ELCHE. El partido judicial de Elche sigue sufriendo una importante saturación tanto en los juzgados de instrucción como en la parte que respecta a la Audiencia Nacional, ya que le compete el ámbito de varios municipios de alrededor, como Crevillente y Santa Pola u Orihuela y Torrevieja en lo que se refiere a la Audiencia. Para poder ir paliando la situación, puesto que son varios años los que se llevan reivindicando más inversiones para esta infraestructura, finalmente el 31 de marzo está previsto que se instalen los juzgados 7 y 8. Una buena noticia para la ciudad por esa carga que hace que los plazos se dilaten en demasía, aunque como señaló a Alicante Plaza el Decano del Colegio de Abogados, Vicente Pascual, con estas nuevas unidades judiciales habría ahora ocho, mientras que otras partidas judiciales de menor población tienen ya diez.
En cualquier caso, desde la Conselleria de Justicia son reivindicaciones que se tienen presentes y de las que el Ministerio tiene constancia. En su visita a la ciudad el viernes, la consellera Gabriela Bravo volvió a señalar que la Generalitat en su conjunto tiene un déficit en materia de Justicia, y el caso de Elche es especialmente sangrante. Las obras de estos dos nuevos órganos están a punto de concluir en las ubicaciones donde irán los nuevos juzgados. Ahora están en la fase de panelación. También están negociadas las plantillas funcionariales con los sindicatos, y se ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que ya está todo listo. En ese sentido, Bravo señala que “nosotros hemos hecho los deberes, lo que sí que reclamo es que si una administración cumple, ya que convergen varias, que no pase con la creación de los primero cuatro juzgados —de otros municipios como Novelda o Massamagrell—, en los que Conselleria ha cumplido con funcionarios, y aún seguimos esperando juez y letrado —competencia ministerial—“.
A este respecto, la consellera apunta que “no tiene sentido un órgano si existen estas disfunciones porque el esfuerzo que hace Conselleria no tiene ningún impacto en la carga jusridiccional”, explica. Respecto al resto de juzgados de instrucción, Elche tiene las infraestructuras, faltan los órganos, que se irán adecuando para los medios materiales conforme aumente la planta, especifica. Con todo, el Ministerio sabe de las deficiencias, y hacía diez años que no se creaba ningún órgano. “Los que se han puesto en marcha se planearon en 2010 porque el anterior Gobierno de entonces renunció”, asegura Bravo. Asimismo, la situación de Elche no es algo puntual, pues la valenciana es la tercera comunidad autónoma con más carga de trabajo y tiene núcleos de población con carga y conflictividad importante. Se pedirá más inversión para los presupuestos generales de 2018, porque “hasta ahora la inversión del Ministerio es muy muy escasa”, sentencia la cosellera.
En lo que respecta a la jueza decana, María José Boix, la principal demanda es crear un juzgado de lo penal, proyectado por el CGPJ, y que se desdoble la Sección Séptima y se cree una nueva. También existe la demanda de un juzgado de lo social nuevo, aunque es una idea aún. Hay que empezar a trabajarlo y pedirlo en junta de jueces para que el Ministerio dilucide. Por otra parte, incide en el fomento de la mediación, que la ciudadanía sepa qué es y que sepa que el juzgado ordinario no es el único medio para resolver conflictos. El anteproyecto de ley se aprobó hace unos meses, es una ley que nace con memoria económica, contempla la creación de un centro de mediación de la Generalitat con respaldo de la Conselleria. Es otra forma de acceso a la justicia, más barata, más rápida y contribuye a pacificar las relaciones sociales, como indica Bravo. Ya se han puesto unidades provinciales, pero el instrumento normativo es fundamental de ese registro de mediadores. El presupuesto ha sido de cerca de un millón de euros.
La visita de la consellera tuvo lugar para conocer el funcionamiento de la Oficina de Atención Víctimas del Delito. Un nuevo modelo de lo que va a representar la atención al ciudadano, siendo la primera comunidad que facilita atención integral: apoyo psicológico, seguimiento y protocolo específicos… Lleva en marcha un mes y cuenta con casi 40 personas en las oficinas. Aborda casos de trata de seres humanos, delitos de odio o agresiones sexuales, entre otros.
