El ministro de Justicia, Rafael Catalá.El Ministro de Justicia ha propuesto recientemente la supresión de la acción popular alegando que se utiliza como instrumento político por el adversario. La acusación popular está regulada constitucionalmente en el artículo 125 y gracias a su ejercicio se han instruido y condenando muchos casos de corrupción.
La acción popular es compatible con el ejercicio de la acción privada y la acción pública. En nuestro sistema jurídico no sólo el Ministerio Fiscal tiene el monopolio de la acción penal y a Dios gracias. Imagínense que no existiera la acción popular, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos que hemos conocido de movimientos e intentos de cambios de fiscales desde las más altas instancias para evitar indagar determinado delitos.
Si se deja en manos del Ministerio público el ejercicio de la acción penal, la discrecionalidad de ejercicio de la acción pública será la norma general. A modo de ejemplo, se puede recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares recurrió el primer Auto de imputación de la Infanta Cristina. La fiscalía anticorrupción de Sevilla, recurrió el Auto de imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto de ingreso en prisión de Miguel Blesa, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que se investigara al Presidente de la Comunidad de Murcia por el caso Púnica, la Fiscalía Anticorrupción intentó remover a los fiscales que investigan la operación Lezo….
En este escenario, también ha pensado el actual Ministro de Justicia en una modificación legislativa para que sean los fiscales los que instruyan las causas penales que a fecha de hoy está en manos de los jueces. Por tanto lo que proyecta es disminuir la independencia judicial y aumentar la politización de la justicia, que no sólo se percibe por la ciudadanía, sino que además es real.
Según el informe de la Comisión Europea, hecho público hace unos días, España es el tercer país menos independiente de la UE, solo por encima de Bulgaria y Eslovaquia. Y entre quienes califican de mala o muy mala la independencia judicial española, un 71% asegura que el principal motivo es la "interferencia o presión por parte del gobierno y los políticos". Un porcentaje que baja al 51% en el caso de los eslovacos y al 46% entre los búlgaros, dándose la paradoja de que estos países están detrás de nosotros en independencia judicial. Es descarado el intento del poder político de influir sobre el poder judicial, otra cosa es que siempre lo consiga. Aquí es cuando hay que aplaudir la labor de tantos jueces y fiscales que ejercen su trabajo con dedicación y profesionalidad evitando las presiones o injerencias externas e internas.
Lo que debe el Partido Popular es plantear en esta legislatura un conjunto de reformas estructurales en el ámbito de la Justicia que procuren la independencia judicial tan necesaria en un sistema democrático y que asegure un funcionamiento efectivo de las instituciones.
Ni la supresión de la acción popular, ni la atribución al Ministerio público de la fase instructora de la acción penal son medidas adecuadas para potenciar la separación de poderes. Estas propuestas tampoco deben plantearse de modo aislado sino a través de un conjunto de instrumentos que mejoren y fortalezcan nuestra justicia.
Sólo cuando se modifique la articulación del Ministerio Fiscal para hacer de él una institución más independiente podrá hablarse de corregir el ejercicio de la acción popular, que hasta el día de hoy ha sido un contrapeso necesario para equilibrar un Fiscal General del Estado dependiente del Gobierno. Y sólo cuando el Ministerio Fiscal deje de estar vinculado al Gobierno se puede empezar a pensar en atribuir la instrucción a los fiscales.
