ALICANTE. La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que investiga las supuestas anomalías en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 ha vuelto a citar para el próximo 20 de mayo a los tres funcionarios municipales que no comparecieron tras la primera citación, en la que se les había emplazado a declarar en calidad de testigos el pasado viernes, 8 de mayo.
Se trata de la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial, Pablo Torregrosa, y del arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura. Con su comparecencia, planteada a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, se trataba de ampliar explicaciones respecto al informe que emitieron los dos primeros funcionarios en enero de este año en el que advertían de la existencia de un posible conflicto de interés o de una supuesta incompatibilidad a la hora de cerrar el expediente de compra de la parcela municipal, tras comprobar la identidad de algunos de los adquirientes de los pisos. Entre ellos, se encontraba la ya exconcejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez; dos arquitectos municipales, Elsa Lloret y Francisco Nieto; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que ha vuelto a su plaza como jefa de Contratación, así como otros nueve funcionarios no vinculados con los departamentos que participaron en los expedientes de venta del solar y de concesión de la licencia de obra.
Fuentes jurídicas han precisado que la citación de esos tres técnicos municipales para que acudiesen a declarar el pasado 8 de mayo se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio Ayuntamiento alicantino. Según las mismas fuentes, se trata de la misma fórmula a través de la que se requirió en su momento el expediente administrativo relacionado con la venta de la parcela municipal. Con todo, al parecer, esa citación no fue trasladada a los tres técnicos por motivos que se desconocen. De hecho, el vicealcalde de Alicante, además de concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha señalado este lunes, en el transcurso de la cuarta sesión de trabajo de la comisión de fiscalización sobre las VPP, que se había girado una consulta interna para conocer cuál era el medio por el que había llegado esa citación para saber por qué no se había comunicado a los interesados. En todo caso, Villar ha mostrado su extrañeza por el hecho de que no se les hiciese llegar de forma directa a ellos mismos.
Sea como fuere, la nueva citación para estos testigos de cara al día 20 se efectuará ahora a través de la unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados, como se había planteado el pasado viernes, según han confirmado este lunes las mismas fuentes. De este modo, la jueza instructora garantiza que los tres reciban de forma personal esas citaciones, con la obligación de comparecer ante el juzgado bajo apercibimiento de multa. Igualmente, la magistrada ha dejado sin efecto la citación que se había remitido para el próximo 5 de junio respecto a uno de los quince investigados, J.B.B., como beneficiario de una de las viviendas, a petición de su representación legal. De este modo, la nueva fecha acordada para esa declaración es también el 20 de mayo.
Ciudadanos, contra la personación de la Generalitat
Por último, en relación a las diligencias, este lunes también ha trascendido el registro de un escrito por parte de Ciudadanos (Cs), que ejerce la acusación popular en la causa, en el que manifiesta su oposición a la posibilidad de que se admita a la Generalitat Valenciana en el procedimiento como acusación particular. En concreto, la representación legal de Cs, ejercida por los letrados Eduardo García Ontiveros y Mamen Peris, considera que la Generalitat no puede formar parte del proceso como perjudicada -la condición que alega la Abogacía de la Generalitat en su solicitud- cuando fue la administración responsable de visar los contratos de compra y, por lo tanto, en la causa también se estaría investigando la corrección de su intervención en el procedimiento de control y venta de las viviendas de Les Naus. "En el ámbito de las VPP, la Generalitat es el garante del sistema. Si el sistema ha fallado, la Generalitat es, en el mejor de los casos, corresponsable por culpa in vigilando. No puede, por tanto, pretender el estatus de 'ofendido' para reclamar contra unos hechos que ocurrieron bajo su esfera de control", resume el escrito de Cs.
Además, argumenta que la Generalitat no habría acreditado el daño concreto y directo que se le habría ocasionado como para solicitar ser parte del proceso en calidad de perjudicada y recalca que la defensa del interés público a la que también se alude en su solicitud ya estaría garantizada a través de la función acusadora que ya ejerce la Fiscalía. Es más, alerta de la posibilidad de que esa "bicefalia" genere posicionamientos distintos motivados por intereses contrapuestos. Y, al tiempo, alerta de que la admisión de su personación implicaría que pudiese participar en los interrogatorios de funcionarios o técnicos autonómicos 2con una posición de parte, pudiendo condicionar las declaraciones para salvaguardar el prestigio de la institución".
