Ruth Merino, con parte de su equipo, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Foto: CARLOS LUJÁN/EPVALÈNCIA. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 provocará una serie de daños colaterales que afectará a las Comunidades Autónomas de régimen común. Entre ellas, y muy especialmente por la deficiente financiación que recibe, la Comunitat Valenciana.
La prórroga definitiva de los PGE de 2023 supone que las transferencias del Estado van a ser, de momento, inferiores a las comunicadas a las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con las que los gobiernos autonómicos elaboraron sus presupuestos de 2024. Será así hasta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenga a bien aprobar un real decreto para actualizar esas transferencias que por ley corresponden a las CCAA.
En el caso de la Comunitat Valenciana, las entregas a cuenta previstas para 2024 y presupuestadas por el Consell de Carlos Mazón ascendían a 12.555 millones de euros, 991 millones más que el año pasado. Esto significa que la Generalitat debería estar recibiendo desde enero 82,6 millones más al mes que en 2023, pero no es así. Con el argumento de que no se habían aprobado los PGE de este año, el Ministerio de Hacienda ha transferido
La idea del Ministerio era actualizar esas entregas con efectos retroactivos a 1 de enero cuando se aprobasen los PGE, es decir que la Generalitat cobraría esos 82,6 euros mensuales de diferencia de una sola vez. La nueva realidad es que no va a haber Presupuestos este año, por lo que el momento de la transferencia de ese dinero que pertenece a las CCAA depende de la voluntad de la ministra, que deberá promover un real decreto. Si no hubiera real decreto –cosa poco probable– el agujero en el presupuesto de la Generalitat a final de año sería de esos 991 millones, a los que hay que añadir una parte de la liquidación de hace dos años que el Estado transfiere en julio, que este año debería ser de 2.699 millones de euros.
El precedente más inmediato es el de 2019 y no es muy esperanzador para las CCAA. Ese año, segundo de Pedro Sánchez en La Moncloa tras la moción de censura de mayo del año anterior, el Congreso rechazó su primer proyecto de PGE el 13 de febrero y, dos días después, Sánchez convocó elecciones para el 28 de abril. La ministra Montero decidió entonces congelar las entregas a cuenta a las CCAA, que pasaron casi todo el año con menos recursos de los previstos en sus presupuestos.
Montero argumentó que un gobierno en funciones no podría aprobar esa actualización, pero el Ejecutivo tuvo tiempo de sobra porque no entró en funciones hasta el 29 de abril, al día siguiente de los comicios. La situación del Gobierno en funciones se prolongó más de lo previsto, debido a la repetición de las elecciones, hasta la investidura de Sánchez el 7 de enero de 2020. Ante la situación insostenible para las CCAA, la ministra, en contra de sus propios argumentos, impulsó finalmente el real decreto el 11 de octubre, estando en funciones, para que las autonomías recibieran los atrasos antes de acabar el ejercicio.
La decisión del Gobierno de no presentar proyecto de PGE provocó este jueves críticas desde varias CCAA, entre ellas la valenciana. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, criticó a través de un comunicado la "debilidad" del Ejecutivo de Sánchez, del que dijo que tiene la obligación de presentarlo. "Es una obligación constitucional del Gobierno presentar Presupuestos y no es algo que dependa de la voluntad del Gobierno y mucho menos del tacticismo político. El riesgo de no poder sacar adelante las cuentas no puede servir al Gobierno de excusa para eludir su mandato constitucional", afirmó.
Según Merino, "los recursos que las autonomías reciben mensualmente para financiar la sanidad la educación y los servicios sociales no se han actualizado según la subida comunicada por el Ministerio a las comunidades autónomas el pasado diciembre". También critico que "el Gobierno no va a cumplir con la exigencia de habilitar un fondo transitorio de nivelación que permita a las comunidades infrafinanciadas disponer de los mismos recursos que la media mientras se aborda la reforma del sistema de financiación".
