El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la portavoz y al portavoz adjunto de Vox, Carmen Robledillo y Mario Ortolá.ALICANTE. La ordenanza de Ocupación de Vía Pública de Alicante, en la que se regulan las condiciones para la instalación de las terrazas de la hostelería (veladores), parece quedar sujeta a un pacto entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y el grupo municipal de Vox. Las dos formaciones entablaron las primeras conversaciones la semana pasada con el propósito de acercar posturas respecto a la nueva regulación horaria planteada en ese documento por el que se parte de una propuesta de adelanto en el cierre tanto en temporada baja como durante los meses de verano.
En concreto, en ese nuevo texto aprobado en Junta de Gobierno el pasado mes de marzo se plantea que el horario general para el montaje de las terrazas se extenderá desde las 8:00 horas de lunes a viernes hasta las 24:00 horas entre domingo y jueves, cuando hasta ahora se permitía su funcionamiento hasta la 1:00 horas del día siguiente. Durante los fines de semana y festivos se establece una regulación especial: el inicio del montaje de las mesas y sillas se retrasa hasta las 9:00 horas pero se alarga su funcionamiento hasta la 1:00 horas todos los viernes, sábados y vísperas de días no laborables.
En lo que respecta a los meses de verano, se contempla un régimen especial que también se extendería sobre los periodos festivos asociados a la celebración de la Semana Santa y las fiestas de Navidad. En esos periodos, se plantea que las terrazas deberán quedar retiradas a la 1:00 horas entre el domingo y el jueves, mientras que ese límite se alargará hasta las 2:00 los viernes, sábados y vísperas de festivos.
El problema es que ese planteamiento no casa con la propuesta defendida por Vox, que aboga por ampliar las horas de actividad de los veladores. Así lo reflejó en su propuesta de enmiendas al texto aprobado por el PP, por la que requiere que se ampare media hora más en su funcionamiento. Así, plantea la extensión de la hora de cierre para los veladores en 30 minutos adicionales tanto en el periodo ordinario como en el calendario especial previsto para los meses de verano y periodos festivos. Es decir, que el cierre de las terrazas se produzca a las 00:30 entre semana y a la 1:30 en fin de semana y vísperas de festivos, de manera habitual, y que se alargue hasta la 1:30 y hasta las 2:30 respectivamente durante la campaña de verano.
En los primeros contactos desarrollados la semana pasada, se produjo un conato de acercamiento en torno a una pretendida medida intermedia entre la regulación planteada por el PP y la solicitada por Vox. Con todo, lo cierto es que las conversaciones no se habrían retomado en el transcurso de esta semana, a pesar de que se había manifestado el compromiso de que se procurase una nueva cita para despejar la posibilidad de que existiese un entendimiento definitivo en los términos de esa previsible ampliación horaria de menor calado respecto a la planteada inicialmente por Vox.
A priori, los contactos deberían retomarse en próximos días, ya que el equipo de gobierno persiste en su intención de elevar la ordenanza a debate y votación en el pleno ordinario de este mes, como se apuntó en transcurso de la sesión de abril. De hecho, la intención original de los populares era poder plantear, también, la votación definitiva de la ordenanza de protección acústica (la llamada ordenanza de ruido) tras la resolución de las alegaciones presentadas en el trámite de su aprobación inicial, hace un año.
En principio, la sentencia que conmina al Ayuntamiento a declarar una Zona Acústica Saturada (ZAS) en la calle Castaños en respuesta a una demanda sobre vulneración de derechos fundamentales planteada por dos residentes a título particular no habría alterado esa hoja de ruta, a juzgar por la posición manifestada este martes por el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, quien incidió -al valorar esa resolución judicial- que la obligación del equipo de gobierno era solucionar el problema del ruido y que se estaba trabajando en esa dirección.
Está por ver si, finalmente, el equipo de gobierno podría optar por buscar el respaldo de otro grupo político de la oposición, en el supuesto de que no existiese posibilidad de acuerdo con Vox. Con todo, el partido de Santiago Abascal seguiría siendo la primera opción, toda vez que esa la formación con la que se mantiene una alianza política al frente de la Generalitat y es, además, la que ha facilitado la aprobación de los presupuestos de 2024, en virtud de un pacto sujeto al cumplimiento de determinados compromisos. Entre ellos, al margen de la exclusión de multas en la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la incorporación de medidas como la creación de una oficina de asistencia a la maternidad y otra de asesoramiento frente a la ocupación ilegal de viviendas.
Por lo pronto, el mismo Villar confirmó este martes que ese pacto sigue vigente y que el equipo de gobierno buscaría la fórmula adecuada para darle cumplimiento, a pesar de que siga existiendo la limitación sobre el uso de los remanentes municipales que el PP atribuye al Gobierno central tras la reinstauración de la regla del gasto. Así, el vicealcalde llegó a apuntar la posibilidad de que se recurriesen a otros recursos económicos, generados por los ahorros en otras partidas no agotadas, para dotar las partidas necesarias para que pueda darse cumplimiento a las medidas pactadas con Vox.
El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, recogió las manifestaciones de Villar, acto seguido, para señalar que su formación seguiría reclamando la materialización de esos compromisos, con la advertencia de que, en caso contrario, el PP debería buscar otros posibles aliados a la hora de tramitar los presupuestos municipales de 2025 ante la pérdida de confianza que supondría un supuesto incumplimiento del acuerdo alcanzado este año.
