Margalló en una ruta para concienciar contra la apropiación de caminos públicosELCHE. El pasado mes de diciembre la Junta de Gobierno aprobó impulsar un catálogo de caminos rurales del municipio, documento del que no se disponía en el inventario de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento. Son en total 271 caminos de titularidad pública tanto del casco urbano como de las pedanías que ahora se actualizan. Uno de los objetivos del catálogo es un uso más racional del monte.
Este catálogo informa sobre la extensión y características de la red viaria rural municipal, proporcionando seguridad jurídica a vecinos y propietarios colindantes, así como al Ayuntamiento, estableciendo un marco recíproco de derechos y obligaciones que facilita el ejercicio de las competencias, potestades y obligaciones legales de Elche en la gestión de las vías de comunicación y la ordenación de la movilidad rural. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el valor histórico de los viejos caminos existentes, indica el documento, así como los más recientes, que permiten la conexión entre los 326,18 km² de ciudad con las treinta pedanías, núcleos urbanos y los términos municipales colindantes.
En este sentido, la aprobación final del documento no produce ningún efecto jurídico nuevo debido a que las vías de comunicación recogidas en el catálogo ya eran públicas. El catálogo crea una apariencia de demanialidad que permite al municipio ejercer plenamente las facultades que la ley le otorga para la defensa de su patrimonio, especialmente en el ámbito de los caminos y en la recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida si se diera el caso. Con este instrumento podrá modificar o registrar las vías que considere. Aquellas que sean de uso público municipal que no hayan sido incluidas en el catálogo de camino públicos rurales de Elche, continuarán presumiéndose de titularidad privada.
Se trata de un documento exclusivamente administrativo y patrimonial, no urbanístico, pero que como guía de ese uso más racional determinará qué caminos están destinados al uso público para el tránsito de personas y vehículos, así como para la práctica de actividades deportivas, evitando de esta manera la erosión sobre caminos que forman parte de los montes o la apertura espontánea de nuevos caminos que con el paso del tiempo pudieran generar conflictos de titularidad. Cabe recordar por ejemplo las periódicas denuncias de colectivos ecologistas como Margalló de carreras de mountain bike en el barranco de San Antón o la apropiación privada de caminos públicos por parte de particulares.
Ficha del Camí de la Pedra EscritaEn lo que respecta a las vías pecuarias, la competencia es autonómica, y es la Generalitat quien ha de investigar la situación de estos terrenos, así como de su clasificación, desafectación o posible deslinde, entre otros aspectos. El documento municipal apunta a que es frecuente la coincidencia del trazado de las vías pecuarias con tramos de caminos o carreteras, siendo esta una particularidad que deriva de la evolución de las características de las mismas y de la relevancia que han ido adquiriendo con el paso del tiempo.
Asimismo, se prevé que el disponer de este catálogo tendrá unos positivos efectos potenciales en otros ámbitos como los siguientes:
Por otra parte, los servicios técnicos han detectado un exceso de parcelas catastrales clasificadas como vías de comunicación de titularidad municipal, pero también imprecisión en el trazado y ancho de los ejes de dichas vías. Tras su aprobación definitiva, el catálogo de caminos será el instrumento administrativo que identifique las vías de comunicación rurales de titularidad municipal posibilitando con ello la regularización catastral y registral de las mismas.
De estas 271 vías de comunicación de titularidad municipal, 15 corresponden a carreteras, 4 a vías auxiliares y 252 a caminos. El total de las 271 vías de comunicación catalogadas tienen una longitud de 588,253 kilómetros; 63 de las carreteras, 26 de las vías auxiliares y 498 de caminos.
Ahora el documento está aprobado provisionalmente, con un mes de exposición pública para posibles alegaciones, que una vez se resuelvan, se aprobará en pleno municipal y se incorporará al inventario municipal de bienes y derechos.
