El presidente de la Diputación de Alicante.César Sánchez, este martes, en su despacho. Foto APALICANTE. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, lo ha dicho bien claro: "La sentencia del TSJ, que anula los decretos de coordinación turística, marca un punto de inflexión". Sánchez se da por liberado y se ve con manos libres para ejercer: ha venido a decir que la lealtad institucional con Valencia toma otro rumbo y que sí, que hay que hablar y dialogar con el Consell pero casi en términos de bilateralidad -una especie de Urkullu del sur-, como un actor más y garante de la realidad provincial, diferente a la del resto de la Comunitat, como él mismo viene a considerarla por sus evidentes diferencias con el Gobierno bipartito.
Lo normal es que Sánchez hubiera arremetido contra Ximo Puig y Mónica Oltra por las formas con las que aplicaron el decreto de coordinación; lo normal es que hubiera rajado de la coordinación, que no le ha costado dinero a la Diputación de Alicante ni le ha impedido cualquier política, que sepamos; lo normal es que hubiera exigido un trato distinto en ese foro en el que están los empresarios y las administraciones.
No. César Sánchez, el hombre conciliador y equilibrado ante los excesos de sus diputados, se vistió este martes de piel de cordero y vino a decirnos que malos son estos chicos del PSOE y de Compromís, que esto es muy distinto, que la deriva independentista está ahí a la vuelta de la esquina, que sólo la Diputación de Alicante puede defender este territorio, que son realidades muy distintas...
Da igual que el Estatuto de Autonomía -por cierto impulsado por Francisco Camps y avalado por el PSPV de Joan Ignasi Pla- diga que las competencias de Turismo son exclusivas de la Generalitat...o que haya una ley -que recoge esa misma sentencia que ha anulado el decreto de coordinación- que contempla todo lo contrario: que las diputaciones deben coordinarse con el Gobierno de la autonomía, como aprobó el PP en 2010.
Y posiblemente, la razón no esté ahí: el centro de la diana está en que el gobierno del Botànic ha errado su primer tiro contra las diputaciones. Y ahora Sánchez, sabedor eso, quiere cobrarse la factura. Y esa factura será en forma de un IMSERSO con sobre sorpresa, una reivindicación que nunca oímos a ninguna patronal y que descubrirá sus verdaderas intenciones el día que sepamos donde se ubican los hoteles beneficiados por la medida de gracia. Porque tendría marras que esto ahora se repartiera con criterios objetivos, a tanto por cabeza.
A Sánchez, o al PP, hay que reconocerle el mérito de darle la vuelta al calcetín a la situación: da igual que su gobierno se sustente en un tránsfuga; que hasta anteayer el dinero se repartiera en función del color político de los municipios; que los técnicos del área de Turismo estén bajo sospecha por trocear contratos, que el sheriff de La Nucía, Bernabé Cano, a la sazón, diputado provincial, humille a la oposición todos los plenos y se regodee de ello, etc
El PP quiere cobrarse la prepotencia de Puig y Oltra y su "superioridad moral" con el 'Alicante es diferente'. Y además, hay que reconocerlo, les sopla el aire a favor: el tripartito (con Podemos incluido) les ha regalado el cabreo de la educación concertada y ahora hay revuelo en su granero de votos, la Vega Baja. La medida más polémica, el decreto del plurilingüismo, parece que sólo tenga padres en Valencia, pues que sepamos, sólo el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, se ha dignado a defenderlo de Alicante hacia abajo. Da igual que el plan se parezca al que pusiera en marcha la popular María José Català con un nombre parecido; da igual, a río revuelto, ganancia de pescadores. El 9 d'Octubre de 2019, Bonig presidenta, y todos valencianos. Los de allí y los de aquí.
