ALICANTE. No habrá comisión municipal para revisar el actual servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad de Alicante, gestionado por la empresa STV Gestión en prórroga extraordinaria, a la espera de que se convoque un nuevo concurso para renovar su prestación. La moción planteada por el grupo municipal de Compromís para que se crease ese grupo político de análisis sobre las condiciones del contrato ha quedado desestimada con los 14 votos de los concejales del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), frente a los votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem (once representantes en total). Los cuatro ediles de Vox, por su parte, se han decantado por la abstención.

El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha defendido la propuesta al sostener que la empresa que asume la concesión "está vinculada" al PP, tras señalar que su exresponsable de Comunicación, José Manuel Cuenca, pasó a convertirse en secretario autonómico del Gabinete de Presidente y de Comunicación con el ya expresidente del Consell, Carlos Mazón, y ha expuesto la necesidad de que se revise cómo se está ejecutando el servicio al sostener que los trabajadores denuncian impagos y que faltarían empleados respecto a los 140 previstos, además de denunciar el incumplimiento de las tareas previstas en el pliego de condiciones. Todo, tras recordar que la adjudicación del contrato se vio envuelta en un litigio entre empresas que acabó propiciando que el Ayuntamiento tuviese que indemnizar a Geamur (la empresa que quedó excluida del concurso de forma indebida, según el TSJ) con un millón de euros.

En el turno de debate, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha compartido la necesidad de crear la comisión al sostener que las zonas verdes de la ciudad se encuentran en estado de abandono. A su juicio, esa comisión debe revisar el trabajo que se desarrolla, al margen de recriminar que se haya anulado el nuevo concurso para renovar la prestación después de que se haya detectado desajustes en las tablas salariales de los trabajadores. Por Vox, el edil Óscar Castillo ha sostenido que su partido no apoyaría iniciativas con el único fin de buscar el interés político para reprochar después a Compromís que no plantee propuestas de mejora del servicio, como según ha sostenido, sí habría hecho Vox. "No vamos a participar en el uso partidista de estos instrumentos", ha señalado. "No podemos apoyar esta moción; seguiremos vigilantes y manteniendo una actitud propositiva", ha dicho. 

Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz, ha sostenido que el PP ha sido "incapaz de gestionar este contrato" al recordar la situación de prórroga en la que se encuentra en la actualidad, lo que abre la puerta a "indemnizaciones". Al tiempo, ha sostenido que el de zonas verdes es uno de los contratos más relevantes de los que dependen del ayuntamiento que sigue generando problemas en un "escenario de litigiosidad como el que ya vivimos con Geamur". Además, ha coincidido en el estado degradado de las zonas verdes de la ciudad, lo que provoca "riesgo real de caídas, de incendios y de accidentes que se podrían evitar", mientras el PP se dedica a "pagar más y fiscalizar menos". Por ello, ha considerado necesaria la creación de la comisión.

Por el equipo de gobierno, el edil de Zonas Verdes, Rafa Alemañ, ha sostenido que la iniciativa es un "copia y pega" de la propuesta presentada el pasado septiembre. En todo caso, ha defendido que se sigue trabajando en la mejora del servicio de mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad y ha explicado que el desestimiento del concurso responde a la necesidad de velar por la corrección del procedimiento, una vez detectado el error respecto a la previsión de las tablas salariales de los trabajadores. "Y en cuanto al relato del abandono generalizado", Alemañ ha insistido en que "siempre hay incidencias" ante la ingente cantidad de zonas verdes existentes en la ciudad, aunque eso no implica que existan deficiencias. "Se falta a la verdad cuando se dice que existe deterioro, puesto que existe la maquinaria y los recursos necesarios", ha señalado. Así, ha sostenido que con esa comisión "se trata de hacer política" a pesar de que se trate de vender como una cuestión técnica, para recalcar que existe gestión. Además, ha agradecido a Vox que no apoye "esta farsa".

En el turno de réplica, Mas ha incidido en que "la ciudad está peor que nunca" y se ha cuestionado "dónde están las sanciones" por los incumplimientos que ha atribuido al servicio. Además, ha incidido en que solo se dispone de 100 trabajadores, en lugar de los 140 previstos, y que también falta maquinaria, así como supervisión municipal, puesto que únicamente se contaría con cinco inspectores. Así, se ha cuestionado "quién se está llevando la pasta de nuestros impuestos". Ruiz ha insistido en exponer lo que considera estado deficiente de las zonas verdes de la ciudad y ha lamentado el retraso en la nueva licitación del servicio. Y Alemañ ha zanjado el debate para insistir en que "no lo estamos haciendo mal" para señalar que "la asignación de unas personas concretas a unos parques es una estimación para evaluar necesidades", lo que no implica que deban estar necesariamente en esos espacios. "Esa distribución queda bajo la competencia del responsable del contrato, que es quien decide si existen otras prioridades", ha insistido. Respecto al nuevo concurso, ha sostenido que se prevé que pueda estar disponible en un mes y ha señalado que la prestación sigue en funcionamiento, a pesar de que el servicio se encuentre en prórroga forzosa.

Ruegos y preguntas

En el turno de ruegos y preguntas, el edil de Zonas Verdes, Limpieza y Gestión de Residuos, Rafa Alemañ, ha respondido a un ruego formulado por el edil de Vox, Juan Utrera, para que se lleven a cabo actuaciones urgentes de mantenimiento de zonas verdes y limpieza en Villafranqueza, en espacios como la plaza de la Constitución. En este sentido, Alemañ ha sostenido que en lo que va de año se han ejecutado hasta once intervenciones en ese ámbito y ha sostenido que en esa plaza existe una excesiva concentración de arbolado que genera complicaciones. Así, ha apuntado que la última poda en ese punto se realizó el pasado abril, por lo que se había dado instrucciones para que se retome ese trabajo.

El también edil de Vox Óscar Castillo ha instado al equipo de gobierno a promover mejoras en la accesibilidad entre los barrios de Rabasa y San Agustín, como la construcción de un paso de peatones en la avenida Jaime I. El edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha sostenido que existen distintos pasos de peatones en esa avenida. Además, ha señalado que ese tramo forma parte del proyecto de reurbanización de la Vía Parque que debe elaborar la Generalitat. En todo caso, ha señalado que se analizará ese punto de cruce para evaluar la posibilidad de incrementar el número de pasos peatonales.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha reclamado un cambio de horario en el funcionamiento de los baños públicos de la Playa del Postiguet, de forma que estén operativos desde las 9:00 horas hasta las 20:00. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido que se atenderá ese ruego, en desarrollo al compromiso alcanzado entre los dos partidos para implantar más baños públicos en el conjunto de la ciudad.

La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha cuestionado al equipo de gobierno sobre cuándo se convocó la comisión de seguimiento y evaluación de los bonos gastronómicos y los bonos comercio, que figura en los convenios de 2022 y 2023 suscritos por el Ayuntamiento con la Cámara de Comercio, a raíz de la investigación judicial abierta respecto a la gestión de los bonos comercio tramitados a través de Facpyme con varios ayuntamientos de la provincia. Al respecto, ha sostenido que su partido había reclamado tener acceso a esos expedientes para fiscalizar la gestión y la respuesta hasta ahora había sido de "opacidad". La edil de Turismo, Ana Poquet, ha respondido que quien fiscalizaba esos bonos fue el departamento de Intervención y ha señalado que esa comisión tuvo una vigencia puntual y que solo tenía una función de coordinación entre técnicos de Turismo y de la Cámara de Comercio. En todo caso, ha negado la opacidad y ha señalado que el informe explicativo estaba disponible para su consulta.

El edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Alemañ, también ha respondido a la pregunta formulada por el edil socialista Raúl Ruiz sobre si el equipo de gobierno corregirá "el incumplimiento de la Ley 7/2022, garantizando que la tasa de residuos cubra el coste real del servicio con criterios de equidad, transparencia y reducción de costes a través de la economía circular" frente al "tasazo de la basura" para sostener que la pregunta y su argumentación se basaba en "cifras que no son ciertas" puesto que el importe de la tasa sí cubre los costes reales del servicio a diferencia de lo mantenido por Ruiz y por la Coordinadora Alicante LImpia (CAL) a la que, según Alemañ, alude el edil socialista para plantear su propuesta. Todo, después de incidir en que la tasa se incrementó "porque así lo aprobó el Gobierno central".

El portavoz de EU, Manolo Copé, ha vuelto a cuestionar al equipo de gobierno cuándo se prevé emprender actuaciones de reparación en los colegios de la ciudad en los que existen distintas deficiencias en aspectos como el funcionamiento de los baños. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha sostenido que el PP ha incrementado la partida destinada a ese fin y ha reprochado que Copé no votase a favor de esas cuentas. Además, ha aprovechado su intervención para denunciar que el Gobierno central no haya aprobado los Presupuestos Generales del Estado en los tres últimos años.

Copé también ha instado a los populares a facilitar el acceso al informe de seguimiento ambiental del emisario de aguas residuales de la EDAR de Rincón de León y de Tabarca, correspondiente al año 2025, con el objetivo de poder conocer el estado del litoral. En este sentido, ha manifestado que se trata de una cuestión de transparencia, a la que solo se responde "bajo demanda" cuando existe "presión por parte de la oposición". "Reaccionan cuando se lo pedimos", ha lamentado. El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha sostenido que la publicación de esos informes es una obligación legal y que supone "un trabajo enorme", por lo que ha justificado su demora. Además, ha señalado que todavía no se había publicado el último informe porque se ha detectado un error en las coordenadas que se está subsanando. Al tiempo, ha aprovechado su intervención para instar a los grupos del eje progresista que respaldan al Gobierno Central para que exijan a sus ministros la financiación del proyecto 'Alicante Circular' o 'Vertido Cero', "porque eso sí que mejorará el estado del litoral", ha sostenido.

La edil socialista Trini Amorós ha planteado una pregunta 'in voce' para conocer qué medidas se preveía adoptar para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la procesión de Santa Cruz, el próximo miércoles, a la vista de las deficiencias detectadas en varios puntos de los muros de las calles del barrio, tras asegurar que el PSOE plantearía propuestas de mejora. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha sostenido que el PSOE estaba generando "alarma" para señalar que se están llevando acciones para solucionar esa situación. Así, ha mantenido que ya se está actuando en la medida en que ya se ha cerrado el paso en el punto del muro que podría revestir peligrosidad, y ha incidido en que se había revisado todo el recorrido por el que discurre la procesión con el fin de garantizar que reúne las condiciones adecuadas.

El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, también ha planteado otra pregunta 'in voce' relacionada con la sentencia del TSJ que reconoce su derecho a la participación en el pleno ordinario en el que se impidió intervenir. Así ha emplazado al alcalde y a la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, para que solicitasen disculpas por acusarle de querer "rebentar el pleno" y ha preguntado cuándo se prevé tramitar la propuesta normativa que su grupo presentó en marzo que se modificase el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para que se incorpore la posibilidad de la participación telemática en los plenos en los casos en los que los representantes municipales no puedan estar presentes en el salón de plenos por motivos justificados. El alcalde ha emplazado la respuesta al próximo pleno ordinario.

Senda del poeta

En el turno de debate de las declaraciones institucionales, se ha debatido una primera iniciativa conjunta registrada por PSOE, Compromís y EU Podem por la que se trataba de instar al Consell, a través del Ivaj, a que "restituya la financiación necesaria para garantizar la celebración anual de la Senda del Poeta Miguel Hernández en su formato tradicional, respetando su espíritu original y recorrido histórico". Los representantes de los tres grupos políticos del eje progresista han señalado que ha tenido que ser el Ministerio de Cultura el que ha aportado fondos para su desarrollo, han lamentado que resulte necesario plantear la petición al Consell para una cita cultural consolidada y se han cuestionado qué motivación había llevado a retirar ese apoyo a una marcha que permite profundizar en el conocimiento de la figura del poeta, más allá de ideologías. 

Por Vox, su portavoz adjunto Mario Ortolá, ha sostenido que a los representantes de la izquierda no les importa "la cultura"; lo que les importa es que "todo esto siga pagado", que "los chiringuitos sigan siendo subvencionados" para "obligar a los chavales de los colegios a ir allí a ver banderas de la República". Así, ha sostenido que, en la medida en que dependa de Vox, ese tipo de iniciativas no va a contar con subvención pública. La edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha sostenido que la propuesta de la izquierda se basa en un bulo, puesto que "el Ivaj no concedía ninguna subvención", sino que asumía de forma directa su organización. En esta línea, ha sostenido que la senda no puede realizarse porque su recorrido "no es seguro" según los informes elaborados por la federación de montañismo, después de que no se hayan acometido actuaciones de mejora. En todo caso, ha sostenido que se llevarán a cabo actividades de difusión y de homenaje a la figura de Miguel Hernández. En el momento de la votación, la propuesta ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox, frente a los 11 votos de PSOE, Compromís y EU Podem.

Los mismos tres grupos del eje progresista han promovido otra iniciativa política en defensa de "una educación pública digna" y de "apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa" ante la próxima huelga prevista para el próximo martes, día 31. En esta línea, el edil del PSOE, Emilio Ruiz, ha denunciado la situación de saturación de las aulas y la falta de mantenimiento de los centros educativos por falta de inversiones de la Generalitat y del Ayuntamiento. La edil de Compromís, Sara Llobell, ha lamentado la reducción de profesorado y ha recriminado la consulta sobre la educación en valenciano. Y el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, también se ha referido a la necesidad de reducir ratios y a las denuncias por impagos planteadas por el profesorado. 

En el debate, Ortolá ha sostenido que, a su juicio, ratios incumplidas, impagos y falta de construcción de colegios ya se daban "durante la etapa del Botànic" sin que entonces se plantease ninguna huelga. Por ello, ha considerado que ahora de lo que se trata es de defender "cuestiones ideológicas". Por el equipo de gobierno, la edil de Educación, Mari Carmen de España, ha coincidido con Ortolá al sostener que se está "tratando de dar un relato falso de la realidad", cuando los datos "son tozudos". Así, ha sostenido que se han incorporado más de 1.200 profesores, cuando el Botànic "no fue capaz de aprobar un plan de profesorado en ocho años". Además, respecto a infraestructuras educativas, ha sostenido que se presupuestaban 300 millones y solo se ejecutaban 120. Y respecto a los salarios, ha defendido que su importe no viene fijado por el PP, sino que procede de antes. De igual modo, se ha referido al incremento de fisioterapeutas, entre otros especialistas. Así, en el turno de la votación, la iniciativa también ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox (18) frente a los once de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Exenciones a la Ocean Race

La primera de las propuestas formuladas por el equipo de gobierno sí ha prosperado. Se trataba de instar al Ministerio de Fomento a invertir en el mantenimiento de la red de carreteras del Estado, según ha defendido el edil de Movilidad, Carlos de Juan. La iniciativa ha contado con el respaldo de 28 de los concejales y la única abstención del portavoz municipal de Esquerra Unida Podem. Y ese mismo resultado ha tenido la segunda de las propuestas del PP, en la que planteaba instar al Gobierno a considerar la próxima edición de la etapa de salida de la Ocean Race o vuelta al mundo a vela desde Alicante, en enero de 2027, como un acontecimiento de excepcional interés público, lo que permitirá aplicar los beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, como ha sostenido la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali. En esta línea, ha subrayado que se trata de una decisión clave para propiciar que las empresas se incorporen como patrocinadores del evento.

El conjunto de grupos políticos ha respaldado esa iniciativa (salvo EU Podem), aunque los representantes del eje progresista han sostenido que el efecto dinamizador de ese evento deportivo, y el impacto económico generado, debía destinarse a paliar las necesidades de los barrios, tras reprochar al equipo de gobierno la desidia que había atribuido al Ejecutivo central al no aprobar esa declaración para la Ocean Race en cuestiones como la falta de inversiones en los barrios.

Inspectores frente al fraude de las VPP

La primera de las declaraciones promovidas por el PSOE trataba de instar al Consell a promover la creación de la Unidad de Inspección en materia de vivienda prevista en el Decreto-Ley 3/2023, dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios para ejercer sus funciones, según ha defendido la edil socialista Silvia Castell. Esos inspectores, según ha argumentado, serían un instrumento útil para evitar situaciones como la generada respecto a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado entre 2018 y 2022, en el que, según ha incidido, se están investigando las supuestas irregularidades por los vínculos existentes entre los compradores y representantes del PP o funcionarios municipales. Además, Castell ha sostenido que la modificación del pliego de condiciones planteada por el PP respecto a la subasta del solar municipal de la calle Ceuta, del barrio de San Blas, también destinado a la construcción de VPP no va a servir para impedir un posible fraude. 

La iniciativa ha sumado el respaldo de EU Podem y Compromís. Sus portavoces, Manolo Copé y Rafa Mas, han abundado en las supuestas anomalías en el procedimiento de compra de los pisos de Les Naus. Por su parte, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha señalado que la izquierda no puede dar ejemplo de ética ni de promoción de vivienda pública. Y, por último, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha sostenido que el decreto de 2023 "trata de intervenir viviendas deshabitadas", al margen de crear la unidad de inspección que, según ha insistido, estaba destinado, precisamente, a la búsqueda de viviendas vacías para asumir su propiedad, según ha sostenido. Así, ha señalado que no se preveía que esa unidad se dedicase a evitar el fraude o a introducir baremaciones objetivas en la compra de vivienda. Por último, ha sostenido, respecto a la modificación del pliego de la subasta de la calle Ceuta, que el objetivo era corregir y mejorar sus condiciones después de que se haya conocido la "perversión del sistema" que se habría producido en el caso de las viviendas de Residencial Les Naus, cuyo origen ha atribuido -como ya habían hecho representantes del PP con anterioridad- al anterior Consell y al anterior equipo de gobierno tripartito en Alicante. Así, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado rechazada con 18 votos en contra (los de PP y Vox) frente a los once a favor de PSOE, Compromís y EU Podem.

Reprobación de Castell

El pleno sí ha aprobado la primera de las declaraciones institucionales presentadas por Vox, por la que se planteaba reprobar a la edil socialista Silvia Castell a colación de las palabras dirigidas en el desarrollo del pleno ordinario de febrero frente al edil voxista Juan Utrera, al que se refirió como "futuro pederasta", tras concluir una de sus intervenciones en el debate plenario. Castell retiró esas manifestaciones y pidió disculpas. Con todo, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha argumentado que las palabras de Castell suponían una difamación que no podía tolerarse.

En esa posición ha coincidido la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien ha considerado que la expresión proferida por la edil socialista excedía del debate político. Los portavoces de EU Podem, Compromís y PSOE han coincidido en que las palabras fueron desafortunadas aunque han señalado que Castell las retiró y han insistido en que los representantes de Vox y del PP descalifican e insultan de forma reiterada, según han sostenido, a varios de los concejales progresistas sin que se llegue a solicitar la reprobación. En esta línea, el portavoz de Vox, Rafa Mas, ha lamentado que este mismo jueves, el edil Óscar Castillo, le había calificado de "bipolar" y le había recomendado que tomase medicación; unas palabras que Castillo también ha retirado a petición del alcalde, Luis Barcala.

También ha prosperado la segunda de las iniciativas políticas presentadas por Vox en la que se insta al equipo de gobierno a tomar decisiones frente a la proliferación de asentamientos ilegales en Alicante, con el argumento de que su existencia suponía un problema de seguridad y de suciedad que ya había sido denunciado por los vecinos de sus entornos. Los representantes de PSOE, Compromís y EU Podem han considerado que la iniciativa estaba impregnada de "aporofobia", aunque han considerado necesaria la adopción de medidas para evitar el problema del sinhogarismo. Y el edil de Seguridad, Julio Calero, ha sostenido que se está interviniendo en una actuación coordinada con la Concejalía de Bienestar Social. En último término, la propuesta ha quedado aprobada con los votos de PP, PSOE y Vox y el rechazo de Compromís y EU Podem.

Parque Central y Plan General Estructural

No ha quedado aprobada la segunda de las propuestas promovidas por Vox en la que se instaba al equipo de gobierno a convocar una reunión de la Junta de Portavoces y del Consejo Social de la ciudad para informar sobre el estado y contenido actual del Plan Especial OI/2 y el contenido de las reuniones celebradas al respecto con el Gobierno de España respecto al desarrollo del proyecto del llamado Parque Central sobre los terrenos liberados de las vías del ferrocarrirl. Robledillo ha justificado la necesidad de que se proporcione información sobre esa actuación, después de que se haya aplazado en dos ocasiones el acto de presentación del proyecto, y de que el alcalde se refiriese al desarrollo de un "semisoterramiento" en una reciente entrevista concedida a Alacantí TV, en una expresión que el primer edil calificó después como "imprecisa".

La iniciativa solo ha sumado el apoyo del PSOE. Compromís y EU Podem se han abstenido, tras reprochar a Vox que exija ahora la convocatoria del Consejo Social cuando no lo ha hecho respecto a la presentación de los presupuestos a lo largo de los dos últimos mandatos, en los que, según han argumentado, tampoco se han interesado por el contenido del proyecto del soterramiento. Por último, el PP ha votado en contra, después de que el concejal de Urbanismo, Toño Peral, haya señalado que, por la trascendencia del proyecto, no se podía aportar información concreta sobre el proyecto sin ir de la mano del Ministerio de Transportes, aunque ha asegurado que se trasladarían todos los detalles en cuanto sea posible.

La primera de las propuestas presentadas por Compromís planteaba instar al equipo de gobierno a convocar el Consejo Social de la Ciudad y los otros consejos consultivos para elaborar dictámenes referentes al borrador del Plan General Estructural con la propósito de dar a conocer su redacción e implicar a la ciudadanía en su participación, como ha defendido la edil Sara Llobell. No obstante, ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox, después de que el edil de Urbanismo, Toño Peral, haya sostenido que justo ahora se está desarrollando el segundo proceso de participación pública para incorporar aportaciones.

VPP permanente y conservatorios

La segunda de las iniciativas de la coalición valencianista tampoco ha prosperado. Con ella, se pretendía instar al Consell de la Generalitat Valenciana a iniciar el proceso de modificación de la Ley 8/2024, de Vivienda, con el objetivo de que las viviendas de protección pública lo sean de forma permanente, así como para que tanto las promociones públicas como las privadas tengan la misma consideración y los mismos requisitos de acceso, y para que el proceso de adjudicación se realice por sorteo público. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha insistido en la necesidad de que se adopten las medidas que permitan recuperar las VPP de Residencial Les Naus en los casos en los que se demuestre que se adquirieron de forma indebida, por una supuesta trama de corrupción, con las primeras VPP desarrolladas en la ciudad en las últimas dos décadas. Todo, después de poner de manifiesto también el encarecimiento del mercado del alquiler, en lo que ha coincidido el portavoz de EU Podem, quien ha alertado de las dificultades para acceder a una vivienda. 

Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha insistido en reprochar la falta de promoción de vivienda por parte del Consell del Botànic y ha considerado que las peticiones de intervención del mercado de la vivienda, como se ha hecho en Barcelona, no ha dado resultado. Acto seguido, ha planteado dos propuestas de enmiendas, como la supresión de esa intervención del mercado, que no han sido admitidas por Compromís. Por el PSOE, la edil Silvia Castell, ha recordado que su grupo ya había planteado una iniciativa similar el pasado diciembre con el objetivo de evitar que se hiciese negocio con las VPP al posibilitar que puedan venderse en el plazo de 30 años. Por último, por el equipo de gobierno, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, también ha sostenido que los informes disponibles respecto a ciudades que han intervenido el mercado del alquiler señalan que se ha reducido la oferta. Así, ha insistido en que se debe seguir promoviendo vivienda pública y bajar impuestos para favorecerlo. En el momento de la votación, la declaración institucional ha quedado rechazada por 18 votos: de nuevo, los de la suma de PP y Vox. PSOE, Compromís y EU Podem han votado a favor.

La tercera iniciativa de Compromís aspiraba a promover que el Ayuntamiento de Alicante ofrezca suelo público dotacional de uso educativo a la Generalitat en Gran Vía Sur para ubicar el futuro Conservatorio Profesional de Música y la futura Escuela de Arte y Superior de Diseño, en función del planteamiento formulado por la Asociación de Vecinos Parque del Mar, toda vez que reduciría la inversión necesaria, al tratarse de parcelas ya urbanizadas. Así lo ha subrayado el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, quien ha recordado que sigue sin darse uso a la parte de las antiguas fábricas harineras de Benalúa Sur adquiridas por el Ayuntamiento. Su homólogo de EU Podem, Manolo Copé, ha considerado adecuada la propuesta en la medida en que permitirá cubrir el déficit de infraestructuras del barrio.

Por Vox, el edil Juan Utrera ha recriminado que la propuesta evidencia la supuesta ineficacia de Compromís que no ejecutó esos equipamientos durante los ocho años del Botànic. Por el PSOE, el edil Miguel Castelló, ha insistido en el retraso en la ejecución de esas infraestructuras educativas desde hace más de 16 años que tampoco se ha retomado ahora, a pesar de los anuncios formulados por el equipo de gobierno del PP y de la propia Conselleria de Educación, a partir de las últimas manifestaciones formuladas por su titular, Carmen Ortí, en las que habría manifestado que se estaba estudiando ahora la construcción de unas nuevas instalaciones para esos centros. Por último, la edil de Educación, Mari Carmen de España, ha señalado que antes de admitir una propuesta como la planteada por Compromís deberían evaluarse las necesidades educativas de Gran Vía Sur, ahora en fase de crecimiento. "Queriendo ayudar a los conservatorios y a la EASDA, está utilizando a esos centros por puro oportunismo político", ha señalado. Además, ha señalado que la conselleria ya está realizando los estudios de valoración para que esos centros estén en la mejor ubicación posible. Así, en el momento de la votación, la iniciativa ha quedado desestimada por 18 votos en contra: los de PP y Vox.

Por último, no se ha admitido la urgencia de la propuesta de declaración institucional registrada por EU Podem por la que se preveía manifestar el reconocimiento a la Penya Kali Nord en Alicante por su 30 aniversario. PP y Vox han votado en contra de la admisión de la iniciativa, por lo que la propuesta no se ha llegado a debatir.