ALICANTE. La polémica sobre la cobertura de la plaza del secretario general del Ayuntamiento de Alicante ha llegado este jueves al pleno de la corporación a través de una iniciativa conjunta formulada por PSOE, Compromís y EU Podem en la que se trataba de conminar al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) a convocar la plaza para dar cobertura al puesto, que ahora viene prestando el vicesecretario de manera provisional. Y, finalmente, la iniciativa ha acabado prosperando, gracias a la suma de los votos de los representantes de los tres partidos del eje progresista y de Vox frente a los de los representantes del PP: 15 votos frente a 14. Está por ver qué eficacia puede llegar a tener esa iniciativa, toda vez que se trata de un acuerdo de carácter político sin eficacia ejecutiva real. Con todo, cuando menos supone la constatación de una derrota de los populares respecto a la figura del alto funcionario que debe velar por la seguridad jurídica del ayuntamiento, como se ha resaltado durante el debate.

En concreto, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha subrayado que se trataba de un puesto a ocupar por un habilitado nacional que permanece vacante desde hace 20 años y que se cubre de manera provisional por parte del vicesecretario general, a pesar de la trascendencia de sus responsabilidades. De igual modo, ha cuestionado también la intervención del vicesecretario al emitir informes de advertencia como los relacionados con la votación sobre la revisión de la tasa de la basura -en el que el dictamen jurídico advertía de posibles responsabilidades personales de los concejales que rechazasen esa actualización- o sobre el funcionamiento de la comisión de fiscalización sobre las VPP. 

En argumentos similares han abundado la edil de Compromís, Sara Llobell, y el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, quienes han abundado en que también se había trasladado una pregunta al Gobierno respecto a la particularidad de la situación de la plaza del secretario, sobre la que también han puesto el foco el colegio de secretarios, o el último informe de control interno emitido por el departamento de Intervención, en el que también se apunta la falta de cobertura de esa plaza, y de la del jefe del área de Contabilidad, entre otros puntos. En este sentido, los representantes de las tres formaciones han incidido en la necesidad de que se convoque esa plaza para atajar esa situación de interinidad que dura dos décadas, a pesar de que la ley plantea que debe convocarse en un plazo de tres meses.

En el turno de intervenciones, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha compartido la reflexión de fondo de la iniciativa, ante la necesidad de cumplir con esa obligación legal. No obstante, ha considerado que la propuesta llega tarde y refleja "una incoherencia" por parte de los grupos proponentes, al sostener que el extinto tripartito tampoco convocó la cobertura de esa plaza. Así, ha considerado que el planteamiento se formula ahora cuando se considera que los informes del vicesecretario "no les interesan". Además, ha estimado que el hecho de que no se haya cubierto el puesto es "una responsabilidad compartida" por parte de varias administraciones.

Por el PP, el vicealcalde, Manuel Villar, ha anticipado su voto en contra al señalar que "la cuestión no va sobre el secretario", sino sobre "apartar a quien molesta", ha argumentado. En este sentido, ha señalado que, en definitiva, se intenta apartar a quien emite informes que no les interesa, a pesar de que las formaciones que constituían el extinto tripartito no habían promovido la convocatoria de esa plaza durante el tiempo en el que permanecieron en el gobierno. Villar ha recalcado, al respecto, que entonces se consideraba que los informes del vicesecretario sí eran apropiados, por lo que ha considerado que los tres grupos políticos proponentes incurrían en una hipocresía. Tras esa última intervención, se ha procedido a la votación, en la que se ha constatado que la iniciativa prosperaba con los votos a favor de PSOE, Vox, Compromís y EU Podem, frente al rechazo de los ediles del PP.

Centro de Plaza América

En cuanto al resto de declaraciones institucionales, también ha prosperado la iniciativa conjunta registrada igualmente por PSOE, Compromís y EU Podem por la que se trataba de instar al equipo de gobierno a habilitar, en coordinación con la Generalitat Valenciana, en un plazo máximo de tres meses, una alternativa de atención diurna a las personas mayores afectadas por el cierre del Centro de Día de Plaza América. En la defensa de la iniciativa (después de tres testimonios ciudadanos que han subrayado el papel desempañado por ese servicio frente a la soledad de los mayores), la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha reprochado que no se haya dado una solución después de que varios anuncios, a pesar del impacto que el cierre del centro de día registrado el pasado agosto había tenido entre sus usuarios. Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha abundado en esa crítica para recriminar la falta de soluciones y acusar al equipo de gobierno de "incompetencia" sin que se haya restituido el servicio. Y en la misma línea se ha posicionado Copé quien ha instado a adoptar una respuesta "lo más pronto posible".

Por parte de Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha lamentado, también, que se hayan acumulado nueve meses sin servicio, aunque ha responsabilizado de esa decisión al cambio de requisitos para su funcionamiento que ha atribuido al anterior Consell del Botànic. No obstante, ha asegurado que Vox tampoco podía permitir que los actuales responsables se sigan escudando en "la herencia recibida". Así, se ha dirigido a la edil de Bienestar Social, Begoña León, para recriminar que no haya presionado más a los responsables de la Generalitat.

Por último, León ha recriminado también a los representantes del eje progresista que se materializase ese cambio de requisitos durante el mandato del Consell del Botànic. En todo caso, ha sostenido que ya se dispone de un anteproyecto con la intención de recuperar ese recurso en el menor tiempo posible, aunque no ha llegado a precisar en qué momento. "Levantar un centro de día no es cuestión de una semana o de un mes; lo fácil habría sido mirar hacia otro lado, como hicieron ustedes", ha insistido. Eso sí, ha señalado que se ha dado cobertura a los usuarios a través de otros servicios. De este modo, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado aprobada por unanimidad con 29 votos.

Transporte comarcal

En la sesión también se ha debatido otra declaración institucional registrada por el PSOE en la que se planteaba que el pleno de la corporación rechazase el nuevo contrato de transporte público interurbano CV-207 impulsado por la Generalitat Valenciana, el futuro contrato que regulará la prestación del TAM, "por considerar que perjudica gravemente los intereses de la ciudad de Alicante y de la comarca de l'Alacantí".

En esta línea, el concejal socialista Raúl Ruiz, ha considerado que el planteamiento actual recogido en el proyecto supondrá "reducir autobuses, recortar frecuencias, eliminar servicios y empeorar la movilidad metropolitana en rutas estratégicas como la conexión con el Hospital de Sant Joan, la línea C-6 al aeropuerto y diversas líneas interurbanas esenciales". Ruiz ha argumentado que no resulta admisible que se mantengan tiempos de espera de 50 minutos para un desplazamiento hasta el Hospital de San Juan, o que se exija la construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, cuando no se procura un servicio de transporte público adecuado hasta la terminal. Además, ha considerado adecuadas las reivindicaciones planteadas por los trabajadores de la actual concesionaria (La Alcoyana, del Grupo Vectalia), que ya han anunciado movilizaciones durante la semana de Fogueres.

EU Podem y Compromís han coincidido en esos argumentos, a los que han sumado la necesidad de que se contemple la creación de un Ente de Transporte Metropolitano capaz de organizar el servicio comarcal, como ha defendido la edil de Compromís, Sara Llobell. Por su parte, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha responsabilizado al Consell de Botànic de dejar caducar el contrato precedente sin abordar su reestructuración, lo que ha propiciado que el servicio se esté gestionando ahora con un contrato de emergencia. Así, aunque ha considerado que el servicio es mejorable, ha señalado que se está tratando de promover la reestructuración necesaria después de que se dejase la situación enquistada durante ocho años de mandato. Por ello, ha sostenido que Vox se abstendría en el momento de la votación.

Por último, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha incidido en que el servicio actual se está prestando con un contrato de emergencia puesto que el Botànic no llegó a licitar el nuevo contrato. Además, ha incidido en que no se podía interferir en las negociaciones entre la empresa concesionaria y los trabajadores. Y respecto a la propuesta del futuro proyecto de concesión, ha apuntado que sí recoge las medidas necesarias para mejorar la prestación, aunque ha incidido en que sigue en fase de exposición al público para la presentación de alegaciones y que, de hecho, el equipo de gobierno las ha presentado para incorporar las modificaciones que se estiman convenientes para que el servicio gane eficacia. Así, en el momento de la votación, la declaración ha quedado rechazada con los 14 votos del PP, frente a los once votos de PSOE (8), Compromís (2) y EU Podem, y la abstención de los cuatro concejales de Vox.

"Prioridad nacional"

Acto seguido, se ha debatido la declaración institucional registrada por Vox en la que se trataba de manifestar el rechazo a la regularización masiva de inmigrantes ilegales, como ha defendido su portavoz municipal, Carmen Robledillo, en alusión a la defensa del principio de "prioridad nacional" que plantea su partido. En este sentido, ha señalado que el proceso de regularización estaría propiciando la llegada de migrantes de manera ilegal, y que, entre tanto, las consecuencias las sufre el resto de ciudadanía en forma de retraso en su atención a la hora de acceder a servicios públicos, o en la resolución de trámites administrativos, entre los que ha citado la concesión de subvenciones. 

Por su parte, los portavoces de EU Podem y Compromís, Manolo Copé y Rafa Mas, han defendido que el proceso de regularización lo que plantea es que la población ya instalada en el país participe del sistema sin dar pie a la economía sumergida. Además, han señalado que el PP también promovió otros procesos de regularización en el pasado. Por el PSOE, Victoria Melgosa, ha calificado la iniciativa de Vox de propaganda xenófoba construida sobre manipulaciones y falsedades. Además, ha incidido en que lo irresponsable no es regularizar, sino empujar a miles de personas a la clandestinidad. 

Por el PP, el edil de Seguridad, Julio Calero, ha explicado las gestiones efectuadas en el ayuntamiento para redistribuir las funciones asociadas a ese proceso de regularización, en cuestiones como la emisión de informes de vulnerabilidad o la organización de citas para atender dudas, sin referirse a la motivación aportada por Vox a la hora de plantear su propuesta. Así, Calero se ha limitado a señalar que se han tramitado más de 3.200 expedientes desde el inicio del proceso, sin afectar al normal funcionamiento de otras áreas municipales. En cualquier caso, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado aprobada con la suma de los votos de PP y Vox, frente al rechazo de los tres grupos del eje progresista.

El transporte público también ha regresado al debate plenario a colación de la primera de las declaraciones institucionales presentadas por Compromís, en las que se pedía apoyo explícito e institucional al sector del taxi como servicio esencial para la movilidad, el turismo y la economía de nuestro municipio, frente a la desregulación que, según el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, todavía impera respecto a los vehículos de transporte sin constructor (VTC), la falta de controles a sus licencias o la ausencia de sanciones en los casos de incumplimiento. El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha anticipado su respaldo a la propuesta al considerar que el taxi debe formar parte del transporte público urbano.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha considerado que el problema deriva de la falta de regulación en el pasado y ha considerado que la iniciativa era "un brindis al sol", después de que el Consell del Botànic fuese quien dictase el decreto que permite la prestación de servicio de los VTC en áreas urbanas. El edil del PSOE, Raúl Ruiz, también ha coincidido en denunciar el intrusismo en el sector y la falta de regulación de los tuctuc. A este respecto, ha emplazado al PP a "sacar del cajón" la ordenanza que se anunció hace más de un año, tras incidir en su permisividad.

El debate lo ha cerrado el edil de Movilidad, Carlos de Juan, que también ha manifestado su respaldo al sector del taxi frente a la aparición de nuevos servicios, como los VTC. Acto seguido, ha señalado que el ayuntamiento actúa en el margen de sus competencias mediante la realización de controles y la imposición de sanciones. Además, ha incidido que se mantienen reuniones de coordinación con la Generalitat y con las asociaciones profesionales para buscar una regulación equilibrada. Finalmente, la declaración también ha quedado aprobada, con la abstención de los cuatro concejales de Vox. 

VPP en San Blas

La segunda de las declaraciones institucionales impulsadas por Compromís instaba al equipo de gobierno a revertir el modelo elegido para la construcción de las viviendas protegidas en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, de forma que se opte por su promoción directa por parte del Patronato Municipal de la Vivienda, según ha señalado el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas. En esta línea, ha instado al PP a revertir el concurso, con el propósito de evitar que se siga "el sistema de Les Naus" e impedir que sea el promotor quien elija a los compradores de los futuros pisos. No obstante, la iniciativa no ha prosperado, por lo que el proyecto continuará gestionándose mediante la licitación ya convocada por el equipo de gobierno, por la que se prevé la enajenación de la parcela municipal para que sea una promotora quien ejecute la construcción de los cerca de 30 pisos de VPP previstos.

En el debate de la iniciativa, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha considerado que la iniciativa de Compromís trata de bloquear en lugar de construir, cuando "lo que hace falta es vivienda". Así, ha incidido en que el Patronato de Vivienda ya introdujo mejoras en el sistema de control de la futura venta de las viviendas a construir que, según ha apuntado, contaron con el voto favorable de Compromís. Así, ha manifestado su rechazo a la propuesta al considerar que, además de frenar la promoción de pisos, suponía generar inseguridad jurídica. Por el PSOE, la edil Silvia Castell, ha considerado que para el PP, lo sucedido en Les Naus, no es un error, sino un modelo. Ha añadido que el PP ya ha perdido 8 millones en subvenciones para promover vivienda. Y ha instado a explicar por qué se opta por un sistema en el que es una promotora privada quien reparte los pisos construidos sobre suelo municipal, cuando ya tenía un proyecto para construir esas viviendas de manera directa y que incluso contaba con licencia de obra. 

Por el PP, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha vuelto a referirse a la falta de gestión del Consell del Botànic en la promoción de vivienda y a la ineficacia de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para tratar de promover la construcción de pisos a precios asequibles. Así, ha señalado que el proyecto de la calle Ceuta trata de promover la generación de vivienda, "que es lo que se necesita", tras defender la necesidad de no frenar el proceso en marcha. En la votación, la iniciativa ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox, frente al apoyo de PSOE, Compromís y EU Podem.

La última de las declaraciones institucionales promovida por EU Podem planteaba que se expresase el reconocimiento de la labor social de las familias acogedoras y de las entidades y profesionales que trabajan en este ámbito, así como que se manifestase el apoyo institucional del Ayuntamiento de Alicante en el Día Mundial del Acogimiento Familiar que se celebra el 31 de mayo. El portavoz de la confluencia, Manolo Copé, ha destacado la diferencia positiva que supone para un menor tener la posibilidad de convivir con una familia, en lugar de tener una acogida institucional. Los representantes del conjunto de grupos políticos han coincidido en la oportunidad de la iniciativa que ha prosperado por unanimidad, después de que se haya incidido en la necesidad de poner en práctica políticas de protección de la infancia, como han reseñado la edil de Compromís, Sara Llobell y el edil socialista Emilio Ruiz. No obstante, la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha lamentado que la declaración institucional tratase de poner de manifiesto la falta de atención municipal, cuando, según ha sostenido, su departamento, en coordinación con la Generalitat, sí vienen ofreciendo respaldo a las entidades dedicadas al acogimiento.