Roberto López Abad, durante su declaración como acusado en el juicio. Foto: EFEALICANTE (EP). Los abogados de cuatro exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han rechazado ante el tribunal de la Audiencia Nacional haber abultado los estados financieros de 2010 y 2011, y han insistido en que la caja alicantina estuvo supervisada continuamente por el Banco de España. Durante la segunda sesión de exposición de informes, los letrados del expresidente Modesto Crespo, el exdirector Roberto López Abad, la exdirectora adjunta Dolores Amorós y el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb han pedido la absolución para todos ellos, que se enfrentan a una pena de prisión de la Fiscalía de siete años y medio de cárcel.
En el caso del que fuera presidente, su letrada ha insistido en que éste "no tuvo margen de decisión" en la elaboración de los estados financieros de dichos ejercicios, que según el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol, reflejaban unos beneficios inexistentes valiéndose de mecanismos como la rehabilitación de créditos dudosos y fallidos y de operaciones ficticias de titulizaciones. La defensa del expresidente (a quien ayer le retiró la acusación el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) ha recordado que este nunca ejerció el voto de calidad en las decisiones acordadas en el consejo de administración de la entidad y por tanto no se le puede incriminar en los hechos que se juzgan.
Por su parte, el letrado del exdirector general Roberto López Abad ha precisado que su cliente cesó como director en 2010, un año antes de que la Caja de Ahorros recibiera una inyección de 5.249 millones de euros por parte del FDG y acabara siendo intervenida por el Banco de España ante sus problemas de liquidez y solvencia. "Todo se hizo bien hasta el momento en el que estuvo como director. No pudo engañar", ha expuesto Javier Boix. Además ha mostrado su sorpresa porque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) reformulara las cuentas retrotrayendo las operaciones que habrían dado un beneficio ficticio, como es el caso de las titulizaciones, pero no hiciera lo propio en lo relativo a los créditos.
Igualmente, ha arremetido contra la auditora KPMG, que analizó los estados financieros de esos años y ha dicho que dieron el visto bueno, ratificado por el Banco de España, en contraposición a la versión del responsable que auditó dichas cuentas y que expuso en calidad de testigo en el juicio que se les ocultó información relativa a titulizaciones.
Por su parte, el abogado de la exdirectora adjunta Dolores Amorós (que sustituyó a López Abad al frente de la caja siete meses hasta 2011) ha recordado sobre este punto que los inspectores del supervisor "estaban en primera fila" cuando se produjeron los hechos y que los criterios de exigencia del aplicados a la CAM fueron mayores que para el resto del sector. "Se anticiparon dos años las exigencias legales en cuanto a la valoración de los créditos", ha dicho su abogado. Además ha insistido en que la participación de la acusada en la formulación de las cuentas fue "absolutamente nula" porque no tenía competencias para ello ni en lo relativo a la decisión sobre retribuciones de empelados, ni en la gestión de riesgos. "Se le ha criminalizado sin motivo", ha denunciado la representación procesal de la exdirectiva ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo.
Cuando "para su desgracia" fue designada directora de la caja, su función pasó a ser la de contribuir en la integración del Sistema de Protección Institucional (SIP) junto con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Se trataba del paso previo a la creación del Banco Base, proyecto que finalmente no vio la luz al retirarse el resto de cajas ante las dudas de solvencia de la CAM, que acabó vendiéndose al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro.
Los letrados han rechazado igualmente que sus clientes maquillaran las cuentas con el fin de cobrar beneficios y bonus como planes de pensiones, incentivos o prejubilaciones y que costaron a la caja un desembolso indebido superior a los 20 millones de euros. Se trata de unos incentivos que no contaron con la oposición de los administradores provisionales nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 2011, según han dicho. "No parece compatible falsear cuentas para obtener retribuciones y al mismo tiempo renunciar a las mismas. Es una especie de conducta extraña. Yo no lo entiendo", ha dicho el letrado Javier Boix en la recta final de la vista oral. Además ha asegurado que López Abad no influyó en el cálculo de las pensiones acordadas para los directivos de la caja alicantina.
En la línea con lo expuesto por el resto de letrados, la defensa de Teófilo Sogorb ha defendido su inocencia alegando que él no podía comprobar "cada una de las partidas" relacionadas con la caja. Además ha asegurado que nunca tuvo razón alguna para desconfiar de los otros departamentos de la CAM encargados de formular las cuentas. Con todo, el fiscal, que ayer elevó a definitivas su petición para siete acusados (retirando los cargos contra el exdirectivo Salvador Ochoa), sostiene que como consecuencia de una incorrecta rehabilitación de créditos fallidos y dudosos a normales, la caja presentó en 2011 unos resultados que arrojaban beneficios de 65 millones de euros cuando en realidad existían unas pérdidas después de impuestos de 1.136 millones de euros.
