Un edificio en construcción en la ciudad de Alicante, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La actualización de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones y obras (ICIO) incluirá finalmente una rebaja respecto a la propuesta planteada de inicio por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). El tipo a aplicar para el conjunto del término municipal -al incorporar el mandato dictado por la Dirección General de Tributos para que se estableciese un índice único- quedará fijado en el 3,25% en lugar del máximo del 4% que se recogía en el planteamiento defendido por el PP y por los técnicos del departamento de Hacienda.
La rebaja se ha constatado tras la presentación de una enmienda transaccional por parte del propio PP respecto a la registrada por el grupo municipal de Vox, en la que se promovía que el índice quedase modulado en el 2%, en lugar del 4% planteado de partida, ya que la legislación ampara que todos los municipios puedan modular ese porcentaje desde el 0,5 al límite del 4%.
El informe técnico de resolución de las enmiendas elaborado por el departamento municipal de Hacienda proponía la desestimación de ese rechazo, tras apuntar que esa hipotética rebaja supondría una pérdida de 4,2 millones en la recaudación municipal. Una merma que, según alertaba ese mismo dictamen, podría poner en riesgo la cobertura de gastos derivados de la prestación de servicios que dependen del ayuntamiento tras la renovación de sus respectivas contratas, como el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, el servicio de transporte público en autobús o la limpieza de colegios y edificios públicos municipales.
Además, también se justificaba el rechazo de la sugerencia de Vox con el argumento de que no se podía prescindir de los ingresos habituales del ICIO -en torno a 8 millones- para poder afrontar el incremento retributivo de los funcionarios, así como el aumento de los costes energéticos.
No obstante, en el debate de esa propuesta desarrollado en la comisión de Hacienda de este viernes, los dos grupos políticos -PP y Vox- han sumado sus votos (el equivalente al de 18 concejales de los 29 de la corporación), con la abstención de los representantes de PSOE, Compromís y Unides Podem EU, para acabar estableciendo un tipo del 3,25%, lo que supone asumir un retroceso en la recaudación habitual de 1,5 millones, según ha apuntado el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, al término de la comisión.
En esta línea, Ortolá ha expresado su satisfacción por el hecho de que se haya conseguido "una rebaja lineal para el conjunto de pymes dedicadas al sector de la construcción que tengan que hacer frente al impuesto, sin necesidad de que deban acogerse a los supuestos recogidos en las bonificaciones contempladas en la ordenanza, que suelen ser más asequibles para grandes empresas que ejecuten iniciativas susceptibles de impulsar obras que puedan considerarse de especial interés o utilidad municipal".
Al tiempo, en el debate de la propuesta de actualización del impuesto también se ha aprobado la enmienda planteada por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem por la que se planteaba que se bonificase el impuesto al 80% para las obras que tuviesen como finalidad la mejora de las condiciones de accesibilidad. En realidad, la bonificación se ha elevado hasta fijarse en el 90% después de que se haya aceptado, por unanimidad, otra enmienda transaccional.
No obstante, el resto de aportaciones presentadas por Compromís y Esquerra Unida Podem -en las que también se planteaba el incremento de otro tipo de bonificaciones, como había informado este diario- han quedado desestimadas con distintos equilibrios de votos, aunque, en la mayoría de las iniciativas, gracias a la suma de las posiciones de PP y Vox.
De ese rechazo ha quedado excluida la enmienda registrada por Esquerra Unida Podem en la que proponía que se extinguiese la exención del pago del impuesto a la Iglesia. La formación ha acordado su retirada después de considerar que esa petición se incorporará de forma automática usando el nuevo acuerdo negociado por el Gobierno central con la Santa Sede cobre eficacia.
Por su parte, el grupo socialista ha cuestionado "la alianza del PP con Vox para renunciar a ingresos por 1,5 millones de euros que, inevitablemente, se traducirá en la merma de servicios públicos". "El gobierno del PP se ha aliado con la ultraderecha y tendrá que explicar a los alicantinos y alicantinas qué recortes ejecutará a raíz de la bajada de impuestos. Lo que no cuenta Barcala es cómo va a afectar esa reducción de ingresos al presupuesto de una ciudad que arrastra tantas carencias en materia de infraestructuras y de servicios para la ciudadanía", ha señalado la edil Silvia Castell.
La concejala ha explicado que con la modificación prevista inicialmente por el gobierno del PP se actualizaban los porcentajes para equipararlos a la normativa estatal, fijándolos en un 4% y generando 158.000 euros más de ingresos. Sin embargo, ahora se perderán 1,5 millones de euros. "Hemos pasado de una modificación puramente técnica a una modificación de carácter político. Es incongruente que el concejal de Hacienda advierta de que hay que destinar más fondos a los servicios de transporte y de limpieza, a la recogida de residuos por la renovación de las contratas, o a actualizar salarios con base en el IPC y que, acto seguido, ofrezca a Vox bajar impuestos. Al final, las consecuencias las pagarán todos los alicantinos y alicantinas con la erosión de los servicios municipales", ha concluido.
