Ayuntamiento de Benidorm. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), mayoritario en el Consistorio de Benidorm, ha impugnado la aprobación inicial del reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional Horizontal del Personal del Ayuntamiento de Benidorm. El documento se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) el 3 de enero para dar un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones, como así lo ha hecho este sindicato, según ha podido comprobar este diario.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TDJCV) dio la razón al SPPLB en marzo de 2022 al reconocer el derecho de los funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm a la carrera profesional. Obligaba al Consistorio a iniciar "a la mayor brevedad posible" los trámites legales oportunos para aprobar un reglamento por el que se establezca un sistema de grados de desarrollo profesional y que sirva para "regular los requisitos, forma de acceso y retribuciones asignadas a cada uno de los grados". El pleno sacó adelante por unanimidad el texto en diciembre de 2022 para su aprobación inicial. Según figura en el propio documento, fue "negociado con la parte social en cuatro mesas generales de negociación, generando un consenso en el documento referido". Pero no todos están de acuerdo con lo allí aprobado. El acta de la última mesa contó con el voto a favor de CSIF y CCOO, y la abstención de UGT y SPPLB.
Este último ha mostrado su disconformidad, sobre todo, con la Disposición Final Tercera: "A los efectos de su aplicación económica será negociada en el ámbito de la Mesa General de negociación, supeditada a los informes preceptivos de la Intervención Municipal donde se detallarán sus fases de aplicación y la disponibilidad presupuestaría, y aprobada por el órgano competente".
Algo que consideran "lesivo para los intereses de los trabajadores del Ayuntamiento de Benidorm" y que no se está cumpliendo con la sentencia ya que "la aplicación económica queda pospuesta sine die, quedando condicionada a la disponibilidad presupuestaria", según ha transmitido el Sindicato a los funcionarios. "La sentencia dice que paguen a los interesados", afirma. A su vez, aportan fallos e informes de Intervención que aseguran, "podrían probar" que la forma de actuar es "temeraria, imprudente e incluso -dice el comunicado- podríamos definirla como con mala fe".
Por todo ello, piden que se elimine esta consideración del reglamento final. Al mismo tiempo, han solicitado una reunión con carácter de urgencia con el alcalde, Toni Pérez, para llegar a un acuerdo sobre este punto.
