La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en su comparecencia en Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Sí a la reforma, no a la ampliación. No, al menos, la que sería necesaria para implantar todos los juzgados y servicios que había proyectado la Conselleria de Justicia. La titular del área, Gabriela Bravo, ha confirmado este miércoles que su departamento y el Ayuntamiento de Alicante trabajan ya en el estudio de ubicaciones alternativas, próximas al edificio del Palacio de Justicia de Benalúa, en el que situar esas nuevas dependencias, a la vista de que el catálogo de protecciones que formará parte del nuevo Plan General preserva el inmueble como elemento de protección total. Ese grado de protección, según ha explicado Bravo, hace prácticamente imposible que se gane la volumetría que se pretendía. O lo que es lo mismo, espacio físico para compartimentar nuevas dependencias, tras el cerramiento y cobertura de algunos patios interiores, como se preveía en el proyecto que se había barajado hasta ahora.
¿Por qué se había pensado en ganar metros cuadrados de techo en el interior del propio edificio? Según Bravo, porque hasta ahora, el catálogo de protecciones elaborado bajo el mandato del PP (que nunca llegó a entrar en vigor, aunque sí lo hizo la suspensión de licencias previa para evitar posibles alteraciones) preservaba el edificio en un grado de protección parcial, que sí permitía llevar a cabo ampliaciones. A primera hora de la mañana, la propia consellera ha mantenido una reunión de trabajo con el concejal de Urbanismo y vicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en el que ha quedado claro que la normativa urbanística ahora en desarrollo impide esa posibilidad y que, por tanto, habrá espacio para nuevas dependencias, pero no para todas las que se proyectaba.
Bravo ha apuntado que probablemente en diez días se conocerán esos emplazamientos alternativos para reubicar las que no tengan cabida en el edificio principal y ha confirmado que ya se buscan en coordinación con el Ayuntamiento. Además, ha insistido en la necesidad de acometer una reforma integral del edificio de los juzgados. Eso sí, sobre los plazos, ha reconocido que sería "un verdadero triunfo" si dentro de un año se inician las obras. "No podemos, por supuesto, saltarnos las normas urbanísticas y si se tiene que hacer una adecuación que no pase necesariamente por la ampliación estructural de Benalúa, pues nos tendremos que acomodar a la catalogación de los edificios protegidos", ha continuado y ha advertido que la volumetría de los juzgados se mantendrá. Por ello, se buscarán ubicaciones alternativas para distribuir los órganos judiciales fuera del edificio principal porque "creo que todos no van a caber".
En ese sentido, ha tildado de "inaceptables" las condiciones en las que tienen que trabajar secciones como la Fiscalía. Con todo, ha rechazado visitar Alicante para poner "primeras piedras" y sí para iniciar las obras.
Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ha trasladado a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que dará máxima prioridad al proyecto de remodelación del palacio de Justicia de Benalúa, un edificio cuya protección municipal está propuesta desde 2008. Pavón ha explicado que, de inmediato, se convocará una reunión entre los técnicos de ambas administraciones para abordar las necesidades de nuevos espacios judiciales -en torno a los 10.000 metros cuadrados- que tiene la ciudad, así como acordar de qué manera se pueden concretar todas las posibilidades de ampliación en metros cuadrados del edificio, sobre todo bajo el terreno.
El proyecto, según ha explicado Pavón a través de un comunicado, incluye en una tercera fase la ejecución de una planta subterránea que podría albergar archivos y calabozos, proyecto cuya viabilidad será estudiada por los técnicos, teniendo en cuenta que podría existir un refugio antiaéreo de la Guerra Civil. Sólo en el caso de que las posibilidades de ampliación no cubrieran las necesidades existentes se estudiarían otras alternativas.
Urbanismo da el visto bueno a las obras previstas para reparar cornisas y cubiertas y para adecuar diversas dependencias de la planta primera. En cuanto a los elementos de inadecuado encaje en el proyecto se encuentra la ejecución de edificios adosados a las fachadas -como núcleos verticales de escaleras o ascensores que podrían plantearse en la tercera fase de las obras de reforma- o el cerramiento total del patio de los naranjos, antigua entrada del espacio carcelario. Tan solo se podría admitir, en esta segunda fase del proyecto, añade el edil, "el cerramiento provisional del patio para trasladar dependencias mientras se realizan obras en el interior del edificio".
El concejal de Urbanismo, que ha agradecido a Gabriela Bravo que haya mostrado el más absoluto respeto por la propuesta de protección de los técnicos municipales, recuerda que se trata de un inmueble al que el anterior equipo de gobierno le llegó a otorgar protección "integral" en la primera versión del Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos de la revisión del Plan General, del que posteriormente se desistió. Posteriormente, en sucesivas versiones del Catálogo, en 2009 y en 2010, la protección pasó a ser parcial.
En el actual Catálogo de Protecciones, continúa el edil, "el edificio cuenta con una protección tipológica, lo que implica que la mayoría de las obras que plantea la Conselleria tienen encaje". Por último, Pavón ha desmentido "con absoluta rotundidad" que se tengan que demoler ninguno de los elementos que en la ficha se califican de impropios. "Tan solo se especifica en la ficha que no se debe generar ningún nuevo elemento que no corresponda a la concepción original del edificio", concluye el vicealcalde.
Bravo también ha anunciado que la provincia de Alicante contará con ocho oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) con la incorporación de la nueva sede de Elda. Asimismo, la de Elche tendrá la misma consideración que las tres de las capitales provinciales. Así, se construirá una red de OAVD con sedes en Dénia, Alcoi, Benidorm, Orihuela, Torrevieja y las dos de carácter más amplio de Alicante y Elche. Bravo ha asegurado que la implantación de la red es un "compromiso" del Consell para que las víctimas "se sientan apoyadas, escuchadas y puedan contar con los recursos de la administración para seguir afrontando día a día su vida tras sufrir un duro golpe como puede ser cualquier tipo de delito y, en especial, aquellos que afectan al ámbito de la violencia de género".
La consellera ha destacado que "se supera el modelo anterior basado única y exclusivamente en la asistencia jurídica" y desde ahora se incorporarán a las oficinas "otro tipo de profesionales que permitirán que la asistencia multidisciplinar e integral sea una realidad". Por ello, se incorporarán psicólogos, trabajadores sociales y criminalistas.
Para la puesta en marcha del nuevo modelo, Gabriela Bravo ha recordado que los presupuestos de la Generalitat cuentan con una partida específica en 2017 de 1,1 millones de euros, que se suman a los 1,5 millones con que contará el modelo de Favide.
A ese respecto, ha entendido que a lo largo de 2017 debería producirse el período de transición desde Favide a OAVD y ha detallado que se estudia cómo asumir los 33 trabajadores de Favide y ha subrayado que "los que se queden fuera van al paro, obviamente. La idea es integrar al máximo posible".
Bravo ha indicado que la implantación será progresiva y que la sede provincial de Alicante se habilitará en las dependencias de la antigua Biblioteca de los juzgados de Benalúa. Al respecto ha señalado que las obras están adjudicadas y que de manera inmediata deberían comenzar las obras.
