ALICANTE. La vivienda y la situación administrativa irregular se consolidan como factores de exclusión social en Alicante. Así se vuelve a poner de manifiesto en el informe anual de actividad de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante presentado este jueves, en el que, además se alerta de que ambos problemas se han agravado en el balance de 2025. En esta línea, ese estudio constata el drama del acceso a la vivienda que sufren las familias a la hora de buscar un hogar, hasta el punto de que la escasez de la oferta disponible y el incremento de los precios de venta ha empujado al 46% de las personas atendidas por la entidad a la búsqueda de un alquiler. Es más, una de cada cuatro de esas personas o familias reside en una habitación alquilada dentro de una vivienda compartida, según ha precisado el director de Cáritas Diocesana, Víctor Mellado, durante la presentación del informe.
Y no solo eso. Mellado ha subrayado, además, que los precios del alquiler de una vivienda completa se han duplicado en ciudades como Alicante y Elche, hasta el punto de que un piso situado en Virgen del Remedio que se arrendaba por menos de 300 euros hace cinco años, ahora se alquila por 700. Y la misma situación se habría constatado en lo que respecta a los precios de alquiler de las habitaciones, según ha añadido. "Desde la covid hasta la actualidad, se ha acentuado el incremento de los precios; los vemos en las estadísticas con aumentos del 20% y 25% anual, lo que ha propiciado que se hayan doblado en ciudades como Alicante y Elche, en los que predominan los salarios medios y bajos comparados con los de Madrid, Valencia o Málaga, con la particularidad de que hasta ahora la vivienda resultaba asequible, y se podían encontrar un alquiler por entre 400 y 500 euros, y ahora resulta prácticamente imposible encontrar uno por menos de 1.000", ha detallado.
Y lo mismo sucede respecto al alquiler de habitaciones, según ha recalcado Mellado, quien ha apuntado que esa situación está generando el desplazamiento hacia otras poblaciones limítrofes de tamaño medio como Elda, Villena o Aspe, en busca de esos alquileres asequibles, lo que, a su vez, también ha propiciado su encarecimiento, al pasar de 150 a 400 euros, ha indicado. "Si antes el stock era bajo, ahora es sencillamente rotacional; nos apena mucho escuchar, cuando se busca una vivienda de urgencia, que no se enseñan pisos a familias", porque -según ha abundado- los propietarios no tienen las garantías de que puedan abonar la renta a pesar de tener un empleo. Esa situación, según ha alertado, provoca que esas personas que buscan un hogar durante meses se encuentren expuestas a sufrir problemas de salud mental. De hecho, el informe remarca que "la exclusión residencial encuentra su expresión más extrema en las personas sin hogar. Durante 2025, Cáritas acompañó a 1.065 personas en situación de sinhogarismo a través de las Cáritas parroquiales, equipos de calle, centros de acogida y viviendas de inclusión. Uno de los aspectos más preocupantes es su estrecha relación con la salud mental. El 48% de las personas acompañadas presentaba algún tipo de patología en este ámbito, una circunstancia que exige respuestas especializadas y una coordinación cada vez mayor entre recursos sociales y sanitarios", detalla.
Y el problema, según ha señalado Mellado, es que la situación no mejora "con los datos que conocemos del primer trimestre de 2026", ha señalado. Así, como posibles soluciones, Mellado ha planteado la necesidad de que se alcance un acuerdo entre el conjunto de las administraciones para poner vivienda en el mercado con rapidez, ya que con la concesión de ayudas, que ya son estructurales, "no lo podemos arreglar".
Se trata de una cuestión en la que también ha incidido la secretaria general de Cáritas, María Boyer, quien confirmado que "la cuestión de la vivienda ha impactado profundamente en la vida de las más de 15.000 personas que hemos podido acompañar durante 2025". "El tema de la vivienda una cuestión estructural" como factor de exclusión, ha señalado. "Y Cáritas tiene que responder y adecuar su respuesta; durante 2025, a nivel económico, las ayudas materiales que hemos ofrecido han sido por un precio más elevado. Muchas de ellas, dado que han ido destinadas a la vivienda, han tenido que aumentar", ha explicado.
A ello se añade que "las ayudas se mantienen más en el tiempo" y cobran un carácter integral, en la medida en suponen atención a las familias, que comparten una misma vivienda, con hijos a cargo a los que incluso se les llega a becar para la realización de actividades extraescolares, según ha detallado. Así, ha recalcado que "se está construyendo un modelo de sociedad que atenta contar nuestra dignidad y nuestra forma de entender la vida; cuando hablamos de vivienda no solo hablamos de techo, hablamos de hogar y de proyecto de vida; y estamos creando una sociedad donde un porcentaje minoritario no tiene la capacidad de poder llevar a cabo su proyecto de vida porque no cuenta con ese espacio seguro en el que poder llevarlo a efecto", ha recalcado.
Situación administrativa irregular
De igual modo, el informe -presentado con motivo de la celebración del Día de la Caridad 2026, bajo el lema "Elige amar. Elige comunidad"- recoge tambien el incremento de las dificultades sobre los migrantes que se encuentran en situación irregular en la provincia. En este sentido, el estudio precisa que se ha pasado de 5.600 personas en ese estado en 2024 a 6.400 en el ejercicio de 2025. Es más, el informe detalla que el 68% de las personas atendidas por la entidad son extracomunitarias y, dentro de este grupo, el 60% se encuentra en situación administrativa irregular, configurando "uno de los principales factores de exclusión social presentes actualmente en el territorio".
Al tiempo, apunta que "la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo en condiciones normalizadas dificulta la obtención de ingresos estables, mientras que las barreras para acceder a una vivienda obligan con frecuencia a aceptar condiciones habitacionales precarias o situaciones de hacinamiento. Esta circunstancia afecta a familias con menores, personas jóvenes y personas que llevan años residiendo en nuestro país, pero que continúan encontrando importantes dificultades para regularizar su situación".
Así, tanto Mellado como la secretaria general de Cáritas, María Boyer, y el propio obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, se han felicitado de la puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria actualmente en curso como fórmula para que pueda promoverse la integración de ese colectivo que hasta ahora resulta "invisible" a pesar de su contribución indirecta en forma de impuestos y de aportación a la economía, aunque por cauces "sumergidos". Así, han realizado un llamamiento hacia la despolitización de ese proceso tras recordar que surgió como una iniciativa legislativa popular a partir de una campaña de recogida de firmas que contó con el respaldo de Cáritas.
Así, Mellado ha apuntado que "albergamos una gran esperanza en el proceso de regularización para que ayude a muchas personas a acceder a un empleo, aunque el empleo no garantiza poder acceder a una vivienda, porque si no hay vivienda, ni te la enseñan, y tener un empleo tampoco asegura tener un contrato de alquiler", ha remarcado. Boyer, por su parte, ha añadido que, esa población en situación administrativa irregular hasta en un 44% de los casos también sufre discriminación por motivos de nacionalidad o razones de origen. Por último, el delegado episcopal de Cáritas, Joaquín Carlos Carlos, ha subrayado que la entidad apostaba por construir comunidad como una de las herramientas para combatir esas situaciones de exclusión.
Al margen de esas dos situaciones, el informe anual, cuando se cumple el 60 aniversario de la entidad, también da cuenta de la labor desempeñada por la entidad para favorecer el empleo. En esta línea, se detalla que Cáritas acompañó a 1.522 personas en procesos relacionados con el empleo, desarrollando acciones de orientación, intermediación laboral y mejora de la empleabilidad. En ese ámbito, según el informe, destaca "la labor de la empresa de inserción Retextil, que combina sostenibilidad ambiental e inclusión social mediante la generación de oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad".
Por último, el informe de 2025 también refleja que "hemos roto la tendencia a la baja del voluntariado, hasta alcanzar la cifra de los 1.583 voluntarios, lo que ha permitido poner en marcha planes de dinamización de voluntariado" a través de las 107 Cáritas parroquiales distribuidas en toda la provincia, desde la que se realizan su actividad 137 equipos de voluntarios, según han precisado Mellado y Boyer.
