Procesados el exgerente de Urbanismo de Alicante y dos técnicos por anomalías en una licencia

ALICANTE (EP). El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha acordado el procesamiento del exgerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante bajo la etapa de Gobierno de la popular Sonia Castedo, Enrique Sanus, por prevaricación, y a la actual topógrafa municipal, Olga Inmaculada Chiquero, y al exjefe de área de Urbanismo, José María Navarro Lifante, por prevaricación urbanística. Se trata de delitos contra la ordenación del territorio que figura en el artículo 320 y 404 del Código Penal y por el que podrían ser condenados a penas de hasta 9 años de prisión.

Según el auto de incoación del procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados presuntamente intervinieron en las irregularidades de una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Marrajo número 6, en el Cabo de las Huertas. La promotora, Urbana Juárez S.L, consiguió licencia de ocupación en 2014 pese a que el muro de mampostería ubicado en el lateral oeste de la parcela invadía la zona verde pública, retranqueando la cerca y adosando un relleno al muro.

La solicitud fue recurrida por la acusación particular, que ejerce el abogado José Luis Romero, y denegada por sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo del 24 de marzo del mismo año, al considerar que se había sustituido un segundo plano por el plano de referencia de 2004.

La acusación particular, en nombre de la propietaria de un bungaló colindante a la que le afectan las obras ilegales, interpuso una segunda querella el 17 de julio de 2014, contra la entonces concejala de Urbanismo, Marta García Romeu, y cinco técnicos municipales, incluido el entonces gerente de Urbanismo, admitida a trámite. El 9 de diciembre de 2014 fue solicitada la ampliación de la querella contra Olga Inmaculada Chiquero Gómez, admitida también, cuya actuación el magistrado Manrique Tejada califica en el escrito de procedimiento abreviado de "arbitraria e injusta a sabiendas de dicha injusticia". La Audiencia Provincial confirmó el 31 de mayo de 2017, el sobreseimiento provisional de la investigada Marta García Romeu.

Para el magistrado, en el caso de Enrique Sanus, pese al cargo que ostentaba, "no solo no se ejecutaron las resoluciones dictadas en los referidos procedimientos de restauración de la legalidad urbanística, sino que estando pendientes de ejecución las mismas, se tramitaron expedientes de licencia de primera ocupación", por lo que se le acusa de prevaricación en su modalidad de comisión por omisión.

En el escrito de acusación, indican que seis años después de ordenar la demolición del muro y con casi media decena de informes urbanísticos en contra - de mayo de 2010, febrero de 2011, marzo y mayo de 2012 -, el exgerente de Urbanismo dio licencia de ocupación hasta en dos ocasiones sin que se restaurara la legalidad.

La certificación aportada por la Concejalía de Urbanismo y que presentó la acusación en el escrito de conclusiones de fecha de 3 de octubre de 2017, acredita que el muro de mampostería que cierra la parcela por el lado oeste debía estar demolido por ser contrario a la legalidad urbanística al invadir zona verde. Así, los informes tanto de Navarro Lifante, como de Chiquero Gómez, "propiciaron la perpetuación de las obras ilegales", permitiendo que se diera en 2012 licencia de primera ocupación, sin que se restaurara la legalidad urbanística.

El magistrado recoge la tesis de la acusación particular que señala que José María Navarro a sabiendas de que la denegación de la licencia se estaba resolviendo en los tribunales, tras un recurso presentado por la promotora, negoció con ellos, según consta en el escrito presentado por la defensa el 11 de octubre de 2017, "acuerda con la promotora el inicio de un nuevo expediente de primera ocupación, en el que autorizó a la promotora a señalizar una nueva alineación sin derribar el muro oeste". Un acuerdo, que según los querellantes fue apoyado con los informes de la topógrafa municipal.

El procedimiento iniciado en 2007 concluyó con el sobreseimiento en 2008, ya que a juicio del magistrado hasta que no terminara la obra no se podría saber si se había respetado las alineaciones fijadas por el planeamiento y si estas invadían los suelos calificados como zona verde.

Al margen de esa cuestión, apuntaba en su escrito de archivo, será "lo que resulte cuando se dé o no licencia de primera ocupación, dicho muro deberá ser demolido una vez se ejecute el cerramiento de parcela y como condición previa a la concesión de licencia de primera ocupación".

En este auto del 8 de mayo de 2018, el magistrado Manrique Tejada indica que los razonamientos contenidos siguen vigentes, "con la salvedad de que, en la actualidad nos encontramos con que las obras finalmente concluyeron y con que la infracción de la legalidad urbanística es indiscutida, como también es indiscutible que la restauración de dicha legalidad no ha sido efectiva como consecuencia de la pasividad municipal". El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, tendrá ahora que señalar la apertura de juicio oral.

En 2013, la exedil García Romeu lanzó el primer decreto para que se restaurase la legalidad. Desde junio de 2015, según han confirmado fuentes municipales, el exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), emitió más de 10 decretos relacionados con la restauración de la legalidad de la obra, entre ellos tres multas coercitivas por valor de 1.800 euros, cada una, y 8 desestimaciones, inadmisiones o denegaciones de recursos interpuestos por escritos y recursos planteados por Urbana Juárez S.L. De la misma manera, durante este periodo, el edil ha evacuado al menos seis decretos relacionados con la licencia de primera ocupación de la vivienda, la mayor parte de ellos inadmitiendo los recursos de la promotora, así como para la imposición de multas que han alcanzado los 600 euros, cada una de ellas.