ALICANTE (EP/AP). Planes de trabajo desvelados para la comisión de investigación sobre las viviendas de protección pública (VPP) desarrolladas en la Comunitat, tras la controversia suscitada en torno a la identidad de los compradores de pisos en la promoción de Les Naus, en Alicante. Los cuatro grupos representados en la cámara autonómica (PP, PSPV-PSOE, Vox y Compromís) han registrado este jueves sus planteamientos particulares en los que, además de solicitar la remisión de toda la documentación relacionada con las 140 viviendas de Les Naus -construidas sobre un solar subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022-, se plantea la relación de comparecientes a los que se prevé cuestionar sobre los pormenores del proceso de gestión y compra de esas viviendas, así como por otros procedimientos de promoción de VPP desplegados en la Comunitat en el marco del Plan Vive.
Lo cierto es que esas propuestas de planes de trabajo ya deparan diferencias notables respecto dónde prevé poner el foco cada uno de los cuatro grupos parlamentarios. En esta línea, la propuesta de plan de trabajo registrada por el PP no contempla ni la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ni la del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón. Tampoco se incluye al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ni la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. En cambio, Vox sí pide que intervenga Barcala en esta comisión y tanto PSPV-PSOE como Compromís reclaman que acuda tanto el primer edil alicantino como Mazón, Llorca y Camarero.
Al margen de otras diferencias respecto a la relación del resto de comparecientes propuestos, a partir de ahora se abre un periodo en el que los cuatro partidos deben poner en común sus respectivas solicitudes (tanto de documentación como de comparecientes) para fijar un teórico listado de consenso. En caso contrario, se votarán las propuestas y se aprobará la que logre el respaldo mayoritario. En esta línea, PP y Vox parten con ventaja en esa negociación, con lo que todo apunta que, en la hipótesis de que no hubiese acuerdo entre los cuatro grupos, serían los dos partidos del centro-derecha los que acabarían teniendo la capacidad de decidir. Es lo que ya sucedió respecto al acuerdo de constitución de la propia comisión, que prosperó a partir de la propuesta presentada por Vox. En este caso, además, la propuesta de comparecientes que se acabe aprobando tiene especial relevancia, en la medida en que las personas convocadas sí tendrían el deber de acudir a la llamada de la comisión, a diferencia de lo que se ha establecido respecto a la comisión de fiscalización constituida con el mismo fin en el Ayuntamiento de Alicante, en la que -como viene sucediendo en todas las comisiones no permanentes creadas hasta ahora- se ha establecido que las comparecencias son de carácter voluntario.
Así lo recoge, de hecho, de forma literal un informe jurídico emitido por el vicesecretario general, que ejerce como secretario municipal accidental, en el que se determina que la comisión no tiene capacidad de forzar la participación de ningún compareciente. Es más, señala que ese foro político solo tendría la capacidad de citar a los funcionarios que hubiesen tenido algún grado de participación en los expedientes relacionados con las viviendas de Les Naus, pero no a técnicos ajenos a esa promoción, a terceras personas no vinculadas con el Ayuntamiento o a concejales del equipo de gobierno.
Por partes. La comisión de investigación de Les Corts se constituyó el pasado 5 de marzo. La mesa quedó conformada por Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y Mª José Salvador (PSPV) como secretaria. El pleno de Les Corts aprobó en febrero la propuesta de Vox de crear esta comisión con los votos a favor del PP y Compromís y la abstención del PSPV. La misma tiene por objeto investigar las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.
En cuanto a los planes de trabajo propuestos, de un lado, el PP plantea las comparecencias de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas; el secretario territorial adjunto de Vivienda, Vicente Caturla; y el funcionario del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, quien visó los acuerdos de adquisición de los 140 pisos de Les Naus. Entre ellos el de su esposa, que ejerce como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante. La Conselleria de Vivienda abrió expediente a dicho funcionario autonómico al advertir anomalías en la revisión de los visados (no tuvo en cuenta sus propios datos económicos al validar el contrato de compra de su esposa) y le suspendió de empleo y sueldo, aunque ya se ha producido su regreso a su puesto de trabajo (una vez judicializadas las presuntas irregularidades, que obligarían a suspender cualquier otra decisión administrativa relacionada con los mismos hechos) aunque ha sido apartado de la labor vinculada con el visado de contratos de compra de VPP.
Al margen de ello, el PP también pide llamar al concejal de Contratación de Alicante, Manuel Villar; a la exconcejala de Hacienda Sofía Morales; a la exconcejala Rocío Gómez -que presentó su dimisión después de que trascendiese que era una de las compradoras de los pisos-; el que fuera edil de Contratación entre 2015 y 2017 Natxo Bellido y el edil de Urbanismo entre 2019 y 2023 (cuando se concedió la licencia a la cooperativa que construyó los pisos de Les Naus), Adrián Santos Pérez.
Los 'populares' quieren escuchar también a la exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, a los arquitectos municipales de la Concejalía de Urbanismo y el Patronato Municipal de Vivienda, al gestor de la cooperativa Les Naus, el presidente, la vicepresidenta y la secretaria del residencial. En total, suman un total de 25 nombres entre las distintas administraciones.
Para el formato de la comisión, el PP propone que celebre reuniones al menos una vez al mes y el siguiente turno de intervenciones: 3 minutos para cada grupo parlamentario, 15 minutos para el compareciente, segundo turno para los grupos de 6 minutos y turno final del compareciente de seis minutos. Se trata del mismo esquema que sigue la comisión de investigación de la dana.
Vox pide que acudan compradores de los pisos
En segundo término, Vox solicita 81 comparecencias. Entre ellas solo cinco representantes de la Generalitat: el director general Juan Antonio Pérez, el director territorial Juan Manuel Galbis, la jefa de servicio Concepción Morillas, el secretario Vicente Caturla y el funcionario Roberto Plasencia. Entre los cargos del Ayuntamiento, Vox pide que comparezcan el alcalde, Luis Barcala, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y otros ediles y funcionarios.
Los voxistas piden además que en la comisión intervengan 37 personas adjudicatarias de los pisos, así como los directivos de las empresas relacionadas con la promoción. Como calendario de trabajo, Vox propone que la comisión dure un año con al menos una sesión al mes, con intervenciones sucesivas de pregunta y respuesta entre los diputados y los comparecientes y un tiempo máximo de 10 minutos para cada grupo por cada persona.
Expedientes "bajo sospecha"
Por su parte, el PSPV solicita las comparecencias de Barcala, Camarero, Mazón y Llorca, según ha avanzado, en un comunicado, la secretaria general de esta formación, la ministra Diana Morant. Pide también acceso a todos los expedientes "bajo sospecha" y los testimonios "de todos los responsables políticos para que expliquen si conocían los hechos y por qué no se tomaron medidas". En el ámbito municipal, el PSPV quiere llamar a los exconcejales Rocío Gómez y Antonio Gallego, al actual edil de Vivienda y presidente del Patronato de Vivienda, Carlos de Juan; la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y el de Urbanismo, Toño Peral.
Entre los responsables técnicos, piden las comparecencias de Pérez-Hickman, el funcionario expedientado, el secretario territorial adjunto de Vivienda, el director territorial o dos arquitectos de Urbanismo del Ayuntamiento. También del representante de la cooperativa Les Naus y de los adjudicatarios de las viviendas.
En cuanto al calendario de trabajo, establecen que la comisión se reunirá al menos dos veces al mes y una organización de primer turno del compareciente por 10 minutos, la intervención de cada grupo parlamentario por seis minutos, segundo turno para el compareciente por cinco minutos y otro para los grupos de tres minutos, antes del cierre del compareciente por otros tres.
"Esperamos respuestas y asunción de responsabilidades por parte de los responsables", ha sostenido Morant, que ha advertido de que este foro "no puede ser un mero trámite". Por ello, ha pedido que el PP "esté a la altura y no bloquee la verdad".
Compromís no confía: "Será un calco de la Dana"
Por su parte, Compromís solicita 47 comparecencias, entre ellas las de Barcala, Mazón, Llorca y Camarero. La diputada valencianista Mª José Calabuig ha exigido que haya "la máxima transparencia en la comisión", aunque no confía en ello porque cree que "PP y Vox no quieren que realmente se investigue lo que ha pasado y será un calco de la comisión de la dana" en Les Corts. Entre sus peticiones, ha resaltado la de Barcala, porque "evidentemente puede tener una responsabilidad directa y sabía lo que estaba pasando"; la de Mazón, como "responsable principal de la normativa que abrió la puerta a esta estafa de Les Naus", y la de Llorca y Camarero como "herederos" de ese decreto.
La coalición apuesta por que la comisión verifique que las adjudicaciones y la venta de los terrenos se ajustaron a derecho de manera transparente y neutral, además de comprobar si se trata de un caso puntual. También pide que comparezcan los secretarios autonómicos y directores generales Sebastián Fernández, Juan Antonio Pérez y Estefanía Martínez y otros representantes del Consell.
Respecto al Ayuntamiento, además de Barcala, solicita las comparecencias de la exconcejala Rocío Gómez y de su sucesor, Toño Peral, así como las del vicealcalde, Manuel Villar, el exconcejal Antonio Gallego y los ediles Beldjilali y De Juan, Pérez Hickman, técnicos, interventores y funcionarios o un inspector de Policía Local.
Compromís plantea que acudan "técnicos que tuvieron responsabilidades o que intervinieron en cualquier punto del procedimiento en los expedientes", entre ellos el administrador único de Fraorgi SL (gestora de la cooperativa de Les Naus), Francisco Ordiñana; el notario que firmó la escritura de compra del solar José Mª Izaguirre, o el exjefe de gabinete de la consellera de Industria, Miguel Ángel Sánchez, que también presentó su dimisión después de que trascendiese que la madre de sus hijas también había comprado vivienda en Les Naus. Por último, propone que las entidades Reapsha, Cáritas o Sindicat d'Habitatge de Carolines designen comparecientes.
Como calendario, plantea que la comisión dure seis meses, ampliables si fuera necesario, y que se active "con la máxima celeridad". Pide que tenga formato pregunta-respuesta y que los comparecientes contesten "de forma clara y concreta", con un máximo de 20 minutos por grupo en cada turno.
