VALÈNCIA. Más del 40% de los altos cargos del Gobierno valenciano podrán mantener su sueldo de funcionarios a partir de 2024. Esto es lo que se deduce de una de las medidas más relevantes que aparece en el articulado del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el próximo año a la que ha tenido acceso este diario.
Así, si nada cambia, uno de los apartados redactados especifica que se permitirá a los altos cargos que a su vez sean empleados públicos poder elegir entre su sueldo como funcionarios o su salario como responsables en el ejecutivo autonómico.
Este asunto no es nuevo. En épocas anteriores se ha debatido dentro de los distintos gobiernos la posibilidad de afrontar una modificación salarial para los altos cargos. El Botànic (conformado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) ya reflexionó -sin avances- sobre esta posibilidad e incluso en algún momento se habló de habilitar también una flexibilización para el personal eventual. Pese a que en la opinión pública se han analizado con lupa los sueldos de los altos cargos y asesores, el problema para los distintos gobiernos ha sido la nula capacidad para atraer a perfiles de alto nivel del sector privado a la Administración por los bajos salarios respecto a las empresas o la propia función pública.
De hecho, internamente, se han llegado a poner sobre la mesa distintas fórmulas en los últimos años: establecer un presupuesto fijo y en función del mismo poder pagar el salario discrecional según el cargo y currículum del contratado, flexibilizando así las posibilidades de fichajes. O también la propia fórmula que ahora aplica el Consell PP-Vox de poder 'convencer' a altos funcionarios de que tomarán las riendas en el segundo escalón del Consell sin tener que renunciar a sus emolumentos.
Precisamente, el artículo en cuestión, incluido en el Capítulo 1 (Personal), señala que "las retribuciones, excluidos los trienios, de aquellos altos cargos que reúnan la condición de personal funcionario serán, a su elección, las establecidas en la Ley de Presupuestos para altos cargos de la Generalitat o las equivalentes a las retribuciones que le correspondan en el lugar de trabajo que viniera ejerciendo en su administración de procedencia". Es decir, que el conseller, secretario autonómico o director general que proceda de la función pública tendrá la opción de elegir quedarse con su salario de empleado público si así lo desea. Algo que ocurrirá, lógicamente, en caso de que el salto a la gestión le hubiera hecho perder poder adquisitivo.
Como ya informó Valencia Plaza, el Consell diseñado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón incluía a un buen número de funcionarios. Con casi todos los nombramientos realizados en el segundo escalón, el total de empleados públicos del mismo se acercaba a la mitad (concretamente el 48%). Aunque en las últimas designaciones hechas públicas han predominado perfiles vinculados al sector privado y a falta de que se terminen de conocer unos pocos altos cargos, se confirma sin lugar a dudas de que más del 40% (posiblemente el 45%) de los altos cargos del Ejecutivo serán funcionarios, por lo que podrán acogerse a esta iniciativa salarial.
Una circunstancia que, en muchos casos, permitirá a los empleados públicos que se hayan decidido a asumir responsabilidades de gobierno no perder dinero respecto a sus anteriores trabajos, lo que sin duda resulta un incentivo interesante, dado que antes el reto de aceptar este tipo de cargos implicaba un esfuerzo económico que sólo asumían personas muy próximas al proyecto político o a los líderes institucionales que lo solicitaban.
Una buena muestra de la población destacada de funcionarios que existen en el nuevo ejecutivo son tres de los consellers: Marciano Gómez (Sanidad), José Antonio Rovira (Educación) o Ruth Merino (Hacienda y portavoz). El primero es médico del sistema público, el segundo es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante mientras que la tercera es técnico de Hacienda del Estado. Pero hay otros muchos, también en el entorno del propio Mazón, como el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, quien refleja de forma escueta -para qué más- en su currículum que es "secretario del cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional", uno de los rangos más altos de la función pública.
Eso sí, en el citado articulado existe un límite para estas retribuciones. "El importe será certificado por la administración de origen con el detalle de las retribuciones que efectivamente le corresponderían al lugar de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser superiores, en el conjunto y el cómputo anual, a las establecidas en la Ley de Presupuestos para el President de la Generalitat, incrementadas en un 15%", añade el artículo. Lo que significa que ninguno de ellos podrá cobrar por encima de un 15% más de la remuneración del jefe del Consell, Carlos Mazón, que es de 77.842 euros brutos anuales. Es decir, que no podrá ser superior a los 89.518 euros en 2024, cifra que se actualizará cuando el Gobierno deje de estar en funciones y apruebe la subida de salarios en la Administración.
A este mantenimiento de los salarios, los altos cargos que sean funcionarios podrán sumar, además, la retribución por impartir clase que el Consell ha introducido como novedad para 2024, por lo que podrán cobrar un máximo adicional equivalente al 30% de su salario.
