con 35 votos a favor (Podemos, Compromís y cinco diputados no adscritos), 29 en contra (PP) y 32 abstenciones (PSPV y Ciudadanos). Y con ello, el Parlamento mandataba al Ejecutivo a diseñar esta tasa y ponerla en vigor. Algo que, sin embargo, no hizo la Conselleria de Hacienda que entonces dirigía Vicent Soler, como tampoco lo hizo con el impuesto a las bebidas azucaradas.
El desencuentro en aquella primera votación sirvió para que la oposición ahondara en la fractura que habían escenificado PSPV, Compromís y Unides Podem, pero también para que los morados hicieran de esta cuestión su principal objetivo a cumplir, y decidieron presentar dos meses después una enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2018 con un diseño propio de tasa turística, que tampoco salió adelante. No sin generar más de un sobresalto: Podem llegó a poner en peligro la norma al completo al abstenerse en la votación y los diputados no adscritos tuvieron que salir al rescate del Botànic para que la ley no fuera devuelta al Consell.
Desde entonces, la negociación de cada Ley de Medidas Fiscales incorporó una enmienda dirigida a intentar implantar esta tasa sin éxito. En abril de 2022, sin embargo, los partidos del Botànic acordaron las líneas generales que tendría la tasa turística: podría ser estacional, tendría una moratoria de un año para su aplicación desde su aprobación y sería voluntaria para los ayuntamientos.
En mitad de estas dudas de última hora que dejaron el texto legal en el aire, el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer amenazó con dimitir si el impuesto se aprobaba. Compromís le enseñó la puerta de salida y le remitió un aluvión de estudios favorables a la tasa, mientras Unides Podem le recriminó al dirigente socialista que se hiciera eco de un estudio contrario a la tasa impulsado desde su propio departamento. Con todo, el culebrón para el PSPV se zanjó simplemente con un mensaje a sus alcaldes: apoyarían la tasa pero no debían aplicarla en sus respectivos municipios. Tras tantas ideas y venidas, la tan debatida tasa ha muerto antes de nacer en un proceso que tendrá que ser convalidado en Les Corts.
"Les decimos a los turistas que no nos molestan", señalaba Mazón. "Mas allá de la parte económica, lo que cambiamos es un mensaje y es que son bienvenidos". El presidente de la Generalitat aseguraba que se esperan 2,5 millones de británicos este año frente a los 2,2 del pasado y que, tras las reuniones durante esta feria, las agencias ya están trasladando el lema 'tax free' por todo Reino Unido. "Solo ha sido una sombra esta absurda ley, porque era un impuesto al turismo. Un impuesto para venir a visitarnos y que afectaba a la competitividad", recalcaba.
Un movimiento que calificava como poner palos en las ruedas y que reduce la competitividad ante los touroperadores. "Somos un Gobierno del cambio, porque cambia un impuesto que jamás debió nacer", sentenciaba. En este sentido, señalaba que otras autonomías, como Canarias, se han planteado la tasa y han decidido no aplicarla, pese a que sí lo hacen Baleares o Cataluña. Sin embargo, Mazón insistía en que la Comunitat trabaja contra "mercados paquetizados y competitivos y los posicionamientos online son fundamentales también, dos euros o tres euros en el precio de un hotel en un buscador te pasan de la página uno a la página veinticinco".
"Cualquier elemento diferencial es fundamental. Es bastante evidente que, para competir, tendremos que ser los mejores en todo, también en la presión fiscal", apuntaba.
