ALICANTE (EFE/AP). La providencia dictada por la jueza que instruye la causa sobre las presuntas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 han motivado este miércoles una cascada de reacciones políticas. Entre ellas, las del alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, que ha considerado lógicas las citaciones como investigados de la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y otros técnicos municipales.

En concreto, tras conocer que la magistrada había citado a Gómez, a la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman (que ha regresado a su plaza como jefa de Contratación) y a dos arquitectos municipales que compraron vivienda en la promoción, Barcala ha expresado el "máximo respeto a las decisiones judiciales" y ha ofrecido la colaboración a la causa. "Entendemos perfectamente esta resolución", ya que trata de que presten declaración todo aquel que ha estado relacionado con la adjudicación irregular de las viviendas de la promoción de Les Naus por parte de una magistrada que será quien "tiene que dilucidar" lo que ha ocurrido. 

El primer edil ha incidido en que tendrá que responder "todo aquel que haya accedido a las viviendas de forma irregular", ya que, bajo su punto de vista, "ese es el objeto de la investigación judicial, ese es el objeto de la resolución que ahora ha dictado" la jueza, "que es quien tiene que dilucidar". Así, ha mostrado "máximo respeto a las resoluciones judiciales" y ha asegurado que desde el consistorio han aportado al juzgado "todo" lo que se les ha solicitado, al tiempo que ha enfatizado que "otras investigaciones" es "obvio que no tienen la trascendencia que tiene esta, que esta es la que de verdad va a depurar responsabilidades".

Así, ha apuntado que no ofrecerá "ninguna valoración" adicional respecto a la causa "porque la juez está actuando, y esa actuación es la que tendrá o no consecuencias, y en base a la cual se tomarán decisiones". En este sentido, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de acordar medidas disciplinarias respecto a la jefa de Contratación después de que se haya planteado su citación en calidad de investigada.

Además, el primer edil, que ha hecho estas declaraciones en un acto sobre el impacto del cambio climático en el turismo, ha recordado que próximamente comparecerá en las dos comisiones de investigación abiertas sobre este escándalo, la municipal y en Les Corts Valencianes, y que "por respeto" se reservará sus manifestaciones para cuando responda a las preguntas que le puedan formular los representantes de ambas instancias.

En esta línea, Barcala también ha evitado pronunciarse sobre el desarrollo de la comisión municipal de investigación porque, según ha argumentado, ni la preside ni forma parte de ella, aunque ha dicho que es falso que se tuviera conocimiento de que tres funcionarios a los que se había invitado a comparecer en la sesión celebrada el pasado martes se habían ofrecido a dar información por escrito. "Eso es una falsedad", ha dicho.

Tampoco ha querido valorar si acertó o no cuando eligió a Rocío Gómez como integrante de la candidatura electoral en las municipales de 2023, primero, y como concejala de Urbanismo, después. Al respecto, ha sostenido que "esas son unas cuestiones de valoración o de opinión que no aportan absolutamente nada". Además, al ser cuestionado sobre si se va a facilitar el resultado de los expedientes de averiguación internos abiertos respecto a la participación de funcionarios en la tramitación de la promoción de Les Naus, el alcalde ha subrayado que "eso es materia absolutamente reservada y los primeros que no permiten su difusión son los propios sindicatos".

Por último, sí se ha referido, no obstante, al envío de la notificación notarial al concejal de Compromís Rafa Mas para que se retractase y rectificase unas declaraciones suyas en las que le atribuía a él y a la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, el conocimiento de las supuestas anomalías en las viviendas de Les Naus. Al repecto, Barcala ha explicado que es un trámite "imprescindible" para la posterior interposición de acciones judiciales por "afirmaciones difamatorias, insultos y falsedades" contra su persona. "Ya dije que no iba de farol y que no se iba a permitir que se difamase", ha recalcado.

La oposición insiste en exigir responsabilidades 

Por su parte, los representantes de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) también se han manifestado sobre la providencia de la jueza instructora. En primer lugar, en un comunicado, la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas este miércoles en relación a Les Naus ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde y que han formado parte de la estructura municipal. "Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria", ha resaltado. "Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante", ha añadido la socialista, quien ha comentado que algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión tendrán que declarar ahora como testigos.

Para Barceló, "este escándalo no ocurrió al margen del ayuntamiento sino dentro del propio ayuntamiento" lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de asumir responsabilidades políticas, algo que le corresponde al propio alcalde después de que haya sido citada como investigada la exconcejala de Urbanismo y una directora general nombrada por designación directa, tras un proceso de selección pilotado por el equipo de gobierno.

En segundo término, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha exigido que "esta investigación llegue hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades, caiga quien caiga. No vamos a aceptar excusas, silencios ni intentos de tapar lo que ya es uno de los mayores escándalos de los últimos años en el Ayuntamiento de Alicante". "Esperamos que comparezcan ante la Justicia todas aquellas personas que hayan tenido algún tipo de responsabilidad, ya sea política, técnica o administrativa", ha añadido.

Así, ha considerado que "los alicantinos merecen saber quién tomó las decisiones, quién permitió estas adjudicaciones y quién miró hacia otro lado. No puede haber privilegios ni impunidad para nadie. Si alguien ha actuado mal, debe responder ante la Justicia. Alicante necesita claridad, responsabilidades y recuperar la confianza en sus instituciones.", ha concluido.

En tercer lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha considerado "curioso como la justicia ya van dando pasos, va imputando a personas por el escándalo de les Naus. 15 son los imputados, dos de ellos de la máxima confianza de Luis Barcala, y mientras tanto nosotros en la comisión de investigación municipal seguimos con falta de documentación, se nos oculta información. Se nos ocultan declaraciones de los de los comparecientes, no nos dan explicaciones. Por fin la justicia actúa y máxima confianza a la jueza en este caso de investigación". 

Mas se cuestiona qué más elementos necesita Barcala para "apartar de sus responsabilidades a una de las imputadas", en alusión a la jefa de Contratación

Además, ha puesto el foco en la citación de la actual jefa de Contratación para señalar cuestionar al alcalde "qué más le falta, qué más datos le faltan para apartar de sus responsabilidades a una de las imputadas por este caso de presunta corrupción como es el caso de les Naus, qué más motivos le faltan. Nos lo tendrá que explicar, lejos de amedrentar, lejos de amenazar, lejos de coaccionar a los concejales de la oposición tendría que estar ya el propio alcalde declarando de forma voluntaria ante la jueza", ha indicado.

Por último, el portavoz local de EU-Podem, Manolo Copé, ha considerado que la providencia de la magistrada deja "claro que existen indicios suficientemente serios" de irregularidades y ha exigido al consistorio "máxima transparencia, colaboración absoluta con la Justicia y la asunción de todas las responsabilidades" porque "Alicante merece saber qué se hizo con su patrimonio público, quién tomó las decisiones y en beneficio" de qué personas. "La citación judicial de quince personas en el caso de las VPP de Alicante confirma que no estábamos ante una polémica menor ni ante una simple discusión administrativa, sino ante un asunto de enorme gravedad que afecta de lleno a la gestión del suelo público, a la limpieza institucional y al derecho a la vivienda de miles de familias. Cuando un juzgado da este paso, lo que queda claro es que existen indicios suficientemente serios como para investigar a fondo lo ocurrido", ha señalado. 

En este sentido, ha exigido "máxima transparencia, colaboración absoluta con la justicia y la asunción de todas las responsabilidades políticas que correspondan. Alicante merece saber qué se hizo con su patrimonio público, quién tomó las decisiones y en beneficio de quién. No podemos normalizar que, mientras cerca de diez mil solicitudes de vivienda evidencian la emergencia habitacional que vive nuestra ciudad, el suelo público destinado a vivienda protegida quede bajo sospecha de haber sido utilizado para favorecer intereses particulares", ha recalcado. "Este caso demuestra también la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control, fiscalización y transparencia en el Ayuntamiento de Alicante para impedir que algo así vuelva a repetirse. La vivienda pública es una herramienta esencial para garantizar derechos, no un espacio para privilegios ni para prácticas opacas", ha apostillado.