ALICANTE. Desde Alicante se suman esta semana al calendario de movilizaciones del sector del reparto a domicilio. Las personas trabajadoras vinculadas a la plataforma Glovo han convocado una concentración este viernes, 24 de abril, a las 17 horas en el tramo final de la Rambla de Méndez Núñez en la capital alicantina. La cita se enmarca en la huelga estatal prevista entre los días 24 y 26 de abril, con convocatorias en distintos puntos del país.
La protesta, según trasladan las propias riders, busca trasladar a la ciudadanía la situación actual del colectivo en la provincia, así como dar visibilidad a una serie de reivindicaciones laborales que, aseguran, se han intensificado en los últimos meses.
La convocatoria llega en un momento en el que la actividad de la compañía en España se encuentra en proceso de reorganización. La empresa anunció recientemente un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a hasta 750 repartidores en el conjunto del país, dentro de un plan que también contempla la reducción del servicio en más de 60 localidades.
En el caso de la provincia de Alicante, el impacto concreto de ese ajuste no ha sido detallado de forma definitiva. Fuentes sindicales apuntaban a que, en una primera estimación, el número de personas afectadas podría situarse entre seis y ocho trabajadores, como ya publicó este medio, aunque la cifra estaba pendiente de confirmación en el momento de la comunicación del expediente.
Este escenario se combina con otros movimientos recientes en la estructura laboral de Glovo en Alicante. Según información publicada previamente, la compañía ha aplicado fórmulas que combinan despidos con nuevas altas. En concreto, se habrían producido 68 bajas acompañadas de entre 57 y 59 incorporaciones, lo que sitúa el balance neto en una reducción de entre nueve y diez puestos de trabajo. Las mismas fuentes señalaban que este tipo de dinámicas tiene efectos sobre la antigüedad de las personas trabajadoras, al tiempo que advertían de posibles actuaciones legales si se consolidan estas prácticas.
En este contexto, las riders que participarán en la concentración de Alicante sitúan el foco en lo que describen como un deterioro progresivo de sus condiciones laborales. Entre los puntos que motivan la movilización destacan el rechazo a despidos que consideran parte de un proceso más amplio de ajuste, la oposición a modelos de externalización del trabajo mediante flotas y la crítica a sistemas internos de evaluación y sanción.
La convocatoria también incluye la exigencia de avanzar en la negociación de un convenio colectivo actualizado para el sector, así como el fin de prácticas que, según los convocantes, afectan a la actividad sindical dentro de la plataforma.
A este escenario se añade, desde hace unos meses la situación sindical. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la Comunitat Valenciana denunciaba lo que consideraba una estrategia de interferencia en los procesos de representación de los trabajadores en Alicante, antes del ERE rpropuesto Entre las actuaciones señaladas figuran la impugnación de procesos electorales, el bloqueo de censos laborales o la negativa a convocar mesas electorales.
Estas denuncias se producen en un contexto en el que la representación sindical provincial ganó una resolución judicial. Una sentencia validaba el proceso electoral sindical celebrado en noviembre y ha reconocido a la provincia como unidad electoral propia, desestimando la demanda presentada por la empresa.
Según se recoge en la resolución, esta consideración implica que la organización territorial de los repartidores permite el ejercicio de derechos colectivos en ese ámbito, en un sector caracterizado por modelos de gestión descentralizados.
En paralelo, desde el ámbito sindical se han planteado una serie de reivindicaciones que coinciden en parte con las que motivan la convocatoria de la concentración. Entre ellas, la aplicación de un convenio colectivo actualizado, la transparencia en los sistemas de asignación de pedidos, la regulación de jornadas y descansos, así como la cobertura de costes asociados al trabajo, como combustible o mantenimiento de vehículos.
La concentración del viernes se plantea como un acto abierto, con la intención de trasladar estas demandas tanto a los medios de comunicación como a los ciudadanos.
Mientras tanto, Glovo ha defendido en sus comunicaciones que los ajustes responden a causas organizativas y productivas, en el marco de una adaptación de su modelo operativo. En concreto, ha vinculado el ERE a la necesidad de modificar el sistema de reparto para mantener la viabilidad del negocio. Ese proceso de reorganización incluye cambios en el modelo de gestión del reparto, con una transición hacia esquemas en los que la empresa no asume directamente la operativa en determinadas áreas.
En paralelo, desde el ámbito institucional se ha señalado que se vigilará el cumplimiento de la normativa laboral vigente en este tipo de plataformas, en un contexto marcado por la aplicación de la conocida como Ley Rider.
