ALICANTE. El entendimiento entre el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), y Vox persiste. Sobre todo, en lo que respecta a la planificación económica municipal. Así se ha vuelto a poner de manifiesto en el pleno ordinario de abril, este jueves, en el que las dos formaciones han vuelto a sumar sus votos (18 en total) para aprobar la primera modificación de crédito del presupuesto de 2026, que asciende a 3,5 millones. Se trata del primer cambio respecto al proyecto aprobado por las dos mismas formaciones en enero, a través de un nuevo acuerdo presupuestario ligado al cumplimiento de determinadas propuestas planteadas por Vox a los que, de hecho, se prevé dar cumplimiento con este primer cambio presupuestario. 

La encargada de defender la iniciativa ha sido la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, quien ha sostenido que la primera modificación de créditos trata de acometer proyectos necesarios de la ciudad, entre los que se encuentra la demolición de la vivienda de la calle Roselló, con el fin de regenerar el espacio y crear un nuevo parque en su parcela, situada en el barrio de La Cerámica. Además, ha apuntado que la modificación también contempla la incorporación de juegos infantiles, adaptados a niños con discapacidad, la instalación de baños públicos autolimpiables en puntos turísticos de la ciudad, así como la construcción de un edificio de oficinas en el área empresarial del Pla de La Vallonga.

De igual modo, el ajuste contable comprende un cambio del sistema de financiación para la ejecución de las obras de reurbanización y peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento y para el desarrollo de las obras de rehabilitación del edificio de las antiguas viviendas de los maestros de San Gabriel, para habilitar 14 viviendas destinadas al alquiler accesible para jóvenes. Por último, la edil también ha señalado que se incluye la provisión de 1,7 millones para facilitar el pago de intereses de demora por facturas impagadas, varios de ellos ya confirmados  por sentencia judicial.

Ese último extremo es uno de los que ha centrado la mayor parte de las críticas de los grupos opositores del eje progresista, que han sumado sus votos en contra. En primer término, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que la propuesta es un reflejo de la mala gestión económica del PP. Además, ha lamentado que no se contemplen actuaciones encaminadas al desarrollo de vivienda social o a mejoras en los barrios, ni para la puesta en marcha de medidas que mitiguen los efectos del cambio climático o para mejorar el servicio de transporte público. Así, ha apuntado que la modificación de crédito es "un parche" para tapar deudas. Por último, también ha recriminado que se detraigan fondos destinados a la cobertura de puestos de la plantilla municipal no cubiertos. "El PP prioriza la propaganda de la mando de Vox", ha incidido. Y aunque haya considerado que la modificación incluya "alguna partida buena", ha considerado que no resulta suficiente para recabar su apoyo.

Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha denunciado que Beldjilali no se haya sentado nunca con los grupos opositores para tratar de negociar las modificaciones de crédito y que se limite a pactarla con Vox, según ha dicho, a pesar de que, después, no se haya promovido varias de sus exigencias, como la instalación de sombrajes en calles comerciales. Además, ha reprochado la existencia de anuncios que no llegan a cumplirse, como la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento o la remodelación de los cines Aba6. Sin embargo, ha sostenido que lo único que sí se tiene en cuenta es la ampliación de fondos a las contratas municipales. De igual modo, ha recriminado que se "rasque" una partida de un millón del presupuesto de personal, sin que se amplíe la plantilla de la Policía Local en 100 agentes, como se había llegado a acordar en un acuerdo promovido por su propia formación. Al tiempo, se ha cuestionado qué ha pasado con los 167.000 euros destinados para la instalación de los toldos en Tabarca, que acabaron retirándose por falta de permisos de la Conselleria de Cultura. Y, por último, ha denunciado que se siga "inyectando" más dinero a las contratas, mientras el PP se niega en fiscalizar el funcionamiento de la contrata de zonas verdes. Por ello, ha justificado su voto en contra.

Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha anticipado su apoyo al considerar que "incluye propuestas de Vox". "Esa es la premisa; si no se cumplen los pactos, no hay modificaciones de crédito", ha resumido. Además, ha lamentado el "papelón" de la izquierda por oponerse al cambio presupuestario, tras enumerar aspectos sociales recogidos en la modificación de crédito, como la asignación de fondos a APSA o la regeneración de la parcela del barrio de La Cerámica, así como la instalación de juegos infantiles adaptados. "No hay ninguna oficina ni ningún aspecto ideológico que pueda motivar su rechazo", ha señalado. Respecto al pago de intereses de demora establecidos por sentencia, ha considerado que las sentencias hay que cumplirlas.

Por el PSOE, la edil Silvia Castell, ha abundado en su crítica por la falta de gestión y planificación, lo que habría llevado al ayuntamiento a tener que aprobar un Plan Económico Financiero (PEF). Además, ha denunciado que se haya perdido una ayuda del 428.000 euros del Ivace para llevar a cabo actuaciones de modernización en polígonos industriales. Y ha sostenido que la modificación de crédito se trae a pleno porque el presupuesto pactado con Vox era irreal. De igual modo, ha considerado que la gestión del PP es "irresponsable" porque se deja "a cero la partida reservada para emergencias". "Gobernar no es improvisar, es prever, y ustedes no preven nada", ha insistido. En este sentido, ha recriminado que no se contemplase el pago pendiente a la anterior concesionaria del contrato de mantenimiento de zonas verdes, Geamur. Al respecto, ha sostenido que se han acumulado pagos por 2,5 millones por intereses de demora en el pago de facturas. Y, por último, ha justificado el voto en contra del PSOE al considerar que la propuesta no arregla nada, y solo trata de volver a hablar de futuro cuando no se aportan soluciones para el presente.

En la réplica, Copé ha insistido en que ni el presupuesto ni la modificación de crédito sometida a debate no son los necesarios para la ciudad, pese a volver a reconocer algunas de las partidas contempladas. Mas ha vuelto a denostar la propuesta al sostener que solo se contemplan actuaciones menores en beneficio de los turistas. Castells ha acusado a Vox de "blanquear" al PP y ha denunciado que no se dé respuesta a problemas reales. "Venden futuro porque no saben gestionar el presente", ha concluido. Para cerrar el debate, Beldjilali ha sostenido que la modificación de crédito sí habla de vivienda, además de la mejora de juegos adaptados, o de la mejora del convenio con APSA, de la modernización de las áreas industriales. Por último, ha agradecido el respaldo de Vox y ha animado a la izquierda a respaldar la iniciativa, en beneficio de la ciudadanía. Así, en el momento de la votación, la propuesta ha prosperado con 18 votos a favor (14 del PP y 4 de Vox) frente a los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Comisión sobre el contrato de la zona azul

No se ha aprobado, sin embargo, la propuesta promovida por el grupo municipal de Compromís para constituir una comisión no permanente por la fiscalización y seguimiento de la nueva contrata del servicio de estacionamiento regulado, más conocido como la ORA o la zona azul, ahora en fase de licitación. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha sostenido que, antes de ampliar el espacio público sujeto a ese sistema de aparcamiento de pago, debería promoverse la creación de aparcamientos disuasorios. Además, ha recriminado que también se pretenda cobrar por el estacionamiento durante el mediodía, entre las 14:00 y las 16:00 horas, en un periodo que hasta ahora quedaba exento. De igual modo, ha lamentado que se opte por seguir ampliando la recaudación, en lo que ha enumerado el incremento del importe del recibo de la basura o la previsión de aumento de los ingresos por multas de tráfico. Además, también se ha cuestionado por qué se plantea la creación de nuevas zonas en determinados barrios, como el de Benalúa, por lo que ha considerado que resultaría necesario abordar esa planificación en el seno de la comisión propuesta.

Por EU Podem, Copé se ha cuestionado la necesidad o utilidad de crear una nueva comisión cuando las ya creadas no se convocan. En todo caso, ha considerado que sería justo que se evaluase lo que se plantea con la comisión para conocer su impacto. "El aparcamiento regulado tiene que haber un análisis riguroso y algo más de participación", ha considerado, cuando, según ha apuntado, no se habría concertado con los vecinos de los barrios afectados. Además, ha señalado que no puede ampliarse el estacionamiento regulado si no se acompaña de una mejora en el servicio de transporte público y solo se pone el foco en el aumento de la recaudación. Por Vox, el edil Óscar Castillo ha considerado que la iniciativa parte de "un modelo equivocado" para apuntar que crear una comisión para estudiar la implantación de zonas de pago no soluciona el problema, sino que lo agrava. "La pregunta de fondo es si se debe ampliar un sistema que es recaudatorio", ha considerado. "Lo que vemos en Alicante es su expansión sin justificación", ha añadido, para sostener que el sistema es útil si resulta eficaz. Así, ha defendido que lo que debería es revisarse el propio funcionamiento del sistema con estudios rigurosos, y no analizar su transparencia. En esta línea, ha considerado que no se podía apoyar la constitución de la comisión al no compartir el enfoque.

Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha apuntado que el servicio de la ORA y de la grúa lleva meses fuera de contrato por lo que ha considerado que ha habido tiempo para planificar esta ampliación en consenso con los vecinos. Así, ha apuntado que el nuevo contrato asciende a 143 millones e "hipoteca la ciudad por los próximos 19 años", sin que se haya aportado transparencia, información y participación ciudadana. En este sentido, ha apuntado que los vecinos no saben si sus calles van a ser zona azul o zona naranja, y ha añadido que el propio Ministerio de Hacienda apunta dudas sobre la posible rentabilidad del contrato propuesto. Todo, ha insistido, a pesar de que se prevé ampliar de cerca de 2.000 plazas actuales a más de 5.000, con la previsión de que pueda extenderse a 11.000, según ha recalcado. Por ello, ha considerado positivo que se constituya una comisión en la que se reflexione sobre el modelo propuesto.

El edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha cerrado el debate para señalar que "no va a haber una comisión de bulos" ni que sirva para generar mentiras y titulares. En esta línea, ha sostenido que la ORA es un mecanismo útil, tras sostener que en València fue Compromís quien amplió ese servicio. "No tienen criterio técnico", ha recalcado. De igual modo, ha sostenido que sí se ha facilitado información y ha emplazado a la oposición a estudiar la documentación. Además, ha negado que se contemple un escenario de ampliación de 11.000 plazas reguladas y ha defendido que la prioridad del nuevo contrato es priorizar al residente con la ampliación de la zona naranja, de estacionamiento gratuito. Al tiempo, ha explicado que sí ha habido reuniones con los vecinos para informarles sobre la propuesta.

En la réplica, Mas ha cuestionado al PP qué temor se tenía a fomentar la participación y la transparencia. Ruiz ha sostenido que esta comisión debió constituirse en 2024 cuando se analizó el estudio de viabilidad, por lo que ha considerado que debía promoverse ahora. Y De Juan ha vuelto a acusar a Compromís de mentir para incidir en que "este tipo de comisiones no resultan útiles" y no aportan debate, sino que lo degradan, sin que se aborde un "análisis riguroso". Así, ha acusado a Compromís de buscar la "farándula", tras insistir en la difusión de datos falsos, como el hecho de que se vaya a crear 11.500 plazas. Por último, ha señalado que sí existe un estudio de impacto, que el 80% de las plazas serán gratuitas para residentes y que el comercio está a a favor en la medida en que el sistema favorece la rotación de vehículos.

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha emplazado al PP a trabajar para atajar el mercadillo ilegal generado en el barrio de Colonia Requena para atajar la venta irregular y problemas de inseguridad. El edil de Seguridad, Julio Calero, ha sostenido que se trabaja con un dispositivo policial para evitar esa práctica, aunque ha sostenido que se ampliará el horario de ese operativo de "vigilancia ordinaria" en la que se han desarrollado más de 20 intervenciones, en las que se ha producido la incautación de artículos. Así, ha sostenido que se sigue trabajando para erradicar ese mercadillo, al margen de solicitar más colaboración por parte de la Policía Nacional, tras sostener que solo actúan de forma puntal. 

El también edil de Vox, Juan Utrera, ha instado al PP a actuar para reparar las goteras y los problemas de funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado registradas en los mercados municipales con el fin de evitar daños en el género (ha aludido a filtraciones en el Marcado Central cuando se baldea la Plaza del 25 de mayo) y de mejorar el confort de los clientes. La edil de Comercio, Lidia López, ha sostenido que ya se está actuando en la reparación de las cubiertas de los mercados y de los aires acondicionados. Sobre estos últimos sistemas, ha apuntado que se está tratando de mejorar su difusión para que pueda alcanzar al conjunto de espacios como el edificio del Mercado Central.

La edil de Compromís, Sara Llobell, ha solicitado al PP la actualización del listado de colegios públicos en los que se prevé ejecutar actuaciones de reparación y mejora tras la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento de edificios escolares, tras insistir en que su formación ya cuestionó en 2023 al equipo de gobierno para que promoviese un plan de mejora de infraestructuras educativas. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha reconocido que quedaba trabajo por hacer, tras recordar el punto de partida "de hace ocho años" en los que, según ha señalado, no se hizo nada por mejorar los centros educativos. Además, ha señalado que ya está publicado el listado de 55 colegios que se verán beneficiados por el contrato de mantenimiento y que el orden de prioridad de la ejecución de los trabajos se decide por criterios técnicos, no políticos. 

Nueva bronca por las VPP de Les Naus

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha cuestionado al equipo de gobierno cuándo prevé proporcionar a los grupos de la oposición la información solicitada en el marco de la comisión de fiscalización sobre la gestión de la vivienda de protección pública (VPP) y ha emplazado, igualmente, al alcalde, Luis Barcala, a comparecer ante esa comisión, sin escudarse en el informe jurídico emitido por la Secretaría General en el que se restringe la capacidad de la comisión para convocar a posibles participantes. En esta línea, ha considerado que el primer edil debe facilitar explicaciones sobre qué sabía y desde cuándo lo sabía respecto a la identidad de los compradores de vivienda de la promoción Residencial Les Naus.

Además, ha cuestionado la validez del informe jurídico emitido por el secretario respecto al carácter voluntario de las comparecencias, puesto que, según ha dicho, en ese informe no se alude al reglamento estatal que sustituye al Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), en las cuestiones no reguladas de forma específica. De igual modo, ha sostenido que en las comisiones que se han constituido con anterioridad han comparecido otros técnicos sin ningún impedimento.

En la respuesta, el vicealcalde y presidente de la comisión sobre las VPP, Manuel Villar, ha sostenido que la documentación de la que disponen los grupos de la oposición es la misma que se ha remitido al juzgado que instruye las diligencias sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y venta de las viviendas de la promoción objeto de la controversia. Al tiempo, ha recriminado que el Consell del Botànic bloquease la constitución de hasta 15 comisiones planteadas por los grupos de la oposición en les Corts. Así, ha considerado que la denuncia formulada por el PSOE respecto al bloqueo de la comisión solo podía calificarse como "hipocresía". Villar ha añadido, respecto al desarrollo de la comisión, que están fijadas dos nuevas sesiones con comparecencias ya previstas, aunque no confirmadas. Eso sí, no ha llegado a pronunciarse sobre la posibilidad de que Barcala llegue a comparecer en el momento en el que se proponga su presencia.

El equipo de gobierno insiste en la entrega de la documentación disponible a los grupos opositores, deja en el aire la comparecencia de Barcala y confirma que se mantendrá el sistema por el que los promotores serán quienes adjudiquen las futuras VPP que se construyan en la ciudad

De igual modo, la edil socialista Silvia Castell ha cuestionado al PP si va a permitir que el resto de viviendas de protección pública que se promuevan en la ciudad sobre suelo municipal sean adjudicadas por los promotores que las construyan, como sucede en el caso del Plan Vive. Todo, después de recordar, a colación de la pregunta previa, que los grupos de la oposición no disponen de la documentación sobre el Plan Vive ni del informe emitido por la Policía Local tras girar inspecciones en las viviendas de Les Naus para comprobar su grado de ocupación. Respecto a la adjudicación de las VPP futuras, ha considerado que no debería consentirse que vuelva a producirse el "escándalo" registrado en Les Naus, con la entrega de viviendas a personas vinculadas al PP y se ha cuestionado si ya existen "listas de espera" para esas futuras viviendas.

La respuesta la facilitado el edil de Vivienda, Carlos de Juan, quien ha acusado a Castell de tergiversar para sostener que la Ley y el procedimiento del Plan Vive establecen que es el promotor quien gestiona y quien adjudica las viviendas y que, en consecuencia, "vamos a cumplir la ley", con lo que ha dado respuesta a la pregunta del PSOE para certificar que se mantendrá ese sistema. Al tiempo, ha sostenido que el Plan de Vivienda incorpora las mismas determinaciones recogidas por el decreto autonómico respecto a los criterios para la adjudicación de VPP y ha defendido los requisitos adicionales introducidos por el Ayuntamiento en el caso de la parcela destinada a VPP de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas.

La edil del PSOE, Trini Amorós, también ha cuestionado al PP sobre si prevé dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con motivo del pacto por la ampliación de la suspensión de licencias para la implantación de alojamientos en la ciudad alcanzado con el PSOE el pasado julio. En este sentido, ha sostenido que el acuerdo que acabó prosperando con los votos socialistas solo ha servido, en realidad, para frenar el proceso de concesión de permisos, sin que se haya puesto en marcha ninguna otra iniciativa adicional, mientras se apuntan contradicciones en el proceso de participación pública sobre el Plan General Estructural (PGE).

Al respecto, el edil de Urbanismo, Toño Peral, ha sostenido que ya se ha producido la adhesión al convenio con la Generalitat para que el ayuntamienot pueda asumir la competencia de vigilancia, sanción y recaudación en los alojamientos irregulares. Además, ha sostenido que la propuesta de modificación puntual del PGOU en vigor también contempla la prohibición de la instalación de alojamientos en los bajos de los edificios. Y ha añadido que se ha acordado la prórroga de las suspensión de licencias hasta enero de 2027, lo que permite seguir trabajando en la nueva regulación, sobre la que se ha cerrado ya el proceso de exposición al público con la recepción de "un número importante de aportaciones" que ahora deben ser estudiadas y respondidas. Por último, ha manifestado el compromiso del PP por la promoción de vivienda al subrayar que el futuro PGE contempla el desarrollo de hasta 40.000 viviendas.

El edil del PSOE, Miguel Castelló, ha preguntado al equipo de gobierno cuando tenía previsto reabrir las bibliotecas cerradas en los barrios de Juan XXIII y Ciudad de Asís que ha dejado sin servicio a sus residentes, tras reprochar que Alicante cuente solo con 11 bilbliotecas en los barrios, cuando correspondería contar con 14, y que, además, solo 8 de las 11 estén de operativos, aunque con horarios parciales y cambiantes como consecuencia de la "falta de personal". En la contestación, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha apuntado que se sigue trabajando en la mejora del servicio con aspectos como el diseño de su programación particularizada y ha sostenido que los cierres puntuales obedecen a cuestiones como la realización de inventario, y no por falta de personal.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha cuestionado al PP qué actuaciones se prevé abordar para solucionar el problema de estacionamiento que se estaría registrando en el parque de La Ereta, con la formación de un aparcamiento improvisado con la presencia de gorrillas. El edil de Seguridad, Julio Calero, ha apuntado que la Policía Local interviene con actuaciones de vigilancia e incluso con la detención de gorrillas en los casos en los que se confirma que se han producido coacciones. 

La edil de Compromís, Sara Llobell, ha cuestionado también al PP sobre cuándo se prevé hacer público el estudio de viabilidad de la firma del convenio con Adif para desafectar y ceder a la ciudad los terrenos propiedad de dicha entidad en el Parque del Mar, después de alertar de la existencia de problemas de suciedad y de la proliferación de asentamientos irregulares. Al respecto, Llobell ha sostenido que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, comunicó en 2024 a los vecinos que se había encargado el estudio de viabilidad, sin que se conozca su resultado. El edil de Urbanismo, Toño Peral, ha sostenido que ese estudio está vinculado a otros instrumentos de ordenación urbanística y ha sostenido que la transparencia no consiste en publicar estudios parciales que puedan interferir en la correcta tramitación del planeamiento. Así, no ha llegado a precisar una respuesta concreta respecto al resultado de ese estudio de viabilidad, al sostener que ese estudio está vinculado a un proceso de ordenación todavía en curso. "Se hará público cuando proceda jurídicamente", ha sostenido Peral. "Hablamos de una actuación estratégica", ha dicho, que merece seguridad jurídica.

Peral elude avanzar el resultado del estudio de viabilidad respecto al convenio con Adif por la desafectación de las vías de Benalúa al sostener que se sigue trabajando en la propuesta de ordenación urbanística

Llobell también ha preguntado sobre cuándo se prevé formalizar la cesión a la Conselleria de Sanidad el edificio de la calle Pedreguer adquirido por el Ayuntamiento con el fin de que pudiese adaptarse para asumir el nuevo consultorio del barrio de San Gabriel, como solución a los problemas de funcionamiento de sus instalaciones actuales, con falta de espacio y de servicio médico. En su respuesta (y su primera intervención ante el pleno) el edil de Sanidad, Luis Morata, ha recriminado, primero, la falta de inversiones en infraestructuras sanitarias por parte del Consell del Botànic. Y, después, ha señalado que se está perfilando la adscripción concreta que va a tener ese inmueble, bien como ambulatorio o bien como centro de salud. En este sentido, ha sostenido que la documentación está preparada a la espera de que la Conselleria de Sanidad concrete el servicio que se acabará implantando finalmente, con la previsión de que la respuesta se produzca a corto plazo, según ha señalado.

El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha preguntado sobre el motivo por el que siguen sin hacerse públicos ni aprobarse formalmente la Estrategia Municipal de Igualdad de Trato y No Discriminación 2025-2028 y el Plan Municipal Integral de Inclusión de las Personas Migrantes. El edil de Seguridad, Julio Calero, ha respondido que se estaba trabajando en los dos documentos, que se encuentran en su fase final de redacción, a pesar de que se haya tenido que adaptar el servicio para dar respuesta al plan de regularización promovido por el Gobierno central. Copé también ha cuestionado acerca de qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno para reforzar el servicio de autobuses urbanos, tras enumerar situaciones como la saturación de los vehículos, los retrasos en su paso, o el recorte de frecuencias, entre otros puntos. El edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha respondido que la pregunta era demagógica para sostener que no constaba ningún acta de queja de la plantilla del servicio. Además, ha sostenido que el servicio se dimensiona ante la previsión de la demanda estable, no ante picos. De igual modo, ha defendido el índice de satisfacción del cliente reflejado en las encuestas. Y ha emplazado a Copé a sugerir alguna aportación concreta que pueda ser tratada en la Mesa del Transporte.

El líder de EU Podem ha preguntado también sobre las gestiones que ha realizado o piensa realizar el Ayuntamiento de Alicante ante la Generalitat Valenciana para exigir soluciones y garantizar una atención a los menores del Centro de Recepción y Acogida "Alacant" con el fin de protegerlos ante una situación que ha considerado muy grave, como la existencia del doble de menores de los contemplados, lo que ha propiciado la apertura de una investigación por parte de la Sindicatura de Greuges. Así, ha insistido en que el centro dispone de capacidad para 23 menores y ha llegado a albergar a 63, lo que ha propiciado que se deban instalar colchones en el suelo para que puedan dormir, según ha señalado. La respuesta la ha facilitado la edil de Bienestar Social, Begoña León, quien ha señalado que la competencia sobre el centro de menores es de la Generalitat, aunque ha apuntado que el Ayuntamiento trata de evitar que los menores puedan terminar en esos centros de menores con la puesta en marcha de programas como el proyecto Hogar.

Asimismo, Copé ha preguntado al PP sobre las razones que sustentan la negativa del equipo de gobierno a autorizar la Gira Alacant Desperta en los barrios de San Blas y La Viña, tras recriminar que se aluda a motivos como las molestias a las mascotas que puedan generar, o a la "irrupción de personas desinhibidas", lo que supodría prejuzgar previamente a los posibles asistentes. En esta línea, se ha cuestionado si el problema "es el ruido o quien lo organiza", tras señalar que a lo largo del año se autorizan cientos de eventos similares, en los que también se destina agentes de Policía Local para velar por su desarrollo. La respuesta la ha facilitado la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que la razón son los informes técnicos. Además, ha señalado que en los útimos años, la Concejalía de Cultura ha sido coorganizadora del evento, facilitando la instalación de servicios. En esta línea, ha insistido en que se había tratado de mantener la organización en el Tossal e incluso la posibilidad de que se ampliase en espacios de Las Cigarreras.

Por último, en el turno de preguntas, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha contestado a una pregunta previa formulada por Copé en el pleno anterior respecto a cuándo se preveía impulsar la tramitación de la propuesta normativa que su grupo presentó con el fin de permitir la participación y el voto telemático de los concejales en los supuestos justificados como paternidad, maternidad o acogimiento, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del 18 de febrero de 2026. Al respecto, De España ha indicado que el registro de esa iniciativa había motivado la apertura del correspondiente expediente y que, en cuanto hubiese una propuesta de resolución, se elevaría a la consideración de la Junta de Gobierno.