ALICANTE. Las solicitudes, quejas y reivindicaciones registradas por las alicantinas y los alicantinos que exigen mejoras en la gestión municipal serán evaluadas en el marco de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento. El PSOE, Compromís y EU-Podem han forzado una convocatoria extraordinaria de esta comisión, según han anunciado en un comunicado este sábado, "en un momento en el que se ha disparado el malestar por la descoordinación de las obras, la tala indiscriminada de arbolado, el servicio deficitario de limpieza y recogida de residuos o las largas listas de espera en el SAIC, entre otras cuestiones".
La izquierda, que cuenta con los votos necesarios para exigir que se celebre dicha reunión, ha "dado un paso al frente ante la pasividad del equipo de gobierno del PP, que no la convoca desde hace dos años y medio, y que ni siquiera ha cumplido con su obligación de presentar al Pleno los informes anuales de los ejercicios 2021 y 2022", señala la nota.
En concreto, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Alicante no se reúne desde abril de 2021. Ello a pesar de que el reglamento orgánico, aprobado ese mismo año, estipula que la periodicidad para convocar estos encuentros de trabajo tendrá, al menos, carácter trimestral. "En la misma línea, el gobierno de Luis Barcala no ha dado cuenta al Pleno de los informes anuales de las quejas presentadas y las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales durante los dos últimos ejercicios", critican los grupos de la oposición, "siendo documentos que deben de incluir, además, las sugerencias o recomendaciones no admitidas".
Por tanto, han transcurrido más de dos años desde que se celebró por última vez una comisión y desde que se dio cuenta al pleno del último informe anual; "una anomalía que se debe de corregir a la mayor brevedad". El reglamento orgánico de la Comisión establece en su artículo 11 que las sesiones extraordinarias y urgentes podrán ser solicitadas por, al menos, la cuarta parte de sus miembros; una posibilidad que se hace efectiva gracias a la suma de los representantes del Grupo Socialista, Compromís y EU-Podem.
"El hecho de que los responsables municipales traten de esquivar su obligación de rendir cuentas perjudica directamente a la ciudadanía, imposibilitando el correcto funcionamiento de un órgano esencial para abordar y recoger las inquietudes, sugerencias y reclamaciones sobre cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía. Por tanto, se constituye como un elemento clave para poder mejorar la gestión municipal y defender los derechos de los y las alicantinas, supervisando el funcionamiento de la Administración y proponiendo acciones de mejora", indican los grupos de izquierda.
La concejala socialista Victoria Melgosa ha destacado que “es de suma importancia que el Ayuntamiento de Alicante cumpla con sus compromisos de transparencia y participación ciudadana y que el equipo de gobierno escuche lo que dicen las alicantinas y alicantinos con tal de revisar una gestión municipal que, francamente, es muy mejorable.”. En ese sentido, ha añadido que las quejas de la ciudadanía no tienen por qué evaluarse como algo negativo, sino que deben de ser utilizadas como una herramienta de mejora de los servicios públicos. Melgosa ha puesto en valor el trabajo que debe de realizar dicha comisión “para garantizar que la voz de la ciudadanía sea escuchada y que sus inquietudes sean atendidas, porque tienen derecho a ello”.
Por su parte, la concejala de Compromís Sara Llobell, ha recordado en esta línea que "sigue pendiente la tramitación de la ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que instamos a que se vuelva a poner en marcha el mecanismo para aprobarla. Esta exigencia responde al informe del Síndic de Greuges, de hace dos años, donde se indica que el Ayuntamiento de Alicante vulnera, por sistema, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ya que hay concejalías que tardan tiempo en responder o directamente ni responden". "Hay que cambiar la opacidad del gobierno municipal del Partido Popular, por la transparencia y el buen gobierno".
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha destacado que “esta Comisión es la encargada de defender los derechos de las y los ciudadanos, supervisando el funcionamiento de la Administración y formulando las recomendaciones de mejora oportuna, algo del todo imposible si dicha Comisión lleva mas de año y medio sin reunirse”. En ese sentido ha expresado que “es un deber moral poner todos los medios a nuestro alcance para que la participación de la comunidad en la gestión pública sea cada vez de mayor calidad”. “Esta Comisión debería cumplir una doble función: la de estimular la acción de la ciudadanía como usuarios, por un lado, y la de mejorar la eficacia de los servicios puestos a su disposición, con el análisis y la corrección de las disfunciones o errores que se hayan podido cometer. Pero vivimos en una ciudad con un alcalde que gobierna de espaldas a las y los vecinos de Alicante”.
