ORIHUELA. La primera sesión del juicio contra el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y otros tres empresarios acusados de presuntos delitos contra la Hacienda Pública ha arrancado este viernes en el juzgado de lo Penal de Orihuela con un intenso debate sobre cuestiones previas. La Abogacía del Estado planteó una modificación de las cuotas presuntamente defraudadas, mientras que las defensas solicitaron la prescripción de los delitos y llegaron a reclamar la suspensión de la causa para rehacer parte de los informes tributarios.

La sesión, comenzó con la Fiscalía retirando la testifical de Manuel Ramón Pérez Zambrana al ostentar también la condición de acusado, con el objetivo de preservar su derecho de defensa. Además, el ministerio público solicitó la incorporación de dos nuevos peritos para sustituir a los inicialmente propuestos, después del fallecimiento de uno de los inspectores que elaboró los informes tributarios sobre los que se sustenta la acusación.

La Fiscalía defendió que el nuevo inspector de Hacienda y el nuevo auditor designados están plenamente capacitados para ratificar los informes elaborados durante la investigación y recordó que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala este tipo de sustituciones. Sin embargo, varias defensas se opusieron frontalmente, al considerar que "un testigo no puede ser sustituido por otro" y que la nueva pericial supone alterar la prueba original.

Uno de los puntos clave de la jornada fue el planteamiento de la Abogacía del Estado de recalcular parte de la cuota presuntamente defraudada, especialmente en relación con el impuesto de sociedades y determinadas operaciones vinculadas al IVA y a la venta de agendas. Según expuso durante la vista, algunos elementos incluidos inicialmente como "pasivos ficticios" no podrían acreditarse de forma dolosa, por lo que la cuantía atribuida a los acusados se vería rebajada hasta situarse en torno a 488.000 euros.

Las defensas cuestionaron duramente esta modificación. Los letrados sostuvieron que el nuevo cálculo altera el objeto del procedimiento y denunciaron que el documento presentado carece de las garantías suficientes al no quedar claro quién lo ha elaborado. También pidieron la retroacción del expediente para que la Agencia Tributaria de Alicante rehaga los informes y determine si continúa existiendo base suficiente para sostener un delito fiscal.

Otra de las cuestiones previas planteadas fue la prescripción de los delitos. La defensa de Vegara recordó que el actual alcalde declaró por primera vez en enero de 2013 y sostuvo que parte de los hechos investigados se remontan a ejercicios anteriores. Además, incidió en que en 2005 Vegara ya no trabajaba para ITV Vega Baja y apuntó a la existencia de una supuesta "enemistad" detrás de algunas denuncias y testimonios.

Durante la vista también se discutió sobre la competencia territorial de los inspectores encargados de los informes tributarios. Algunas defensas cuestionaron que uno de los nuevos peritos pertenezca a la delegación especial de Andalucía, Ceuta y Melilla y no a la de Alicante, donde se instruyó la causa. Frente a ello, la Fiscalía defendió que el cuerpo de inspectores de Hacienda es único en todo el territorio nacional y está plenamente jerarquizado, por lo que cualquier inspector puede asumir este tipo de informes.