La oficina municipal en la que se centraliza el Programa de Alquiler Asequible de Alicante.ALICANTE. Nueva etapa en la prestación del servicio de mediación que facilita el arrendamiento de vivienda privada bajo tutela pública, a través del Programa de Alquiler Asequible puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alicante. La Junta Rectora del Patronato Municipal de la Vivienda ha acordado este martes sacar a licitación por 817.074 euros para dos años el contrato para la gestión de dicho programa, mediante el que se gestionan un total de 443 pisos de particulares a precios inferiores a los del mercado. La prestación se realizará por dos años, con posibilidad de concesión de una prórroga de dos años más, que haría que el importe del contrato ascendiese a 1.350.536 euros. Con todo, el acuerdo no ha estado exento de controversia por lo que respecta a las valoraciones facilitadas por los grupos políticos que ejercen funciones de oposición, aunque a la postre la convocatoria del concurso se ha aprobado sin ningún voto en contra, al sumar el respaldo de PP, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem y la abstención del PSOE.
Por partes. En primer término, el concejal delegado del Patronato Municipal de la Vivienda, Carlos de Juan, ha explicado, a través de un comunicado, que "el objetivo principal" a perseguir a través de la licitación del nuevo contrato sobre el programa de Alquiler Asequible "es hacer efectivo el derecho al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible a sus posibilidades económicas, al usuario de dicho programa, así como promover la puesta en uso de las viviendas vacías y su ocupación, a precios por debajo del mercado libre de arrendamiento, mediante la mediación entre propietarios privados y demandantes de viviendas de alquiler asequible".
Según ha incidido De Juan, con este programa "se otorga beneficios al propietario, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler, a personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado. Es un servicio gratuito para propietarios y demandantes de vivienda", ha subrayado el edil, quien ha resaltado además "el desarrollo del Observatorio de Vivienda en Alquiler para que este programa funcione con alquileres asequibles por debajo del mercado libre".
En esta línea, el PSOE, a través de la concejala Silvia Castell, ha denunciado que el equipo de gobierno del PP "deja desprotegidas a las familias con más necesidades al suprimir un plan específico para facilitar el acceso a vivienda de alquiler asequible en la Zona Norte de Alicante, y otro subprograma concreto para procurar recursos habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad" que sí se contemplaban en el contrato precedente, adjudicado en 2020 a La Factoría.
Castell ha explicado que existe una diferencia sustancial entre el objeto del contrato que esta actualmente en vigor con el que se pretende licitar ahora. En concreto, según ha sostenido, en el de 2020 el programa que sirve para poner en contacto a propietarios y arrendatarios recoge en su ámbito de actuación todo el territorio municipal y, además, contempla una intervención específica en la Zona Norte. Además, se incluía otro subprograma específico para atender a familias o personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no pueden acceder al mercado del alquiler por sus propios medios; una actuación que se desarrolla en coordinación con los servicios sociales municipales mediante el Programa de apoyo a la integración de familias y personas con dificultad de acceso a una vivienda.
"Con esta nueva contratación, el gobierno de Barcala deja en la estacada a las familias que más dificultades tienen en Alicante. Es incomprensible que en la segunda fase del plan integral de barrios de la Zona Norte se contemple, como una acción concreta, impulsar un programa de alquiler asequible de vivienda y se comprometa el apoyo a la integración a través de la vivienda, pero en el contrato de la empresa que gestionará el servicio no se incluya esta precepto", ha destacado Castell.
En esta línea, el PSOE considera que es imprescindible mantener las medidas de apoyo específico al acceso a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión y en las zonas más deprimidas de la ciudad. "No podemos olvidar que Alicante concentra tres de los barrios más pobres de España y que la renta media es la tercera más baja de las principales ciudades del país, solo por detrás de Ceuta y Melilla", ha añadido la concejala. Así, ha incidido en que "a pesar de no incluir nuevas prestaciones y de haber suprimido el programa específico dirigido a las personas en situación de vulnerabilidad, el nuevo contrato saldrá a licitación por 817.074 euros por un periodo de dos años, lo que supone 42.432 euros más que el que se encuentra en vigor".
De ahí que los representantes del PSOE hayan optado por la abstención en la aprobación de este punto al considerar que "no se puede bloquear un programa que está dando servicio a numerosos alicantinos y alicantinas y cuyo contrato finaliza en marzo". En todo caso, el PSOE ha mostrado su disconformidad "por suprimir la atención específica a las familias con mayores dificultades".
También se ha referido a la vigencia de ese programa el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, quien ha señalado que "la ciudad de Alicante tiene en torno a 190.000 viviendas. Las viviendas sociales son el 0,62%: 1.192 (sin contar las de ONGs y fundaciones) y las casas vacías el 8.3% (15.733). En España la media de viviendas sociales: 2.5% y en Europa el 9,3%. Por tanto es necesario multiplicar por cuatro la vivienda social ya que tenemos listas de espera en solicitudes de vivienda social, incluso con Informe de Emergencia Habitacional".
Al tiempo, ha incidido en que "los precios de alquileres están desorbitados. En la Zona Norte se está cobrando por habitación 200 euros al mes. Eso sin contar con las viviendas en las que personas mayores no pueden acceder al exterior por no disponer de ascensor. Siguen los desahucios sin alternativa habitacional. Y estamos viendo cómo las inmobiliarias expulsan a los inquilinos para especular o para dedicarlas a alquiler turístico: turistificación".
En esta línea, ha considerado que "las propuestas del Patronato se quedan muy cortas ante la situación límite que están atravesando muchas familias. Creemos que son de agradecer los intentos por abordar esta situación de la vivienda en Alicante, pero desde luego que son pasos muy tímidos. Es necesario poner en uso las viviendas e inmuebles vacíos a través de medidas fiscales, con el objetivo prioritario de fomentar el alquiler social y reservar viviendas del parque público para jóvenes. Y el Patronato debería apoyar y solicitar la actuación del Programa de Regeneración Comunitaria de Barrios Vulnerados como los de la Zona Norte y el cementerio. En definitiva, necesitamos que la vivienda pase a ser una prioridad dentro de las competencias que se pueden desarrollar desde el Ayuntamiento. Echamos en falta un plan de actuación del Patronato mucho más ambicioso", ha concluido.
Al tiempo, la Junta del Patronato también ha validado la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 por la que se conmina al Ayuntamiento a abonar el pago de los honorarios profesionales adeudados al arquitecto redactor de proyecto técnico de rehabilitación del conjunto de 250 viviendas y cinco locales de los módulos del barrio de Juan XXIII, después de que la comunidad de propietarios interpusiese recurso frente a la pretensión de que ese coste tuviese que ser asumidos por los residentes de dichas viviendas.
El acuerdo se adopta ahora, después de que los servicios jurídicos municipales concluyesen que no existía argumentos para recurrir esa resolución judicial, dictada en febrero de 2023. En concreto, el acuerdo conlleva el pago de más de 150.000 euros (154.427,73 euros) al incluir el importe principal reclamado por el arquitecto (143.716,88 euros) más los intereses legales devengados desde la reclamación del abono, en abril de 2021, que ascienden a 10.710,85 euros adicionales.
Al tiempo, la Junta del Patronato de Vivienda ha adoptado otros tres acuerdos de relevancia: se ha adjudicado la rehabilitación de siete viviendas para alquiler social por 90.522 euros, se ha cedido un piso preparado para vivir para atender casos de emergencia habitacional y se ha cerrado el expediente de resolución del contrato suscrito con Categor para la terminación de las viviendas del Portón, tras no presentarse alegaciones, para el inicio del nuevo contrato que debe permitir la finalización de este bloque de viviendas destinadas al alquiler social para jóvenes ubicado en el Casco Antiguo.
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Respecto a esos tres acuerdos, fuentes municipales han precisado que se ha adjudicado la puesta en uso de siete viviendas incluidas en el programa de Alquiler Social del Patronato Municipal por un montante de 90.522 euros, en dos lotes. El primer lote en el que se incluyen tres pisos se adjudica a Esclapés e Hijos S.L. por un montante de 46.714,83 euros, mientras que la mercantil Obras y Servicios Benacantil del Levante S.L. se ocupará de los cuatro del segundo lote por 43.808,05 euros.
El Ayuntamiento gestiona dentro de este programa un tal de 746 viviendas en régimen de Alquiler Social, a los que se añadirán estos siete nuevos pisos. Además, se trabaja en el proyecto para rehabilitar el antiguo edificio de maestros de San Gabriel con el fin de disponer de 10 nuevas unidades, para lo que ha sido incluido el mismo en el proyecto de presupuestos para 2024, como había anticipado este diario.
En segundo lugar, también se ha adscrito a la concejalía de Bienestar Social una vivienda preparada "para entrar a vivir para hacer frente a casos de emergencia habitacional". Este piso se suma a los 6 destinados al programa de Inclusión y otras tres viviendas al programa Sentinel, para atender situaciones que requieran una actuación urgente por parte de la administración municipal en materia de vivienda con carácter temporal.
Finalmente, se ha dado por cerrado el expediente de obras del edificio del Portón tras el cese de actividad por parte de la empresa constructora, sin que se hayan presentado alegaciones ni por la mercantil ni por su aseguradora. De esta forma, se da paso al inicio del nuevo expediente ya autorizado por el Patronato para la licitación de las obras restantes hasta concluir el proyecto para habilitar 13 viviendas de alquiler social en el Casco Antiguo.
Por lo pronto, ese conjunto de acuerdos también ha suscitado la valoración del grupo municipal de Compromís. Su portavoz, Rafa Mas, ha calificado de "caos" la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en lo que respecta a las políticas de vivienda. "Desde que gobierna el PP, ya casi 6 años, la gestión de lo público es caótica. No entendemos una gestión tan negligente de lo público cuando casi todos los servicios están privatizados", ha señalado.
"Hoy, en el Patronato de la Vivienda, hemos tenido que hacer frente al pago de una sentencia de más de 150.000 euros por un conflicto de una comunidad de vecinos. También hemos resuelto el contrato con la constructora de las 14 viviendas del Portón. Otra obra empantanada con empresa a la fuga por la falta de control por parte del Ayuntamiento", ha considerado. Por ello, ha incidido en que la reunión del Patronato de este martes ha servido "para solucionar las chapuzas de gestión del anterior equipo de gobierno dirigido por el mismo pésimo gestor, Luis Barcala: 6 años sin construir ni una sola vivienda pública".
