ALICANTE (EFE/AP). La exconcejala de Urbanismo del ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha declarado este miércoles ante la juez que investiga las irregularidades en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 que no sabe si sus suegros, que adquirieron una vivienda en la promoción al igual que ella, están empadronados en el complejo residencial, pese a constituir uno de los requisitos establecidos en el decreto autonómico que regula las condiciones de acceso a una VPP, en el que se delimita que los adquirientes deben empadronarse en el plazo de seis meses desde la formalización de la escritura.

Fuentes jurídicas han informado de que así lo ha señalado ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad, ante la que Gómez ha comparecido en calidad de investigada (la figura que sustituye la antigua imputación), pese a que intercambió el piso que le habían adjudicado inicialmente con el de sus suegros con la intención de disponer de una vivienda situada en una altura superior.

Gómez, que dimitió el pasado febrero tras destaparse el escándalo, ha prestado declaración en una jornada en la que ha habido varias testificales. Entre ellas, la de un arquitecto municipal y el administrador de Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa que se hizo con los terrenos para levantar la promoción, también compradores de viviendas del residencial.

En su declaración, que ha durado apenas 20 minutos, la exconcejala ha señalado que se enteró de la promoción a través de su marido y no por nadie del ayuntamiento, y que se adhirió a la cooperativa Residencial Les Naus a finales de 2018, cuando no había entrado en política (se convirtió en concejal en 2023). También ha señalado que se apuntó formalmente a la cooperativa el 18 de diciembre de 2021 junto a su cónyuge, y que a principios del siguiente año dieron una entrada dineraria. Al tiempo, ha asegurado no recordar que se informara sobre Les Naus en los casi tres años que estuvo de concejala de Urbanismo, ni que desde el área municipal de Patrimonio le expresaran interés por designar un arquitecto de apoyo técnico en el proyecto.

Del mismo modo, ha señalado que no tiene relación con los hijos de la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa del área de Conratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron beneficiarios de sendas viviendas públicas, y tampoco recuerda que el administrador de Fraorgi, Francisco Ordiñana, pidiera modificaciones de contrato. Es más, ha señalado que no recordaba haberse reunido con él.

Un arquitecto municipal dice que no logró la vivienda por su cargo

Otro de los investigados, el arquitecto municipal Francisco Nieto, que también compró vivienda en el residencial, ha sostenido que se enteró de la promoción a comienzos de 2022 porque se le informó un compañero. Esa comunicación tuvo lugar antes de ser funcionario de carrera, por lo que no hizo valer su condición de funcionario para tener una casa, según ha manifestado.

Además, ha indicado que ese 2022 acudió a las oficinas de la promotora para dejar sus datos y que en enero de 2025 le llamaron para anunciarle que había una vacante y que ya podía poner el dinero en la cooperativa. De igual modo, ha manifestado que él no solicitó ser el responsable técnico municipal del contrato.

El "escándalo" de Les Naus, término usado por el alcalde alicantino, Luis Barcala (PP), ha desencadenado una intensa tormenta política en la ciudad desde que saltó a la luz a finales de enero, y ha provocado las referidas dimisiones de la concejal de Urbanismo y la directora general municipal, además del funcionario autonómico que examinaba los expedientes, además de la causa judicial y sendas comisiones de investigación en el ayuntamiento como en Les Corts Valencianes. 

El PSOE señala al ayuntamiento

Entre tanto, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha valorado la información difundida respecto a las primeras declaraciones en el juzgado para asegurar que la información facilitada por testigos e investigados eviencia "cada vez con más claridad que el epicentro de este escándalo estuvo dentro del propio Ayuntamiento de Alicante".

La portavoz socialista ha criticado que "Barcala siga intentando desvincular al Ayuntamiento de Alicante del caso". "El suelo era municipal, el contrato era municipal, la licencia era municipal y ahora sabemos además que el propio Ayuntamiento dejó el contrato sin supervisión. Resulta imposible sostener ya el relato de que el gobierno del PP no tenía responsabilidad en lo ocurrido, ya que el máximo responsable político era el propio alcalde", ha afirmado. Para Barceló, las declaraciones conocidas este martes "confirman que Les Naus no fue un error aislado, sino un grave fallo de control, transparencia y responsabilidad política dentro del Ayuntamiento de Alicante".

"Cada declaración judicial agrava todavía más las sospechas y desmonta la versión del PP. Por eso es más necesario que nunca que la comisión municipal deje de bloquearse y se depuren todas las responsabilidades políticas para conocer realmente qué ocurrió", ha insistido. "Lo que describen las declaraciones judiciales es un Ayuntamiento donde fallaron todos los controles. Nadie detectó incompatibilidades, nadie supervisó correctamente el contrato y nadie asume responsabilidades políticas pese a tratarse de una promoción de vivienda pública levantada sobre suelo municipal", ha denunciado.

En esta línea, Barceló ha considerado "escandaloso" que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez haya asegurado ante la jueza que no recuerda prácticamente nada. "A este paso solo falta que tampoco recuerde que tiene un piso en Les Naus. Estamos hablando de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento y resulta inverosímil que ahora diga que no recuerda reuniones, decisiones ni cuestiones fundamentales relacionadas con esta promoción", ha criticado.

"Cada vez resulta más evidente que alguien tomó la decisión consciente de borrar nombres y tratar de diluir responsabilidades dentro de un informe clave para entender el origen de este escándalo. Es necesario saber quién tomó la decisión de que esos nombres, entre ellos el de la concejala de Urbanismo, no figuraran en el informe final", ha concluido.